Un fiscal y la Policía les roban 500 kilos, zafan de la condena por narcos, pero van a juicio por mentir
Leones Blancos: así se vive el juicio a los policías. Crédito: Ministerio de Seguridad.
El juez federal Juan Manuel Culotta envió a juicio a Jorge Omar Anacona y Arnaldo Andrés Hurtado por falso testimonio, o sea, por haber declarado falsamente, haber negado hechos o haber omitido decir verdad sobre la noche en la que el por entonces fiscal Claudio Scapolan y la Policía Bonaerense les robaron 500 kilos de cocaína en el peaje de la autopista Panamericana a la altura del Shopping Soleil.
La historia parece un galimatías, pero, en realidad, es parte de los enredos del crimen organizado en la Argentina, esto es, la interacción entre los criminales, los policías y los administradores de justicia para regular el narcotráfico, como viene contando Encripdata.
La noche del 29 de diciembre de 2013, policías de Quilmes siguieron de cerca dos vehículos de una organización narcocriminal desde una quinta de Moreno, los dejaron viajar por el Camino del Buen Ayre y los cortaron en el primer peaje de la autopista en San Isidro para que pudiera intervenir el fiscal de esa jurisdicción. Así, les robaron la mitad del cargamento y la otra mitad la dejaron para presentar el operativo, el famoso «Leones Blancos».
En agosto de 2016, un tribunal dio por probado el armado de la causa, anuló todo el expediente desde la foja uno, absolvió a Anacona, a Hurtado y a otros acusados y ordenó investigar la actuación del fiscal y de los policías.
En noviembre de 2018, Anacona y Hurtado declararon ante el fiscal federal Fernando Domínguez cómo fueron las cosas tratando de no autoincriminarse: entre los dos contaron que aquella noche, cuando los detuvieron, «a la media hora llegó una persona que se presentó como el fiscal», «recién cuando llegó esta persona, los policías se empezaron a mover», subiendo y bajando cosas desde su vehículo hacia otro y solamente «cuando se fue la camioneta negra, pidieron testigos».
Por esas y por otras pruebas, el 24 de julio de 2020, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó allanar el despacho del fiscal Scapolan y arrestar a 53 personas, entre los dos secretarios de la fiscalía, policías de Quilmes, de Moreno y de San Isidro, abogados y hasta testigos truchos, por el armado de «Leones Blancos» y otras causas.
El 17 de abril de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados bonarense destituyó a Scapolan como fiscal de San Isidro y lo inhabilitó para ocupar en adelante otro cargo judicial.
Durante años, Scapolan operó al amparo del exfiscal general de San Isidro, Julio Novo, a quien otro tribunal juzga, ahora mismo, por «Unicenter II», o sea, los actos de encubrimiento del doble crimen de dos colombianos en el estacionamiento de ese shopping en 2008, el homicidio de otro en San Fernando en 2009 y el narcojet de los Juliá en 2011.
El 30 de octubre de 2024, ya en el juicio contra los policías, Anacona y Hurtado declararon como testigos. Antes, un secretario les recordó dos cosas: la firmeza de sus absoluciones y las consecuencias del falso testimonio, o sea, ningún magistrado podría volver a investigarlos por «Leones Blancos», pero sí por omitir decir verdad en el debate. Enseguida, ante las primeras preguntas de las partes, de sus relatos desaparecieron el fiscal, los uniformados y la droga. De inmediato, el tribunal ordenó detenerlos por flagrante falso testimonio.
Entonces, en este nuevo expediente, Anacona y Hurtado dijeron, palabras más, palabras menos, que no recordar detalles de un hecho sucedido 11 años atrás no podía ser considerado falso testimonio, como si sufrir un robo, fuera de lo que fuera, a manos de un fiscal y la Bonaerense y por el que estuvieron tres años presos fuese un hecho tan fácil de olvidar.
Por esto y por otras cosas, el juicio contra los policías podría naufragar. En paralelo, un juzgado abrió un expediente residual con un «arrepentido». Uno y otro proceso podrían alimentar el debate pendiente contra Scapolan.
Mientras tanto, inhabilitado para la función pública aunque libre, Scapolan pasó a la actividad privada: uno de sus primeros clientes fue Elián Valenzuela, conocido como «L-Gante», el músico referente de la cumbia 420.
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