La prueba que faltaba
Trump, el Pentágono y la prueba que faltaba para entender el triple crimen de General Rodríguez.
¿Qué tienen en común los cárteles mexicanos, los consumidores estadounidenses, Nixon, la guerra contra las drogas, la DEA, el caso del agente «Kiki» Camarena, la CIA, el secuestro del doctor Machaín, Bush hijo, la ruta de la efedrina, Estados Unidos y su ley para la lucha contra la epidemia de la metanfetamina, Trump, la crisis del fentanilo y el Pentágono con el triple crimen de General Rodríguez? Demasiado.
En reserva, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le encargó en estos días una misión de alto impacto al Pentágono: empezar a usar la fuerza militar contra los cárteles de droga de América Latina que había designado como organizaciones terroristas, según relevaron cuatro periodistas en New York Times. El objetivo: cortar las rutas del fentanilo y otras sustancias, que han provocado una crisis de salud pública, con miles de muertes cada año.
En la orden secreta, Trump planteó la posibilidad de llevar adelante operaciones militares contra esas organizaciones criminales en el mar y en otros países, según los periodistas Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt.
El Pentágono deberá preparar un marco legal para poder aplicar esta nueva fase de la guerra contra las drogas. Por ejemplo: cómo dotar de inmunidad en el exterior a las fuerzas armadas estadounidenses -al intervenir en este nuevo escenario, que no es un conflicto armado, y sin la autorización de esos países- que acaben con la vida de civiles, sean o no criminales, que no representan un peligro inminente para la Unión.
En su regreso a la Casa Blanca, Trump designó como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, los Cárteles Unidos -los seis de México-; la Mara Salvatrucha (MS-13), de El Salvador; y el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles -los dos de Venezuela-.
En la Argentina, en estos años, las autoridades detectaron la presencia del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, como pudo saber Encripdata.
Desde el 18 de junio de 1971, cuando el presidente Richard Nixon anunció la guerra contra las drogas, Estados Unidos ha construido un marco legal cada vez más agresivo, que incluyó la creación de la Administración de Control de Drogas, la DEA, el 1 de julio de 1973, pero no se detuvo allí.
El 7 de febrero de 1985, el Cártel de Guadalajara secuestró a Enrique «Kiki» Camarena, un agente de la DEA infiltrado el año anterior en Rancho Búfalo, la interminable plantación de marihuana de Rafael Caro Quintero destruida por el Ejército. El cártel también se llevó a Alfredo Zavala, el piloto que lo ayudó a fotografiar desde el aire el campo del capo.
Un mes después, las autoridades hallaron los cuerpos de Camarena y Zavala en un zanjón de Zamora, una localidad ubicada a 150 kilómetros al sur de la capital de Jalisco. Era la primera vez que un cártel mexicano secuestraba, torturaba y asesinaba a un agente estadounidense. Ese fue el principio del fin del Cártel de Guadalajara, de sus jefes y, obviamente, de Caro Quintero.
Sin embargo, en 2014, Héctor Berrellez, el agente especial de la DEA que llevó adelante la Operación Leyenda, le contó a Jesús Esquivel lo sucedido con «Kiki». El periodista mexicano lo hizo libro: La CIA, Camarena y Caro Quintero. Más acá en el tiempo, la misma historia llegó a Amazon Prime Video: El último agente.
Según el agente especial Berrellez, la CIA y la misma DEA estuvieron implicadas en el crimen de «Kiki», a quien torturaron para comprobar cuánto sabía de la operación Irán-Contras, es decir, el envío de cargamentos de armas de guerra al régimen de los ayatolás de Irán en su guerra contra Irak y a la contrarrevolución de Somoza contra el sandinismo de Ortega en Nicaragua, a espaldas del Congreso durante la presidencia de Ronald Reagan y, en consecuencia, financiado por esas agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses a través de las toneladas de cocaína del Cártel de Medellín de Pablo Escobar.
Para poder torturar sin contratiempos, los secuestradores convocaron al médico Humberto Álvarez Machaín para que mantuviera vivo al agente Camarena suministrándole medicamentos y así poder continuar con los tormentos hasta que dijera todo lo que querían escuchar, un juego perverso al que le pusieron fin solo cuando lo mataron.
Como sea, la DEA le encargó una misión especial a Berrellez: llevar a Machaín a la Justicia. Para eso, reconoció el agente especial, contrató a policías mexicanos para secuestrarlo. En otras palabras: la agencia estadounidense organizó el secuestro de una persona en el exterior. El 2 de abril de 1990, en un avión privado, aterrizó en El Paso, Texas. Allí, la DEA arrestó al acusado de prolongar la agonía de Camarena.
El gobierno mexicano expulsó del país a todos los agentes de Estados Unidos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Unión, en un fallo del 15 de junio de 1992, convalidó el secuestro al plantear tres ideas fuerzas: «El poder de juzgar a una persona no queda afectado por el hecho de que el individuo haya sido traído a la jurisdicción de la Corte a través de un secuestro; la regla del debido proceso no se ve perturbada, en tanto el secuestrado sea adecuadamente instruído de los cargos que pesan en su contra y haya podido tener un juicio justo; un gobierno puede ejercer su poder de policía en el territorio de otro Estado«.
Al final, un tribunal absolvió al doctor por falta de pruebas, pero el fallo de la Corte sigue vigente, es decir, Estados Unidos cree que puede ejercer su poder de policía en todo el mundo y, de hecho, lo sigue haciendo.
El 9 de marzo de 2006, el presidente George W. Bush promulgó la ley para la lucha contra la epidemia de la metanfetamina (CMEA). Las meths, ice y crystal han causado tanto daño que el secretario de Estado, por intermedio del subsecretario de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL), podía»tomar las medidas que fueran necesarias para prevenir el contrabando de las mismas desde México».
Desde 2006, Lino Gutiérrez, primero, y Earl Anthony Wayne, después, le reclamaron una y otra vez mayores controles de los precusores químicos al ministro Aníbal Fernández, al mando de las fuerzas federales y el principal interlocutor de la Embajada de los Estados Unidos con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
Entre 2003 y 2008, el Registro Nacional de Precursores Químicos autorizó importaciones de efedrina por 47 toneladas. El RNPQ dependía de la Sedronar, a cargo de José Ramón Granero -alguna vez dentista de Néstor-. Esas toneladas terminaban en México y, luego, como crystal, en Estados Unidos.
En 2007, 28 empresas de la salud aportaron el 35 por ciento de los fondos para la campaña Frente para la Victoria, «Cristina, Cobos y vos». El recaudador fue Héctor Capaccioli, superintedente de Servicios de Salud. El jefe de campaña fue Alberto Fernández, jefe de Gabinete y muchos años después, entre 2019 y 2023, presidente con Cristina como vice.
Para 2008, la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina se puso un objetivo: «el combate de los precursores químicos es una prioridad de la misión», como dejó constancia el embajador Wayne en un cable diplomático.
Sin avances del gobierno argentino, la oficina de la DEA en Buenos Aires decidió dejar al descubierto el negocio de los 500 millones de dólares que representaba la triangulación efedrina en la Argentina. Lo hizo a través de la operación encubierta del 17 de julio de 2008 en una quinta de Ingeniero Maschwitz, donde una célula de un cártel mexicano, como si fuera Breaking Bad, elaboraba metanfetaminas con la efedrina como precursor químico.
Eso provocó una cumbre entre el embajador, el jefe local de la DEA, Anthony Greco Jr, el ministro Aníbal Fernández y los jefes de las cuatro fuerzas federales y el jefe de la División Precursores Químicos de la Policía Federal. La cita fue el 30 de julio de 2008 en la Embajada.
Ese mismo día, el informante cuasi agente de la DEA, Julio César Pose, alias «Gitano», activó un Nextel para hablar exclusivamente con Sebastián Forza, vinculado al negocio.
«El Gitano» trabajaba bajo las órdenes del agente especial de la DEA, Russell Baer, especialista en precursores químicos, y el comisario retirado Guillermo González, alias «Gonzalito», enlace de la agencia estadounidense con fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales argentinos.
Dos días después, Martín Lanatta, un criminal con contactos en el Registro Nacional de Armas (Renar), consiguió otro Nextel, también para comunicarse exclusivamente con Forza. Pose, aunque de San Martín, y Lanatta, de Quilmes, se conocían y, lo más importante, conocían a quienes serían las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina fueron secuestrados el 7 de agosto de 2008 en Quilmes y asesinados en un lugar indeterminado, y la camioneta de Ferrón y una de las dos armas homicidas fueron prendidas fuego en Villa Santa Rita; los cuerpos fueron conservados en frío durante seis días; y, finalmente, plantados el 13 en General Rodríguez.
Forza, aunque acumulaba 659 cheques rechazados por 4,3 millones de pesos -alrededor de 1,4 millones de dólares-, había firmado cheques por 200 mil pesos -63 mil dólares- para la campaña de Cristina; Ariel Vilán, testaferro de un importador de efedrina, había hecho lo propio por otros 160 mil pesos -o 50 mil dólares-. Dos semanas después del triple crimen, Vilán se arrojó al vacío.
En el 2012, el tribunal de Mercedes condenó a prisión perpetua a Martín Lanatta, Cristian Lanatta, Víctor Schillaci y Marcelo Schillaci como partícipes necesarios del triple crimen de General Rodríguez. Pero las autoridades nunca pudieron determinar quiénes fueron los autores materiales, dónde los ejecutaron, dónde mantuvieron los cuerpos seis días en un lugar frío para retrasar el proceso natural de descomposición y, lo más importante, quién fue el autor intelectual.
Sin embargo, en una «escucha» telefónica al día siguiente del hallazgo de los cuerpos de Forza, Ferrón y Bina, los agentes de la DEA dieron por finalizada la misión, como revelaron el autor de esta nota y Diego Ferrón, hermano de una de las víctimas, en el libro Operación Crystal, donde les dieron el derecho a réplica a los operadores de la agencia estadounidense.
Ahora, Trump, básicamente, le ordenó al Pentágono un marco legal porque quiere tener su triple crimen de General Rodríguez. Si antes fue para ponerle un freno a las rutas de efedrina, ahora es para cortar las rutas del fentanilo Eso sí: esta vez, sin operaciones de falsa bandera, sin operaciones encubiertas, sin eufemismos. Con uniformes. De frente. Total quién se le atreve a Estados Unidos.
Un triple crimen, dos, tres, los que quiera.
Y donde quiera.
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