Encripdata

El hilo invisible entre el crimen y el poder

Condenaron a D’Alessio y a dos exespías por extorsionar a empresarios para no armarles causas

Condenaron a D'Alessio y a dos exespías por extorsionar a empresarios para no armarles causas

Condenaron a D'Alessio y a dos exespías por extorsionar a empresarios. Crédito: Fiscales.

Después de casi dos años de debate, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 8 porteño condenó este jueves a Marcelo D’Alessio a 13 años y 6 meses de prisión, según el fallo al que accedió Encripdata, por formar parte como miembro de una asociación ilícita dedicada a la extorsión -algunos hechos consumados- y a la coacción con información obtenida a través de la violación de la Ley de Inteligencia Nacional y para el lavado de activos de origen en esos hechos.

Los jueces María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli, del tribunal, también sentenciaron a Ricardo Oscar Bogoliuk a 9 años y 6 meses de prisión; y a Rolando Hugo Barreiro, a 6 años de prisión; pero absolvieron a Aníbal Degastaldi y a Franco Pini, los cuatro vinculados con las agencias de seguridad.

En tanto, a Marcelo González Carthy de Gorriti, Pablo Bloise y Aldo Sánchez, todo miembros de la asociación ilícita destinada al lavado, les impusieron 3 años de prisión de ejecución condicional, período en el que deberán cumplir mínimas reglas de conducta. Finalmente, al boxeador Mariano Díaz Strunz, alias «Alemán», que oficiaba de guardaespaldas de D’Alessio, lo liberaron de culpa y cargo.

Encripdata pudo saber que si bien dieron por probado la existencia de la asociación ilícita para el lavado de activos de origen ilícitos, esas operaciones, por millones, en dólares y euros, aún se encuentran siendo analizadas en la etapa de instrucción. En su momento, el Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) valuó la casa de D’Alessio en el country Saint Thomas Este en un millón de dólares.

Los magistrados darán a conocer los fundamentos de la sentencia el 15 de septiembre, pero, en lo que respecta a D’Alessio, su modus operandi fue el mismo por el que, en agosto de 2021, recibió su primera condena: otro tribunal dio por probado que, a partir de la información aportada por Barreiro y el fiscal Juan Ignacio Bidone, intentó extorsionar al empresario Gabriel Traficante: le exigió plata a cambio de no involucrarlo en un expediente judicial.

Dicho sea de paso: la Corte aún no le puso punto final al proceso contra Bidone, fiscal del triple crimen de General Rodríguez, aún fiscal, quien arrastra un segundo expediente vinculado al principal y con más víctimas, como, por ejemplo, Carlos Sebastián Smith, alias «Lobo», el policía preso por la venganza narco entre los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque.

En este caso, el empresario Pedro Etchebest denunció que D’Alessio le reclamó 300 mil dólares para borrarlo del caso públicamente conocido como «los cuadernos de Centeno», por la obra pública, aunque no figurara, pero como Traficante, él también contraatacó: el juez federal Alejo Ramos Padilla decidió allanar la casa en el barrio privado de Canning el 15 de febrero de 2019.

Los teléfonos de D’Alessio y compañía, una vez abiertos, hablaron por ellos: además de Etchebest y Traficante, obtuvieron algún tipo de información sobre Juan José Gómez Centurión -por entonces director de la Aduana-; Carlos Rosenkrantz, ministro de la Corte; Gabriel Bouzat, exsocio del «supremo»; Verónica Magario, cuando era intendenta de La Matanza; Juan Di Pierro, otro aduanero; Pablo Toviggino, tesorero de la AFA; Gustavo Menéndez, intendente de Merlo; y Gonzalo Tapia.

En el primer debate, el fiscal Diego Luciani explicó que D’Alessio simulaba formar parte «de algún servicio de Inteligencia nacional o internacional y mantener vínculos con funcionarios de diversos poderes estatales, periodistas de renombre, y se mostraba con armas y autos con balizas», todo para atemorizar a sus víctimas. En este segundo proceso, el fiscal Marcelo Colombo pudo demostrar que, a través de agentes, obtenía, por ejemplo, listados de ingresos y egresos al país de las personas a extorsionar a través de claves de ingreso de la Secretaría de Inteligencia.

Y aunque no era orgánico ni informante, existe una tercera categoría: inorgánico, que la SIDE dice que no existe. Y, por eso, más interesante. La asociación ilícita, de la que D’Alessio fue miembro, estuvo activa, según los fiscales, entre julio de 2016 y febrero de 2019, es decir, la mayor parte del gobierno de Cambiemos. En ese tiempo, el otra vez condenado era invitado a programas del prime time de la televisión argentina, como especialista en narcotráfico. Al menos, así lo presentaban. Tal vez, por su llegada a varias dirigentes de ese gobierno, en los medios le acomodaban la silla para escucharlo.

Pero, con solo dejarlo hablar, los verdaderos especialistas en crimen organizado se daban cuenta de sus errores y de sus mentiras: en diversas entrevistas, al referirse a un doble crimen, el de «Bobinas Blancas», dijo que las manos de las víctimas conservadas en bolsas de papel, una técnica para la preservación de evidencias, en realidad, era un mensaje mafioso; dijo que el triple crimen de General Rodríguez lo ordenó un colombiano, cuando de la ruta de la efedrina, móvil detrás de la masacre, no participaban las bandas criminales de ese país sino los cárteles mexicanos.

Curiosamente, esa hipótesis la había intentado instalar la DEA, a través de un informante, reconocido como tal por la agencia, al declarar como testigo de identidad reservada en 2008, para desviar la investigación.

Para alguien jugaba a ser el Superagente 86.

O, dicho de otro modo, alguien lo dejó jugar.


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