A pesar de las 24 muertes por el carfentanilo, el clan Villalba sigue operando en San Martín: «Salvaje» va a juicio
El clan Villalba grabó el video viral de la amenaza narco. Crédito: Twitter.
Con renovadas críticas a la Policía Bonaerense, la jueza federal Alicia Vence y el fiscal Paulo Starc enviaron a juicio a Iván Gabriel Villalba, alias «Salvaje», y cinco miembros más de la organización narcocriminal, según pudo saber Encripdata, por seguir vendiendo drogas en la zona noroeste del conurbano bonaerense incluso después de que su cocaína cortada con carfentanilo mató a 24 personas el 1° de febrero del 2022 en Puerta 8, Tres de Febrero, y Villa 18, su histórico bastión en San Martín.
Esta investigación comenzó en junio de 2021 a partir de la denuncia de una persona bajo reserva de identidad. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) impulsó la acción ante un juzgado federal de Morón, pero cuando la jueza Vence avanzó contra el clan Villalba por la venta de la «droga fea», el otro magistrado le envió el expediente por conexidad.
Con «escuchas» telefónicas, seguimientos de inteligencia y la participación de un agente revelador, la jueza Vence pudo reconstruir que el clan Villalba continuaba vendiendo en Puerta 8, incluso en un búnker allanado tras las muertes -de las que Miguel Ángel Villalba, el famoso «Mameluco» de San Martín, decía en televisión sentirse responsable-.
Pero esta vez, la organización a priori no era liderada por «Mameluco» sino por uno de sus hijos, «el Salvaje», desde la celda, donde cumple condena a 27 años de prisión por un crimen; en cambio, Alan Marcial Villalba, alias «Pelado», también investigado, jura a quien quiera oírlo que se retiró del negocio.
En el territorio, Leandro Nahuel González, alias «Diente», hijastro de Miguel; Gabriel Ortíz Rodríguez, alias «Warry»; y Nahuel Pellati, aka «Yankee», se encargaban de los soldaditos, la cobertura policial y las finanzas, según las tareas de campos llevadas adelante por detectives de la División Hidrovía del Paraná de la Policía Federal (PFA) y la DDI San Martín de la Policía Bonaerense.
Tal vez por la protección de un sector de la Bonaerense, el 22 de noviembre de 2023, cuando la jueza Vence, el secretario Hernán Roncaglia y el equipo del juzgado de San Martín ordenaron arrestar a 15 miembros del clan, solo encontraron a cinco.
A «Salvaje», el nuevo proceso le costó el traslado desde la unidad de Maglaneda, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), hacia la Ezeiza, la cárcel de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Por la infiltración de los Villalba en las fuerzas de seguridad y los complejos penitenciarios, la magistrada puso en conocimiento de lo sucedido Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Javier Alonso y Juan Martín Mena, ministros de Seguridad y de Justicia de Nación y de provincia de Buenos Aires, respectivamente.
Por el desastre en Puerta 8 y Villa 18, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín abrirá el debate el 6 de diciembre con la lectura del requerimiento de elevación a juicio y la individualización de las imputaciones. El fiscal de juicio será Carlos Cearras. Así, la etapa de las testimoniales, casi en su totalidad, quedaría para el 2025, tras la feria judicial.
Y así como los narcotraficantes no recapacitaron luego de vender la cocaína -sabiendo o no que estaba mezclada con carfentanilo- que mató a 24 personas, a un sector de la Bonaerense tampoco le importó: como reconoció «Warry» en las «escuchas» telefónicas, sus contactos policiales le anticiparon que los allanarían aquel 22 de febrero de 2022. Así, él pudo continuar en libertad un año más.
«Diente» aún continúa prófugo. «Yankee», clave en la ruta del dinero del clan Villalba, también. Sin embargo, sus movimientos financieros dejaron rastros bancarios, con un informe contable en proceso a cargo del Departamento Delitos Fiscales de la PFA.
La jueza Vence y el fiscal Starc coincidieron: este expediente fue «una suerte de secuela» de la venta del carfentanilo en febrero de 2022 porque «obedecieron a la misma matriz y presentaban una narrativa similar», tanto que se repitió el alto grado de complicidad de distintos agentes de las fuerzas de seguridad con la organización, lo único que cambió fue que por «los allanamientos y detenciones de febrero de 2022, se reemplazaron personas con el propósito de mantener operativa la ‘empresa’«.
Durante la investigación, determinaron que los Villalba fueron quienes sembraron el terror en el noroeste del conurbano bonaerense en febrero del 2023 al grabar un video con la siguiente amenaza: «Vecinos de villa 9 de Julio: les informamos que si en 48 horas la organización de Max Ali Alegre, alias ‘Alicho’, y el ‘Gordo’ Blas Gómez no abandona la 9 de Julio, van a ser desbaratados a sangre y fuego por nosotros. No salgan de sus casas ya que el territorio tiene dueño y esta organización lo ha tomado sin ningún control».
Por casualidad, el 27 de junio de ese año, la Policía encontró el búnker donde se filmó todo. Dentro, quedaba lo de siempre: drogas, armas, proyectiles y uniformes de la Bonaerense. Un chaleco tenía escrito la frase atribuida al gran capo colombiano Pablo Escobar: «Plata o plomo». En otra «escucha», otra vez, «Warry» confirmó que la organización narcocriminal estaba detrás de la operación de terror.
Tres meses después, el 7 de septiembre, durante una recorrida por la Villa 18, la Policía dijo que persiguiendo por los pasillos a ocho personas en fuga, llegó hasta otro búnker con la puerta abierta. De allí, secuestró armas, municiones, 440 envoltorios de cocaína y 968 de marihuana.
Por teléfono, William Javier Zalazar, alias «Boli», se lamentó: «Se llevaron una banda de cosas, amigos, se regalaron, dejaron la puerta abierta, perdimos casi un ladrillo y una banda de plata, 3.750.000 pesos«.
La Bonaerense, en el parte oficial, no dejó registro de los millones.
Alguien hizo caja.
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