El Gobierno extrema medidas para evitar que los presos de «alto riesgo» tomen el control de las cárceles
El Gobierno extrema medidas contra los presos de "alto riesgo". Crédito: Ministerio de Justicia.
Para evitar imágenes como las de Ecuador, que dieron la vuelta al mundo, el gobierno de Javier Milei aprobó esta semana la implementación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), según la resolución a la que tuvo acceso Encripdata.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la Resolución 35/2024 para impedir que los presos de «alto riesgo» puedan tomar el control de las cárceles, como, por ejemplo, José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», y sus «Choneros» en la cárcel del Litoral, Guayaquil.
En su segunda gestión al frente de la Seguridad, Bullrich sumó áreas vinculadas a la problemática que no había tenido a cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. Así, absorvió el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y la quinta fuerza federal: el Servicio Penintenciario (SPF).
El sistema integral de gestión para personas privadas de la libertad tiene como objetivo «implementar estrategias institucionales para enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el SPF, mediante la evaluación, clasificación y separación de grupos homogéneos para gestionar el alto riesgo individual que presentan».
El SPF clasificará a los presos e incorporará al sistema a los de «alto riesgo», es decir, aquellos con altos o muy altos niveles de riesgo de fuga; altos o muy altos niveles de riesgo comunitario, o sea, riesgo de violencia hacia la comunidad; riesgo de dirigir o participar de actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios con impacto en la comunidad; riesgo de corrupción y/o violación del régimen interno con propósitos criminales; y riesgo de entorpecimiento de investigaciones judiciales.
La incorporación al sistema podrá realizarse en cualquier momento, la solicitud podrá provenir de jueces, fiscales, áreas de investigación judicial y/o criminal y del propio servicio penitenciario, pero la decisión final será facultad exclusiva del SPF.
La permanencia en el sistema deberá extenderse lo estrictamente necesario. Por eso, la evaluación del riesgo individual será periódica y quienes ya no representen alto riesgo, serán reasignados a otros sectores.
Así, las personas privadas de la libertad podrán ser excluidas por haber disminuido objetivamente los riesgos o por razones de salud física o mental por las que resulte necesario su alojamiento en sectores asistenciales.
El Servicio Penitenciario Federal concentrará a los presos de «alto riesgo» en sectores con estrictas medidas de seguridad física, separados de la población general y en establecimientos emplazados en territorios donde no haya influencia de las organizaciones criminales locales o transnacionales.
Estarán sí o sí en celdas individuales.
El SPF garantizará la matriz vincular: continuarán teniendo visitas de contacto con familiares directos y excepcionalmente, con personas allegadas, en este caso con contacto diferido en sala de locutorio individual, al igual que las visitas de abogados particulares o defensores oficiales.
Para comunicarse con el exterior deberán utilizar teléfonos públicos, serán monitoreados a través de un circuito cerrado de televisión (CCTV) con grabación, pero sin sonido para respetar la confidencialidad del contenido de las conversaciones, solo podrán realizar llamadas, pero no recibir y los abonados habilitados estarán enlistados.
Los presos de «alto riesgo» no podrán brindar entrevistas a los medios.
Los periodistas no podrán ingresar a estos pabellones especiales.
Para evitar las fugas, el SPF reducirá los traslados al máximo y en todo caso los hará con el apoyo del Grupo Especial de Intervención y con aviso a las fuerzas de prevención jurisdiccionales.
Para evitar que los presos de «alto riesgo» corrompan a los guardiacárceles, el Servicio Penitenciario Federal hará una selección del personal, les brindará capacitación para el contacto directo con aquellos, los rotará de manera periódica, los identificará a partir de un sistema de codificación en vez de sus datos personales en los uniformes, implementará varios anillos de seguridad entre estos sectores especiales y el exterior y establecerá rutas de traslado confidenciales y variadas.
A cambio, adecuará sus remuneraciones y condiciones de trabajo.
Así, el Gobierno busca evitar que organizaciones criminales, a través de los presos de «alto riesgo», tomen el control de las cárceles federales, como ya sucede con los grupos en Ecuador aliados al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México, y con el Primeiro Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV) en Brasil.
La Argentina está a tiempo.
Todavía.
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