El fiscal asesinado en Ecuador llegó a advertirle al Gobierno que la familia de «Fito» Macías estaba en la Argentina
La familia de "Fito" Macías estaba en la Argentina. Crédito: Ministerio de Defensa.
Armados y encapuchados, miembros del crimen organizado tomaron el control, desde dentro, de la cárcel del Litoral, en Guayaquil, y asaltaron el estudio TC Televisión, en la misma ciudad portuaria. Tomaron como rehenes a guardiacárceles y periodistas. También prendieron fuego autos en las calles de Ecuador.
Los ecuatorianos ya los conocían, ahora el mundo entero.
«Pa’que sepan que no se puede jugar con la mafia», exclamaron al aire.
Eran «los Choneros».
El presidente Daniel Noboa Azín les respondió el 9 de enero con una disposición general: reconoció la existencia de un «conflicto armado interno», amplió las causales del estado de excepción, ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la soberanía y la integridad territorial e identificó a aquel grupo del crimen organizado transnacional y 21 más como organizaciones terroristas.
Pero mientras esas imágenes daban la vuelta al mundo, nadie sabía dónde estaba José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito». Aliado al Cártel de Sinaloa, de México, y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al mando de un grupo de 12 mil miembros y condenado a 34 años de prisión por narcotráfico, el líder de «los Choneros» se había escapado de la cárcel del Litoral para evitar que lo trasladaran a una de máxima seguridad.
De un tiemp a esta parte, los cárteles mexicanos se instalaron en Ecuador por su ubicación -entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína-, por la centralidad de uno de sus puertos en el comercio internacional y por la debilidad de sus instituciones.
El puerto de Guayaquil es el tercero en flujo comercial de América Latina. El puerto de Amberes es el segundo de la Unión Europa. Bélgica incautó 110 toneladas de cocaína en el 2022, es decir, el 40 por ciento de todo el viejo continente. La mitad había partido desde Ecuador, según informó la ministra del Interior de Bélgica, Annelies Verlinden, durante una visita oficial en Quito.
Esos millones de dólares que se generan por el consumo de drogas en Europa financian a los grupos del crimen organizado en Ecuador, que se disputan el territorio y el control del negocio. Así, en pocos años, la tasa de homicidios escaló en 2022 hasta los 25,9 por cada 100 mil habitantes, similar a las de México y Colombia. Y las víctimas pueden ser cualquiera: desde un comerciante que no quiso pagar el mal llamado «derecho de piso» hasta el por entonces candidato a presidente Fernando Villaviencio.
Ese es el poder de fuego de «los Choneros» y los otros grupos del crimen organizado que se cristalizó con la toma de TC Televisión. La investigación por el asalto al canal quedó a cargo del fiscal César Suárez. De allí partió un dato que alarmó al gobierno de Javier Milei: muy probablemente, la familia de «Fito» Macías estaría en algún rincón de la Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le confirmó a Encripdata que habló directamente con el fiscal Suárez.
Poco después, la mañana del 17 de enero, dos sicarios asesinaron al fiscal en Guayaquil. Según la investigación preliminar, estaban vinculados a «los Chone Killers».
Casi en simultáneo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, le informó a Bullrich que, gracias a una denuncia anónima, ya le seguían los pasos a una familia de extranjeros que usaban vehículos de baja gama en medio de un barrio privado de Malagueño.
Así, Bullrich, Quinteros, el ministro de Defensa, Luis Petri, el fiscal de Procunar, Diego Iglesias, y el director de Migraciones, Sebastián Seoane, intercambiaron información y los detectives del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal (PFA) y de la Dirección de Análisis de la Información y Antiterrorismo de Córdoba profundizaron las tareas de campo en Valle del Golf.
Eran ellos: Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, sus hijos y allegados a la familia. La señora le compró la propiedad a un argentino que había dejado de pagar las expensas. Fue en noviembre. Pagó en dólares, billete sobre billete. La registró a nombre de Jomavi SA, una empresa investigada por lavado de activos en Ecuador. Ella fue sobreseída. Ahora, las autoridades judiciales que dejaron libre de culpa y cargo a la mujer de «Fito» Macías están imputadas en el caso Metástasis.
Inda llegó a Córdoba el 5 de enero a las 6.43 de la mañana procedente de Perú. Pero no fue el primer viaje a la Argentina: el 14 de agosto ingresó desde España. Se quedó 34 días. Se fue a Chile. Al mes siguiente regresó. Después volvió a cruzar a Chile. Y, entonces, sí, tras el Año Nuevo, se instaló en el barrio privado de Malagueño.
Como sobre sus cabezas no pesaban órdenes de captura internacional, el Gobierno argentino, a través de Migraciones, decidió cancelarles la residencia transitoria, declarar irregular su permanencia en el país, ordenó expulsarlos y les prohibió el reingreso al país.
Durante la madrugada del 19 de enero, la familia de «Fito» Macías, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Argentina, aterrizó en Ecuador.
Si antes del clan hubo una avanzada para investigar la zona, será una pista a profundizar.
Si «Fito» Macías pretendía reencontrarse con su familia en la Argentina, deberá recalcular.
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