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Un paso adelante

Detuvieron en Uruguay a un argentino por lavar casi 2 millones de dólares en Puerto Madero para un capo del CJNG

Detuvieron en Uruguay a un argentino vinculado al CJNG

Detuvieron en Uruguay a un argentino vinculado al CJNG. Crédito: Encripdata.

La Interpol arrestó el martes al empresario argentino Oscar Gilberto Calvete mientras caminaba por Maldonado, Uruguay. El hombre de 72 años no se resistió: se dejó llevar por dos policías para ponerlo a disposición de la Justicia de su país, con miras a la extradición, bajo una acusación en su contra pocas veces vista a ambos lados del Río de la Plata: participar en la Argentina del lavado de activos para un capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los dos cárteles más poderosos en México junto con el Cártel de Sinaloa.

Calvete sabía que este día podía llegar de un momento a otro: cuando las autoridades fueron a notificarlo sobre la apertura del período de ofrecimiento de prueba para el juicio, no lo encontraron por ningún lado. El acusado había cambiado de domicilio sin avisar, según explicó una fuente de la investigación a Encripdata. En consecuencia, la jueza Nada Flores Vega, presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín, ordenó la captura internacional.

La historia de Calvete es la historia de Gerardo González Valencia, alias «Lalo», «Flaco», «Silver», «Silverio», «Eduardo» o «Laline», ni más ni menos que el segundo al mando de «los Cuinis», brazo financiero del temido CJNG. El jefe es su hermano Abigael. Ambos son cuñados de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «Mencho», el líder de la nueva generación de ese cártel.

Y esa historia comenzó a finales del 2008. Marcelo Arias, taxista él, nunca se imaginó que lo que empezó como un viaje de dos aparentes personas comúnes y corrientes podría terminar en una historia de película: los que subieron ese día fueron, precisamente, dos familiares del capo mexicano, recién llegados a Buenos Aires.

El taxista declararía una vez caído en desgracia que Gerardo lo contrató como chofer y que entre sus tareas debía buscar a otros mexicanos cuando así se lo pidiera. Así conoció a Francisco Marzio Medina González, Pedro Merced Medina Lizarraga, Julio César Alegre Ortega y Rodrigo Lepe Uribe, también buscados por la Justicia.

Todo terminó por cambiar para Arias cuando los mexicanos le ofrecieron, además de seguir como chofer, trabajar en la tienda que inauguraron en Puerto Madero, «Corner, mi lugar», ubicada en la calle Pierina Dialesi 260. Pero no solo eso: Medina González le pidió usarlo como testaferro para comprar dos autos -un Chevrolet Astra y una Ford Ecosport- porque él no tenía la documentación necesaria. Lo mismo hizo con un teléfono celular. El taxista quedó aún más complicado cuando los extranjeros usaron su domicilio legal para inscribir la empresa Círculo Internacional SA el 4 de diciembre de 2008 ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Los mexicanos pasaron desapercibidos en Puerto Madero hasta que el 10 de marzo de 2009 chocaron con el Chevrolet Astra. Cuando los agentes de Prefectura les solicitaron los papeles del auto, uno de ellos les espetó: «En mi país ya estarían muertos». Esa amenaza derivó en la investigación por la que ahora el tribunal prepara el juicio contra Calvete y Arias.

El juez federal Néstor Barral -ahora en la Cámara Federal de San Martín- y el fiscal Sebastián Basso descubrieron que el capo mexicano vivió con su familia y empleados en Buenos Aires. Luego, de un día para el otro, se mudó a Uruguay. Antes lavó 1,8 millones de dólares a través de «Corner, mi lugar». Arias trabajó ahí. Calvete, según la acusación, tuvo un rol más importante: lo contrataron como gerente de la tienda.

González Valencia tenía más planes para él: que administrara los locales que estaba por abrir, uno frente a la plaza del Congreso y otro a 500 metros del Obelisco. Su idea era invertir 2,5 millones más. De esas maniobras inconclusas también formó parte un tal Giuliano Gasparotto, exmodelo italiano, que ya había colaborado con los mexicanos en Puerto Vallarta.

En Punta del Este compró el chalet Quincho Grande por 2 millones de dólares. Lo hizo a través de una empresa a nombre de su esposa Wendy Dalaithy Amaral Arévalo. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) la rastreó a partir de los Panamá Papers. También adquirió tres terrenos en Punta Ballena por 550 mil y autos de alta gama por 100 mil más. Por este caso, estuvieron presos su suegro Héctoral Amaral y un cambista que operaba en Piriápolis. El capo mexicano, una vez detenido en 2016, amenazó con matar a un funcionario. Uruguay se sacó el problema de encima: lo entregó a Estados Unidos.

Y ante un tribunal de ese país, luego de varias idas y vueltas, el segundo al mando de «los Cuinis» se declaró culpable a finales del 2022 por viejas operaciones de narcotráfico, por ejemplo, financiar el transporte de 280 kilos de cocaína en un «submarino» entre Colombia, Guatemala y México y que pretendía «coronar» en la costa oeste, pero la Guardia Costera se lo impidió el 21 de agosto del 2007.

Por estos días, el segundo al mano de «los Cuinis» espera que un juez estadounidense defina los años que deberá seguir en la cárcel. De este lado del continente, mientras tanto, el tribunal prepara el juicio contra los dos argentinos que lo ayudaron a lavar las ganancias del narcotráfico internacional.

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