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Un paso adelante

«Hablá con JuFe»: piden la detención del juez Aranda por brindar protección al clan Sosa en Chaco

Piden la detención del conjuez Aranda por brindar protección al clan Sosa

Piden la detención de un conjuez federal por brindar protección al clan Sosa. Crédito: Diario Norte.

«No, oficial, contra mí no hay orden de detención». Con esas palabras recibió Lucas Matías Sosa a los gendarmes que lo fueron a buscar el 28 de abril. Y hasta las 8.38 de la mañana tenía razón: recién a esa hora Miguel Mariano Aranda, conjuez a cargo del juzgado federal de Roque Sáenz Peña, firmó la orden en su contra. Al final, los uniformados se llevaron esposado al hombre de 34 años, pero nunca encontraron a su hermano Ariel Alberto Sosa, de 39, ni a otros cinco miembros del clan, dedicado al narcotráfico y el lavado de activos en Chaco. Pero la suerte diversa que corrieron los hermanos no fue producto de la casualidad sino de la filtración de la información. Desde adentro. Desde lo más alto.

Para entender esta historia, cada minuto cuenta: el fiscal federal Carlos Amad solicitó los arrestos de los siete integrantes del clan Sosa el 27 de abril a las 7.30 de la mañana y el conjuez Aranda los ordenó a las 23.55. Sin embargo, a la Gendarmería le ordenaron la detención de todos menos de Lucas. El magistrado salvó el error a las 8.38, con una nueva orden que llegó a la fuerza a las 9.13. Pero no todo era lo que parecía.

Un poco por el llamativo error, otro poco por la sorpresa del único detenido, los investigadores rebobinaron: al revisar la cámara de seguridad de Blue Moon, un local ubicado frente a la casa de los Sosa, se dieron cuenta que los acusados la abandonaron ese 27 de abril a las 14.52, es decir siete horas después del pedido del fiscal y nueve horas antes de la orden del conjuez, según pudo reconstruir Encripdata. Al final, Lucas se quedó porque su información era de primera: a él no lo iban a arrestar. No contaba con que era un error.

Por la filtración, Ana María Flamenco, integrante del clan Sosa, pudo esconderse a tiempo. Y es con ella donde el círculo cierra: acusada por narcotráfico y lavado de activos, la mujer de 56 años pagaba el seguro de un camión de la empresa EAFA SRL de Martín Rafael Raimundo y Clarisa Daniela Galissier. Se trata del vehículo con patente AA616UN.

Galissier es la cuñada del propio conjuez Aranda.

Flamenco es ni más ni menos que la mamá de los Sosa.

Por si no se entendió: la mamá del jefe del clan narco pagaba el seguro de un camión de la empresa de transporte de la cuñada del conjuez que los investigaba.

Por este y otros seis hechos tipificados como delitos, desde la falsedad ideológica hasta asociación ilícita, los fiscales federales Carlos Amad, Patricio Sabadini, Federico Carniel y Diego Iglesias, este de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), le solicitaron a la jueza federal Zunilda Niremperger la detención del conjuez Aranda, su cuñada, la mamá de los Sosa y varios gendarmes.

Como Aranda es conjuez a cargo del juzgado federal de Roque Sáenz Peña, la Cámara Federal de Apelaciones primero debe removerlo del cargo. Los conjueces son abogados matriculados que reemplazan a los jueces.

En la nueva investigación, los fiscales federales cruzaron datos de varias causas en los que de alguna u otra forma el conjuez terminaba beneficiando a quienes debía investigar. En el megaexpediente no solo detenidos declararon que fueron extorsionados por allegados al magistrado para mejorar su situación procesal sino también gendarmes que eran tanteados por otros compañeros de la fuerza para que, como ellos, hablaran con «JuFe». «JuFe» era, justamente, el que hacía de juez federal.

Mientras la Cámara Federal decide si lo remueve o no, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya lo allanó: de la casa del conjuez Aranda secuestraron, entre otras cosas, plata atada a un expediente por narcotráfico.

El 28 de octubre, en tanto, Flamenco y sus hijos cumplirán seis meses prófugos de la Justicia. Menos, claro, Lucas Sosa.