Estados Unidos sospecha que el CJNG lavó 6 millones de dólares del fentanilo en Argentina y Uruguay
El CJNG lavó millones en Argentina y Uruguay. Crédito: Embajada Estados Unidos.
«Silverio»: Barriga
«Jefe»: ¿Sí?
– Oye, esa transacción está completa, ¿de acuerdo?
– Eso es bueno
– Hay 85 que son tuyos más 15 que te iba a guardar
– Oye, el hombre de ahí abajo me está llamando, quiere saber si le damos una muestra mañana y ver si puede conseguirlos
– Como envié 40 más que pude entrar, ahora estoy enviando los 15, así que no te los deberá
– ¿Ahí arriba?
– Sí
– Si quieres, te veo en un ratito
– Sí, adelante
– Vamos a dárselos
– Mejor
– Está bien
– Así nos deshacemos de todo
– Para que sepas, tus 15 también van
– Avísame cuando estés libre
– Sí, alrededor de las 5 de la tarde
– Está bien
– Adelante
– Quiere uno para mostrar y si les gusta, se los damos todos
– Sí, te veo hoy
– Bien
«Silverio» es uno de los alias de Gerardo González Valencia, quien supo ser el número dos de «los Cuinis», el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Drug Enforcement Administration (DEA) presentó esa conversación como prueba para que Uruguay extraditara al capo mexicano, también conocido como «Lalo», «Flaco», «Silver», «Eduardo» o «Laline», según el documento oficial al que accedió Encripdata. El delito: conspirar para distribuir 5 kilos o más de una mezcla y sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína y 500 gramos o más de una mezcla y sustancia que contenga una cantidad detectable de metanfetaminas, acusación genérica que los jueces de los Estados Unidos imputan al solo fin de ordenar la captura internacional de un acusado por narcotráfico. Uruguay finalmente lo entregó el 14 de mayo de 2020. Ahora, un tribunal de Columbia confirmó que el juicio comenzará el 23 de enero de 2023.
A la espera del debate, el abogado de Gerardo se anotó una pequeña victoria: la fiscalía lo acusará por conspirar para distribuir cocaína en los Estados Unidos, pero ya no por el trasiego de metanfetaminas.
Encima, en la prueba que presentó para la extradición, la DEA no aclaró si la operación al descubierto en la conversación del 26 de junio de 2013 se trataba de cocaína, como rezaba la orden de captura internacional del 2016, u otra sustancia no imputada en el pedido de extradición presentado en el 2017. Esa indeterminación, que parecería un detalle, la defensa lo usó a su favor para advertir que «la acusación se cayó» y, en consecuencia, que «el tribunal debe desestimar la acusación».
Gerardo fue aún más lejos: aseguró que rompió en el 2009 con el cártel de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «Mencho», casada con una de sus hermanas, y que todo lo que pudo haber hecho para el CJNG o «los Cuinis» ya prescribió: «El señor González Valencia no eligió unirse a un cártel, más bien nació en una familia que supuestamente ha participado en operaciones de cárteles. Sin embargo, hizo la audaz elección de dejar la vida que le impuso su desafortunada educación cuando se retiró de la conspiración en 2009, comenzó una nueva vida y trasladó a su familia a Argentina y más tarde a Uruguay. Específicamente, comenzó una nueva vida al abrir una tienda de conveniencia en Buenos Aires en 2009, donde se mudó para administrar su negocio, que se expandió para incluir ubicaciones adicionales, antes de mudarse nuevamente con su familia a Uruguay para escapar aún más de cualquier afiliación pasada por su historia familiar».
Si la operación de trasiego imputada es válida o no y, aún más, si el delito imputado está prescripto o no, serán cuestiones que deberá resolver el tribunal de Columbia al momento de abrir el debate, pero para salvar el caso en esta instancia, el fiscal relacionó a Gerardo y a su tienda de conveniencia con Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, alias «Escorpión», «Hermano», «Nene» o «Árabe», otro mexicano investigado por el mismo juez.
El fiscal, entonces, rechazó que Gerardo haya empezado de cero en la Argentina, todo lo contrario: «El demandado afirmó que salió de México para abrir una tienda de conveniencia en Argentina después de su ‘audaz partida’ del cártel, pero la realidad era que siguió muy enredado con la conspiración de drogas que el el acusado afirmó haber dejado atrás. Específicamente, el demandado y otros copropietarios crearon la sociedad Círculo Comercial Total de Productos SA de CV (‘Círculo México’). El gobierno ha revisado los documentos de registro corporativo mexicano para esa entidad, que muestran que el demandado era copropietario con varias otras personas, una de las cuales era Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, cómplice y acusado en este distrito. En esos documentos corporativos tampoco se indica que hayan disuelto Circulo México o que el demandado haya terminado de otra manera sus enredos con Abouzaid El Bayeh».
Los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) arrestaron al «Escorpión» el 9 de marzo de 2021 en Zapopan, Jalisco. Las autoridades del Departamento del Tesoro, al incluirlo en la «lista negra», lo calificaron como un miembro de «alto nivel» en el CJNG, organización narcocrminal «responsable del tráfico de grandes cantidades de fentanilo y otras drogas mortales». Estados Unidos espera que México lo extradite pronto.
De ese entramado societario, el CJNG dejó rastros en la Argentino y Uruguay.
En la Argentina, Gerardo vivió con su familia en Puerto Madero. Allí abrió «Córner, mi lugar», la famosa tienda de conveniencia con la que dijo haber empezado una nueva vida lejos de las drogas y la violencia de México. Para eso inscribió Círculo Internacional SA, una filial de Círculo México. El juez federal Néstor Barral y el fiscal Sebastián Basso descubrieron que «Silverio» lavó 1,8 millones de dólares a través de la filial de Círculo México. Por eso mismo ordenaron la captura internacional de él y de Pedro Merced Medina Lizarraga, Julio César Alegre Ortega, Francisco Marzio Medina González y Rodrigo Lepe Uribe. A sus cómplices nunca los encontraron y a él no pudieron indagarlo cuando lo localizaron en Montevideo.
Marcelo Arias, un taxista que prestó su nombre para la maniobra, y Oscar Calvete, que gerenció el negocio, irán a juicio en Buenos Aires.
En Uruguay, «Silverio» compró el chalet Quincho Grande en Punta del Este por 2 millones de dólares. Lo hizo a través de una empresa a nombre de su esposa Wendy Dalaithy Amaral Arévalo. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) la rastreó a partir de los Panamá Papers. También adquirió tres terrenos en Punta Ballena por 550 mil y autos de alta gama por 100 mil más. Por estas maniobras estuvieron presos su suegro Héctoral Amaral y un cambista que operaba en Piriápolis.
Dos uruguayos que trabajaban como jardinero y empleada doméstica para el capo mexicano fueron acusados por «asistencia al lavado de activos».
Como reveló Encripdata el 14 de septiembre de 2021, la empleada doméstica de González Valencia hizo varios depósitos en efectivo para una caja de ahorros que tenía un empresario argentino en Uruguay. Fueron alrededor de 890 mil dólares entre 2011 y 2015. En la cuenta recibió en total 1,9 millones. La mujer cobró 500 dólares por mes por trabajar tres horas diarias para el capo. El marido, mil dólares por ocuparse del jardín del chalet.
El empresario argentino blanqueó 2,1 millones de dólarea a través de la Ley 26.860 de Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior y de la Ley 27.260 de Sinceramiento fiscal y reparación histórica para jubilados y pensionados.
Como en «el juicio del siglo» contra Joaquín «Chapo» Guzmán, el proceso contra Gerardo demostrará una vez más que los cárteles mexicanos operan en la Argentina. También en Uruguay. Aunque el tribunal se centrará en las operaciones de narcotráfico, todo apunta a que «Silverio» lavó a ambos lados del Río de la Plata más de 6 millones de dólares de las ganancias del CJNG con el trasiego de fentanilo y cocaína hacia el otro extremo del continente.
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