El misterio de las 35 toneladas
Nadie se hace cargo de las 35 toneladas de acetato de etilo. Crédito: Encripdata.
A 64 días del contrabando de los 35.144 kilos de acetato de etilo, más empresas aparecieron en la trama, pero ninguna, obviamente, reconoció su responsabilidad. El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, resolvió el martes mantener la incautación del cargamento mientras intenta determinar cuál era el destino final en Bolivia. Una posibilidad: el narcotráfico. Este disolvente se utiliza en las industrias de la celulosa, del gaucho y de la pintura, pero también como precursor químico en los laboratorios de cocaína en los tres países productores.
Durante la audiencia, el abogado de Corporación Mathiesen SA, de Bolivia, reclamó la devolución del cargamento, pero los fiscales federales Marcos Romero, de Orán, y Diego Iglesias, de la Procunar, plantearon que primero presentara el pago de la factura. Como la empresa no la abonó, el magistrado no hizo lugar.
Todo comenzó la noche del 16 de marzo cuando los gendarmes frenaron dos camiones con semirremolques antes de que cruzaran el Puente Internacional Aguas Blancas hacia Bermejo, Bolivia. Como los choferes presentaron papeles falsos, revisaron la mercadería. Eran 191 tambores azules, eran los 35.144 kilos de acetato de etilo.
En consecuencia, el juez ordenó la detención de los dos camioneros y dispuso un plazo de 180 días para analizar las circunstancias alrededor del contrabando. Los investigadores ya reconstruyeron que los dos conductores bolivianos emprendieron el viaje en Canelones, una ciudad a 50 kilómetros de Montevideo, Uruguay, pasaron el Puente Internacional General San Martín, que une Fray Bentos con Gualeguaychú, y siguieron durante 1600 kilómetros sin sobresaltos hasta llegar el 16 de marzo a Aguas Blancas.
Encripdata pudo saber que el broker que operó la exportación se trata de Southpac Corp, radicado en Panamá, y que la transportista se trata de Cooperativa de Transporte Nacional e Internacional Tarija del Sur RL, de Bolivia. Pero hay más involucradas: la compañía uruguaya que despachó el cargamento, la boliviana que lo reclamó y la argentina que intervino en la confección de la documentación aduanera.
El Registro Nacional de Precursores Químicos (RNPQ) resolvió una interdicción administrativa: ni el broker ni la transportista ni los vehículos estaban inscriptos en este organismo de control para habilitarlos a transitar territorio argentino. Si bien existe una disposición que les permite a las empresas extranjeras no registradas ante ese organismo realizar excepcionalmente un transporte por el país, este no era el primero sino el quinto en un período breve.
En 2020, la transportista boliviana ya había sido investigada por realizar una ruta muy similar, entre Fray Bentos, Uruguay, y Pocitos, Bolivia, para el contrabando de residuos eléctricos y electrónicos peligrosos.
Y en este caso, la hoja de ruta marcaba que los dos camiones, con el acetato de etilo, debían cruzar por Pocitos y no por Aguas Blancas. El contexto tampoco ayuda: en esos días, la DEA extrajo al líder del Primer Cártel Uruguayo (PCU), Sebastián Marset, desde Santa Cruz de la Sierra hacia un tribunal de Virginia.
Marset negocia declararse culpable en los Estados Unidos.
Acá, los teléfonos de los choferes también podrían hablar.
Somos un medio especializado en el crimen organizado en la Argentina, sus relaciones subterráneas y sus conexiones internacionales. Hacemos periodismo de investigación sin recurrir a pauta oficial ni a publicidad privada. Somos Encripdata, el hilo invisible entre el crimen y el poder. Si te gustó esta historia, ayudanos a contar la próxima.
About Author
