Efedrina, cocaína y millones: el año en el que «Mencho» desembarcó en Argentina
2008, el año en el que "Mencho", capo del CJNG, desembarcó en Argentina. Crédito: Encripdata.
«Ya aboné las rentas de la bodega y el elevador. Como decimos en Argentina, «nos ponemos la camiseta» y yo tengo puesta la de Nuevo Milenio. Nos vemos en Buenos Aires. Y aguante Cruz Azul». A principios de 2008, un funcionario de la Municipalidad de General Rodríguez estaba ayudando a dos mexicanos a instalar su empresa exportadora, como reflejaban los mails a los que accedió Encripdata. Quizás no lo sabía, pero estaba colaborando con el desembarco en la Argentina del cártel con el que, años después, Nemesio Oseguera Cervantes, alias «Mencho», se convertiría en el capo más poderoso del mundo, por debajo de Pablo Escobar en los años ochenta en Colombia, pero por encima del «Chapo» Guzmán en México.
Casado con Rosalinda González Valencia, «Mencho» escaló posiciones en el Cártel del Milenio, fundado por su suegro, Armando Valencia Cornelio, alias «Maradona». La organización operaba en Jalisco en alianza con Ignacio «Nacho» Coronel, número tres del Cártel de Sinaloa. Sus 18 cuñados, conocidos como Los Cuinis -como esa ardilla que tiene facilidad para reproducirse-, eran la facción más importante. A la muerte de «Nacho» y la detención de varios líderes del Cártel del Milenio, «Mencho», apoyado por Los Cuinis, fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación en 2010.
Gracias a la experiencia de Los Cuinis, «Mencho» entendió rápido que los cárteles mexicanos, en el nuevo milenio, debían actuar en células inconexas, es decir, sin relación entre sí para que la caída de una no arrastrara a otras. Y eso mismo hizo cuando desembarcó en la Argentina en 2008.
Los contactos iniciales los hicieron otros dos argentinos: un gerente de Edenor y un empresario de la zona oeste. Ya para abril de 2008, los dueños de Nuevo Milenio tenían un depósito en la calle Yrigoyen al 300, a ocho cuadras de la Muncipalidad de General Rodríguez. Tenían intenciones de hacer «grandes negocios», querían tener las cosas en regla antes de «chambear fuerte», los tachos azules se empezaban a apilar.
Todo cambió el 7 de agosto de 2008: las ejecuciones de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, que pasó a la historia como el triple crimen de General Rodríguez, arruinó las operaciones de Nuevo Milenio y de todas las células de todos los cárteles en la Argentina.
En ese galpón, el 29 de agosto de 2008, la Policía Bonaerense halló tachos azules con restos de efedrina. Los cárteles habían bajado a Buenos Aires para comprar ese precursor químico, prohibido en México, y venderlo, ya como mefantemina, en Estados Unidos.
En Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner no quiso prohibir la efedrina, como le exigía la DEA, pero sí la consideró una sustancia controlada, como recomendaba un organismo internacional. En los papeles nada más. La Sedronar, la Aduana y la SIDE sabían todas y cada una de las empresas que lo comerciaban. Este precursor químico era una de las cajas de la política. Si la industria farmacéutica local necesitaba 156 kilos de efedrina por año para fabricar remedios, por el país pasaron 40 toneladas entre 2004 y 2008 que terminaron en manos de los cárteles mexicanos. Con el triple crimen, la DEA obligó al gobierno de Cristina Kirchner a restringir las importaciones al máximo. Al año siguiente, las compras bajaron a 29 kilos.
Así, mientras el Gobierno buscaba contener el escándalo por la ruta de la efedrina, la DEA operaba judicialmente para intentar conectar el triple crimen de General Rodríguez con el doble crimen de Unicenter y los medios vendían titulares sobre Buenos Aires como la nueva Sinaloa del «Chapo» Guzmán, una segunda célula de «Mencho» se instaló en la zona oeste. Su contacto era un despachante aduanero de Gualeguay, Entre Ríos, pero con servicios en el puerto de Buenos Aires y en Uruguay. Para septiembre, ya tenía un depósito en la avenida Illia al 2300, ex ruta 8, San Miguel.
Sin embargo, alguien habló: la oficina de la DEA en Buenos Aires alertó a la Policía Federal (PFA). Y hasta le aportó un nombre, un teléfono, una patente de auto y una dirección para comenzar a investigar.
Pero la DEA y la PFA no eran los únicos detrás de ese galpón. El comisario retirado Alberto Molina también tenía el dato sobre el depósito. Este expolicía de General Rodríguez le ofreció a la familia Ferrón investigar por su cuenta, una especie de detective privado, en paralelo al expediente de la fiscal Ana María Yacobucci. «Patón» Molina, como lo conocían, fantaseaba resolver el triple crimen para lanzarse con fuerza como candidato a intendente.
No estaba solo en la misión, lo secundaban dos hombres de la misma zona, el teniente primero Eduardo Fabián Ocampo, que prestaba servicios en la Secretaría de Delitos Complejos de la Provincia de Buenos Aires, y, el más joven de los tres, el oficial Rafael Fernando Portillo.
«Patón» Molina recibió un dato: Pedro Tomás Viale, alias «Lauchón», de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), le dijo que unos mexicanos llevarían 2 toneladas de efedrina a ese depósito de San Miguel.
El 13 de noviembre de 2008, al mediodía, «Patón» Molina y los dos policías bonaerenses entraron en acción. Uno se puso un chaleco de la fuerza, pero no mucho más, no tenían orden para allanar ni computadora para escribir el acta. Apostados a metros de allí, policías pero de la Federal le avisaron al juez lo que estaba sucediendo, recibieron la autorización para irrumpir y encontraron al «Patón» Molina y los otros dos hablando amablemente con los mexicanos. Era evidente que no buscaban arrestarlos sino sacarles información para conectar la ruta de la efedrina con el triple crimen. Todos arrestados.
«Lauchón» Viale era agente encubierto de Contrainteligencia.
«Patón» Molina había caído en la trampa.
La SIDE, que solía caminar con la DEA y la PFA, cortó así la investigación privada de la ruta de la efedrina y el triple crimen.
Años después, en el juicio, la SIDE les puso sus abogados a «Patón» Molina y compañía, logró que el tribunal los absolviera y, así, sentenció: acá no había pasado nada.
Como sea, en el galpón de San Miguel no había 2 toneladas de efedrina sino 750 kilos de cocaína. Los «ladrillos» eran de colores varios. Por eso el operativo se llamó Arco Iris. La pureza superaba el 90 por ciento. Algunos tenían un sello bajorrelieve: LG, como la empresa electrónica surcoreana.
La Policía Nacional de Colombia informó que ese sello coincidía con los «ladrillos» elaborados en un laboratorio en La Jaula, zona rural de Cumaribo, departamento de Vichada. Esa zona era controlada por el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo (Erpac) de Pedro Oliverio Guerrero Castillo, alias «Cuchillo», y Daniel Barrera Barrera, «el Loco», con relaciones con Los Rastrojos, un brazo del Cártel del Norte del Valle.
Los Rastrojos y Los Cuinis tenían negocios en común: el contrabando de 30 toneladas de cocaína entre 2004 y 2009. El 70 por ciento era para Estados Unidos; el 30 por ciento restante, para Europa. Cada vez que coronaban, Los Rastrojos, Los Cuinis y el Cártel del Milenio se dividían las ganancias en partes iguales, como confesó Oscar Nava Valencia, alias «Lobo», ante un tribunal de Columbia. Una de las rutas de tránsito hacia el viejo continente era Argentina.
En el depósito de San Miguel, con los «ladrillos» de LG, cayeron los mexicanos José María Rodríguez Ceja -a veces identificado como Jerónimo Morales Rocha– y Abraham Martínez Calderón. Eran de Jalisco. De allí también era Otoniel Rubio Silva, financista del contrabando y hombre de confianza de «Mencho».
Y, entonces, por su lado, Gerardo González Valencia, cuñado de «Mencho» y número dos de Los Cuinis, decidió mudarse con su familia a Puerto Madero. El 4 de diciembre de 2008, sus operadores usaron el domicilio legal de un taxista de Ituzaingó para inscribir la empresa Círculo Internacional SA ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Siempre la zona oeste.
La idea de Gerardo era abrir varias sucursales de la tienda «Corner, mi lugar»: en Puerto Madero, frente al Congreso y a metros del Obelisco. Para no tener que estar en el día a día, contrató como gerente a un argentino y a un exmodelo italiano. En total, el número dos de Los Cuinis gastó 1,8 millones de dólares. Pensaba invertir 2,5 millones más. También derramó sus millones en Uruguay.
La familia de Gerardo vivió con bajo perfil en Puerto Madero hasta que el 10 de marzo de 2009 sus operadores mexicanos tuvieron un accidente de tránsito. Cuando los agentes de Prefectura les solicitaron los papeles del auto, uno de ellos los amenazó: «En mi país ya estarían muertos».
Hablaban en serio. El 1 de mayo de 2015, el Ejército de México activó la Operación Jalisco: capturar a «Mencho». Cuando sintió el sonido de los rotores sobre sus cabezas, Rubén Oseguera González, «Menchito», hijo del capo, ordenó derribar los helicópteros. Uno cayó en Villa Purificación. Nueve elementos fallecieron en el acto. El suboficial de inteligencia Iván Morales Corrales sobrevivió aferrándose a la noticia que le alegró la mañana: su pareja llegó a contarle que estaba embarazada.
Morales, el 70 por ciento de su cuerpo quemado y con 15 cirugías reconstructivas, recibió la condecoración al Mérito Policial de Primera Clase de manos del presidente Enrique Peña Nieto. En 2023,declaró como testigo protegido en el juicio contra «Menchito» ante un tribunal de los Estados Unidos. Aunque el fiscal dijo proteger su identidad para evitar represalias, la descripción física que hizo del testigo terminó por ponerlo en riesgo.
A su vuelta a México, alguien ejecutó a Morales y a su esposa.
Fue, exactamente, el 1 de mayo de 2025 en Temixco, Morelos.
Sí, diez años después de sobrevivir a la caída del helicóptero.
Como para que no hubiera dudas sobre quien dio la orden.
Este 22 de febrero, el Ejército, con información de la DEA, abatió a «Mencho», el último capo mexicano con incidencia en el narcotráfico internacional.
Algunos contactos locales del CJNG, esos que abren puertas, siguen viviendo en Argentina.
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