Milei le aceptó la renuncia a Bailaque, el juez que compartía contador con un capo narco
Milei le aceptó la renuncia a Bailaque, el juez que compartía contador con Alvarado. Crédito: Rodrigo Miró.
No mató ni mandó a matar, no amenazó ni mandó a amenazar a otros magistrados, no vendió cocaína ni lavó plata manchada con sangre, al menos no hay pruebas de eso, pero incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución y prevaricato mediante posibilitó que Ariel Máximo «Guille» Cantero y Esteban Lindor Alvarado, en su guerra sin límites, convirtieran a Rosario en la ciudad más peligrosa del país. Sin embargo, este martes, el presidente Javier Milei le aceptó la renuncia al juez federal Marcelo Bailaque.
Lo hizo a través del Decreto 443, firmado además por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. De esta manera, Bailaque, con la renuncia aceptada, le puso fin al jury de enjuiciamiento en su contra, porque el proceso devino en abstracto y, además, se garantizó percibir su haber jubilatorio como magistrado, en riesgo si el Consejo de la Magistratura avanzaba en su destitución. Lo que no consiguió fue borrar su pasado, ese que lo llevó a la prisión domiciliaria, próximamente con tobillera electrónica.
Todo comenzó la mañana del 9 de abril de 2013 cuando un policía retirado pidió declarar con reserva de identidad. Después explicó por qué: «Vengo a denunciar a una banda que vende drogas con la Policía». Se refería a Luis Medina y el propio Alvarado. Esa denuncia, que debía investigar el juez Bailaque, nunca prosperó.
Doce años después, los fiscales Federico Reynares Solari, de Rosario, Diego Iglesias y Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), detallaron los hechos imputados al juez Bailaque, no solo por el caso Alvarado sino también por extorsiones, en un expediente cada vez más grande que ya cuenta con el exjefe de la exAFIP Rosario, Carlos Vaudagna, como imputado colaborador, o sea, como arrepentido.
Bailaque rechazó categóricamente haber tenido relación alguna con Alvarado: «No tengo nada que ver con el mundo narco, no me pueden asociar con eso», contó el periodista Rodrigo Miró. Y recordó que fue él quien lo procesó en 2019 por narcotráfico y en 2022 por lavado de activos. Sin embargo, a la hora de las preguntas, dijo que no las respondería, tal vez porque con solo resumir la cronología de los hechos, los fiscales desarmarían su defensa.
En los papeles, hasta el día en el que el policía retirado lo denunció por narcomenudeo, Alvarado parecía ser un simple «cortador2 de autos entre Buenos Aires y Rosario, actividad por la que al 2013 estaba empezando a cumplir una pena de 6 años y 6 meses de prisión.
En Rosario, en cambio, era vox populi el origen de la fortuna del socio de Alvarado: en la ciudad todos sabían que Medina era narcotraficante. Pocos, en cambio, sabían quién lo mandó a matar la noche del 30 de diciembre de 2013.
Como sea, el fiscal federal le dio impulso a la denuncia del policía retirado. Medina quedó fuera de juego rápido. Alvarado, en tanto, operaba desde la cárcel. La clave para avanzar, entonces, era investigar a sus círculos íntimos. Sin embargo, el 15 de mayo de 2014, el juez Bailaque rechazó por primera vez el pedido para intervenir la línea telefónica terminada en 0211 utlizada por Rosa Capuano, esposa de Alvarado.
Entre el 15 de mayo de 2014 y el 14 de octubre de 2015, el magistrado rechazó, demoró o ni siquiera contestó los pedidos para escuchar las conversaciones de la esposa, del hermano y del testaferro de Alvarado, de la expareja de Medina y de las líneas telefónicas de la empresa del clan, Logística Santino SRL, según la acusación fiscal a la que tuvo acceso Encripdata.
Los investigadores, de alguna manera, siguieron adelante, tanto que le solicitaron la prohibición general de bienes y el embargo preventivo de activos de los miembros de la organización, pero el magistrado, como respuesta, ordenó realizar medidas previas.
El juez Bailaque y su negativa para avanzar hicieron posible que Alvarado recuperara la libertad ni bien cumplió los dos tercios de la pena por robar autos. No fue por mucho tiempo: la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de Santa Fe lo arrestó la tarde del 2 de febrero de 2019 en Embalse Río Tercero, Córdoba. Ya no lo buscaban por «cortar» autos sino por mandar a matar al prestamista Lucio Maldonado.
El crimen de Maldonado y la incautación de 493 kilos de marihuana en Río Negro no solo complicaron a Alvarado, que de ahí en adelante amenazaría a funcionarios judiciales para evitar condenas, sino al propio Bailaque. Ya no era el único que tenía en sus manos expedientes de Alvarado. Ya no tenía más el monopolio de la fuerza judicial.
Entonces, sí, lo procesó en 2019 por una operación de narcotráfico -seis años después de la primera denuncia- y en 2022 por operaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Al final, diversos tribunales condenarían a aquel y otros miembros del clan por esos y otros delitos.
Pero lo hecho, hecho estaba y no lo podía borrar. Y el periodista Germán de los Santos, en Iceberg, reveló una conexión que terminó por explicar esta historia: el juez y el capo narco rosarino compartían contador, Gabriel Mizzau, quien, incluso, llevó a trabajar a su hijo al juzgado federal.
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