Mataron, tiraron el cuerpo desde una camioneta y un sospechoso fue identificado, pero archivaron la causa
Martín, el vendedor de pastillas de éxtasis asesinado en Caballito. Crédito: Encripdata.
-Dale, yo estoy yendo, en 10′ estoy.
-Yo creo que también, depende del tránsito, igual va rápido.
-¿Vos vivís ahí en Donato?
-A una cuadra, sí. Esperame en la esquina del kiosco, estaciona el auto ahí y esperame a pie ahí. Y nos subimos a un taxi.
-Dale.
-Yo ya estoy. Estoy subiendo a agarrar eso.
-Dale, yo también ya llego, ¿dónde estás?
-Bajando de casa.
-Te espero en el kiosco.
-Estoy, ¿vos?
-También.
-No te veo.
-¿En qué kiosco estás?
-Free Hugs. Está en la esquina.
-Estoy en el otro. ¿Me ves?
-Voy.
A las 21.36 horas, dos jóvenes se saludaron en la esquina de Avellaneda y Donato Álvarez, frente a la Plaza del Ángel Gris, en el límite entre Flores y Caballito. Iban a realizar una compraventa de «dos equipos nazi amarilla, un equipo tortuga ninja verde y flores» por 50 mil pesos. En realidad, el comprador, como decía tener que cuidar a su bebé, le avisó al vendedor que mandaría a su «hermano», con quien, finalmente, acordaron aquel punto de encuentro.
Un minuto después, desde una camioneta utilitaria en movimiento tiraron un cuerpo en la calle Aranguren al 1800, a la vuelta de la plaza. Era Osvaldo Martín Rodríguez, el vendedor de las pastillas de éxtasis. Según la operación de autopsia, falleció producto de hemorragias internas y externas a causa de múltiples heridas cortopunzantes en el tórax. Tenía 24 años.
En la escena del crimen, la Policía de la Ciudad halló la billetera de la víctima con 750 pesos, los documentos y el celular. Solo faltaban las 300 pastillas, como pudo reconstruir Encripdata.
Todo eso sucedió el 30 de julio de 2017. Hoy, siete años después, las autoridades no solo no arrestaron al comprador ni al «hermano» que envió sino que archivaron el expediente.
Entre el 4 de agosto de 2017 y el 9 de marzo de 2018, el juez Manuel De Campos, el juez federal Ariel Lijo y su par Marcelo Martínez de Giorgi discutieron la asignación de la investigación, primero por la materia, es decir, las circunstancias alrededor del crimen, y, una vez radicado en el fuero federal, después por establecer el juzgado federal a cargo.
En el medio, tras identificarlo, el fiscal Martín Niklison solicitó el allanamiento, la detención y la indagatoria del comprador de las pastillas que envió a su «hermano» a concretar la compraventa con la víctima, pero el juez De Campos no hizo lugar al pedido al considerar que aquello podría frustrar la individualización del coimputado, es decir, del asesino, y declaró por primera vez la incompetencia en razón de la materia al entender que el crimen se produjo en el contexto de actividades compatibles con el narcotráfico porque la víctima tenía 100 pastillas más con forma de tortugas ninjas verdes en el departamento.
Entre 2018 y 2020, las autoridades se dedicaron a tomar testimoniales a los familiares. El padre contó que dos semanas antes del crimen, su hijo prometió en las redes sociales: «Yo juré que me las ibas a pagar cueste lo que cueste», un mensaje que relacionó con problemas de trabajo, pero, en realidad, Osvaldo Martín Rodríguez, mecánico de bicicletas de día, se llevaba mal con uno de los dueños del local, eso hizo que lo echaran, aunque el mismo día acordaron una indemnización que lo dejó conforme. Y todo eso fue en marzo. La madre, en cambio, desconfió de la novia. De día, trabajaba en un supermercado, donde vendía pastillas. De noche, también, pero en boliches junto a la víctima.
De hecho, un tribunal condenaría mucho después a la novia a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso la comercialización de éxtasis. Al momento del crimen, la víctima arrastraba una imputación por lo mismo: la noche del 26 de marzo de 2017, la Policía de la Ciudad lo detuvo por tener siete pastillas para vender en boliches del Rosedal de Palermo.
Llamativamente, por esas siete pastillas, dos abogados se presentaron para defenderlo, dos abogados a los que Osvaldo Martín Rodríguez nunca hubiera podido pagar los honorarios ni vendiendo día y noche, dos abogados más acostumbrados a grandes casos de narcotráfico, el mundo barra y los servicios de Inteligencia.
Esos abogados, 28 días después, renunciaron «por motivos que impiden continuar con el ejercicio de la defensa».
Luego, otros dos letrados, con un perfil más mediático, tuvieron un paso aún más fugaz.
Entonces, volvió a recurrir a los primeros dos. Sin embargo, el 1° de septiembre renunciaron por segunda vez «por motivos que nos impiden continuar con el ejercicio de la defensa». Para esa fecha, a Osvaldo Martín Rodríguez ya lo habían matado en Caballito, pero estos dos abogados no lo notificaron al juzgado. Tal vez, ni siquiera estaban enterados. Simplemente, abandonaron el caso.
De regreso a la investigación del crimen, tras esos siete meses de discusiones entre los jueces, las autoridades intervinieron el teléfono del comprador de las pastillas, pero no mucho más, los años transcurrieron sin novedades.
Mientras tanto, en mayo de 2019, María Eugenia Capuchetti asumió en el juzgado federal 5 -donde estaba radicado el expediente-, vacante desde abril de 2016 por la renuncia de Norberto Oyarbide. La jueza es hija de Carlos Alberto Capuchetti, comisario retirado de la Policía Federal devenido en jefe de seguridad de la Selección argentina en tiempos de Julio Humberto Grondona.
Finalmente, el 5 de mayo de 2021, por pedido del fiscal federal Federico Delgado, la jueza Capuchetti decidió darle intervención a policías federales del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado para que localizaran al comprador de las pastillas.
El fiscal subrayó: «Recordemos que habría sido quien acordó la compra de una gran cantidad de pastillas de éxtasis y marihuana con la víctima, previo a su muerte. Si bien aún no fue acreditado ni descartado que él haya sido quien le quitó la vida, lo cierto es que se trataba de una compra que por su gran cantidad, excedería el consumo personal«.
Nueve días después, la Federal entregó información completa del objetivo: dirección, teléfonos, autos, redes sociales, relaciones familiares y hasta el seguimiento encubierto hacia una clínica, con foto y todo. Lo único que no pudo establecer fue si este sospechoso continuaba vinculado a la comercialización de estupefacientes.
A pesar de toda esa información, el fiscal Delgado solicitó el archivo del expediente: «Para la fiscalía recaía una fuerte sospecha sobre su participación en el hecho, toda vez que había sido él quien coordinó la reunión para la compra de la droga con la víctima, y que, además, horas más tarde de la muerte, cambió su línea celular. Daba para intentar un interrogatorio. Pero el magistrado que estaba a cargo en aquel entonces no prestó atención a la hipótesis de la fiscalía y el paso del tiempo resignificó esa sospecha porque aquella tesis sobre el homicidio tenía implicancias contextuales que hoy, precisamente, porque no se le prestó atención entonces, carecen de eficacia procesal. El expediente, a cuatro años de los hechos, está en un callejón sin salida».
«La Constitución Nacional no tolera que una causa judicial permanezca abierta como un ‘eterno durante’ a la espera que el acaso suministre -o no- alguna nueva prueba», cerró.
Sin más, el 12 de julio de 2021, la jueza Capuchetti ordenó archivar el expediente.
Por si no se entendió: una noche, la Policía de la Ciudad arrestó a la víctima por tener siete pastillas para la venta, pero la jueza y el fiscal decidieron no avanzar contra una persona que organizó la compraventa de 300 pastillas de éxtasis que terminó en un asesinato registrado por cámaras de seguridad en Caballito.
En el camino, las autoridades ordenaron seguir la camioneta utilitaria equivocada.
Perdieron el cuchillo con el que acuchillaron al vendedor de pastillas.
Dañaron la pericia sobre el teléfono de la víctima.
Y no detuvieron al comprador para no alertar al «hermano» que fue al encuentro.
Como si este segundo sospechoso no se hubiera dado cuenta que mató a una persona.
En los últimos días, la familia de la víctima consiguió reabrir el expediente, aunque con el mismo juzgado y la misma fiscalía, ahora a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo tras la muerte de Delgado en agosto de 2023.
Pero hoy como ayer, la posibilidad de hacer justicia es ciertamente incierta.
Y no porque no haya pruebas para poder avanzar, hoy como ayer.
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