La Justicia puso en duda el uso de máscaras por parte de guardiacárceles porque causan «traumas» a hijos de presos de «alto riesgo»
La Justicia puso en duda el uso de máscaras por parte de guardiacárceles. Crédito: MSeguridad.
El Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) todavía no cumplió cien días de vigencia y los presos ya llenaron todos los juzgados de habeas corpus. Esta vez, un interno de Ezeiza aseguró que el nuevo uniforme de los guardiacárceles les provocaron traumas a sus hijos.
La asesora de menores, en representación de los hijos de 7 y 8 años de este preso de «alto riesgo», informó que a principios de febrero concurrieron a la visita familiar, «quedaron traumados porque el personal penitenciario los recibió encapuchados» y «estuvieron varios días traumatizados, sin dormir y tampoco lo pueden llamar para saber cómo está o contarle cosas». Encripdata se reserva el nombre del interno para resguardar la identidad de los menores.
Por esto, la asesora de menores planteó dos opciones: ajustar el uniforme de los guardiacárceles durante las visitas familiares, es decir, que no estén con las caras «encapuchadas», o trasladar al padre a la cárcel de Devoto, donde el SPF no implementó este sistema para presos de «alto riesgo».
El juez federal que analizó el habeas corpus rechazó los dos pedidos y recordó que el SPF calificó a este interno como de «alto perfil» en noviembre de 2023, o sea, cuando Javier Milei aún no había asumido como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y cuando ni siquiera existía este sistema para recuperar el control de las cárceles.
Sin embargo, la asesora de menores apeló la decisión y, ahora, los jueces Carlos Alberto Vallefin y Roberto Agustín Lemos Arias, de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, le ordenaron al magistrado de la primera instancia que vuelva a analizar el habeas corpus y debata «el uso de capuchas, máscaras o elementos similares por parte del personal del Servicio Penitenciario Federal durante las visitas a las que concurren sus hijos menores de edad«.
En su segunda gestión al frente de la Seguridad, Bullrich sumó áreas vinculadas a la problemática que no había tenido a cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. Así, absorvió el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y la quinta fuerza federal: el Servicio Penintenciario (SPF).
El sistema integral de gestión para personas privadas de la libertad tiene como objetivo «implementar estrategias institucionales para enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el SPF, mediante la evaluación, clasificación y separación de grupos homogéneos para gestionar el alto riesgo individual que presentan».
Desde enero, el SPF clasificó a los presos e incorporó al sistema a los de «alto riesgo», es decir, aquellos con altos o muy altos niveles de riesgo de fuga; altos o muy altos niveles de riesgo comunitario, o sea, riesgo de violencia hacia la comunidad; riesgo de dirigir o participar de actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios con impacto en la comunidad; riesgo de corrupción y/o violación del régimen interno con propósitos criminales; y riesgo de entorpecimiento de investigaciones judiciales.
La incorporación al sistema puede realizarse en cualquier momento, con solicitud de jueces, fiscales, áreas de investigación judicial y/o criminal y del propio servicio penitenciario, pero la decisión final es facultad exclusiva del SPF.
La permanencia en el sistema debe extenderse lo estrictamente necesario. Por eso, la evaluación del riesgo individual es periódica y quienes ya no representen alto riesgo, son reasignados a otros sectores.
Así, las personas privadas de la libertad pueden ser excluidas por haber disminuido objetivamente los riesgos o por razones de salud física o mental por las que resulte necesario su alojamiento en sectores asistenciales.
El Servicio Penitenciario Federal concentra a los presos de «alto riesgo» en sectores con estrictas medidas de seguridad física, separados de la población general y en establecimientos emplazados en territorios donde no haya influencia de las organizaciones criminales locales o transnacionales.
El SPF debe garantizar la matriz vincular: continúan teniendo visitas de contacto con familiares directos y excepcionalmente, con personas allegadas, en este caso con contacto diferido en sala de locutorio individual, al igual que las visitas de abogados particulares o defensores oficiales.
Para comunicarse con el exterior deben utilizar teléfonos públicos, son monitoreados a través de un circuito cerrado de televisión (CCTV) con grabación, pero sin sonido para respetar la confidencialidad del contenido de las conversaciones, solo pueden realizar llamadas, pero no recibir y los abonados habilitados están enlistados. No pueden brindar entrevistas a los medios. Y los periodistas no pueden ingresar a estos pabellones especiales.
Para evitar las fugas, el SPF redujo los traslados al máximo y en todo caso los hace con el apoyo del Grupo Especial de Intervención y con aviso a las fuerzas de prevención jurisdiccionales.
Y para evitar que los presos de «alto riesgo» corrompan a los guardiacárceles, el Servicio Penitenciario Federal hace una selección del personal, les brinda capacitación para el contacto directo con aquellos, los rota de manera periódica, los identifica a partir de un sistema de codificación en vez de sus datos personales en los uniformes, implementa varios anillos de seguridad entre estos sectores especiales y el exterior y establecerá rutas de traslado confidenciales y variadas.
Y, precisamente, les ordenó usar máscaras para que los presos y los familiares no puedan identificarlos ni amenazarlos. Eso lo vivió en carne propia Diego Alejandro Morel, flamante número dos del SPF. No hace mucho, a Morel lo reconocieron, le hicieron inteligencia, recibió un mensaje de texto con los nombres de sus hijos y un tiratiros abrió fuego contra la casa de su padre.
Pero ahora, por los «traumas» de los hijos de este preso, la integridad de los guardiárceles y sus familias también están en duda.
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