Embargaron por 1 millón de dólares al abogado que en vez de defender a sus clientes narcos, les armaba causas con la fiscalía y la Policía
Gustavo Semorile, el abogado que estuvo 1300 días prófugo. Crédito: Encripdata.
Después de permitirle declarar dos veces, porque decía tener mucho para aportar y aclarar, el juez federal Emiliano Canicoba finalmente procesó con prisión preventiva al abogado Gustavo Alberto Semorile y lo embargó por mil millones de pesos, es decir, un millón de dólares, al tipo de cambio libre, pudo saber Encripdata.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez decidieron arrestar al abogado Semorile el 24 de julio de 2020 porque lo consideraban miembro de la organización narcocriminal encabezada por el entonces fiscal Claudio Scapolan, quien terminaría procesado por el robo de media tonelada de cocaína -hallada, pero no incautada oficialmente- en el operativo Leones Blancos del 29 de diciembre de 2013.
A Scapolan le reprocharon su actuación en cinco casos agregados al megaexpediente de Leones Blancos. El 17 de abril de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados bonarense, por mayoría, lo destituyó de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de San Isidro y decretó su inhabilitación para ocupar en adelante otro cargo judicial.
Al abogado Semorile, en tanto, lo vincularon a dos de esos casos: Bustamante -investigación irregular sobre el clan Molina- y Basaldúa -sobre el clan del famoso Claudio Andrada, alias «Piturro» o «Gallo», también extorsionado por el entonces juez federal Raúl Reynoso en Salta-.
En total, la jueza Arroyo Salgado ordenó 53 detenciones, entre policías bonaerenses, dos secretarios del entonces fiscal Scapolan, abogados, testigos truchos y narcotraficantes.
Dos de los arrestados fueron Francisco García Maañon y Matías Pedersoli, dos letrados que trabajaban en el estudio jurídico de Semorile. Ante semejante escenario, decidieron convertirse en imputados colaboradores.
Y ante la magistrada, al declarar como «arrepentidos», apuntaron con todo hacia él. Según Pedersoli, dos narcotraficantes de la zona oeste se cansaron del juego de Semorile: «Me dijeron que era la historia de siempre: que los citaba y les decía que la Policía los estaba investigando y les pedía plata para que dejaran de perseguirlos».
Los defensores de los principales acusados contraatacaron: quisieron correr a la jueza, al fiscal y hasta a la querella de dos víctimas de la organización narcocriminal. Consiguieron apartar a Arroyo Salgado. El caso recayó en el juzgado de Canicoba, siempre con la instrucción delegada en la fiscalía de Domínguez.
Así, después de 3 años y 6 meses sin rastros, la Gendarmería arrestó a Semorile. El juez y el fiscal le dieron dos oportunidades para contestar las imputaciones en su contra, pero sus respuestas no fueron suficientes: el magistrado lo procesó por ser miembro de la asociación ilícita y, en particular, como partícipe necesario del cohecho activo a los Molina y como coautor de la extorsión a los Andrada.
Estos clanes no renegaban de vender drogas, pero nunca imaginaron ser traicionados por su abogado, que en vez de defenderlos, les armó causas con la banda de Scapolan.
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