La Cancillería no sabe, no contesta: la clave para cerrar una investigación contra el jefe del Comando Unificado de Rosario
La prueba clave por la que absolvieron al "Gallo" Andrada. Crédito: Encripdata.
El juez federal Julio Bavio sobreseyó el 14 de octubre al comandante mayor Ricardo Daniel Castillo por el armado de una causa contra el narcotraficante Claudio Andrada, alias «Gallo» o «Piturro», en el 2009 en Salta, según la resolución a la que tuvo accedo Encripdata. El gendarme beneficiado es ni más ni menos que el jefe del Comando Unificado de las fuerzas federales en Rosario, es decir, el hombre designado en mayo por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández para intentar recuperar la seguridad en la ciudad más peligrosa del país -según la tasa de homicidios-.
El otro gran beneficiado fue Favio Waldo Benegas, jefe de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Gendarmería. A principios de año, cuando fueron llamados a indagatoria, uno de los dos gendarmes hizo correr la versión de que había armado la causa, pero por orden de un superior, es decir no negó el hecho ni su responsabilidad, pero, como le confiaron dos fuentes judiciales a este medio, apuntó hacia arriba.
Lo sucedido en 2009 recién salió a la luz en 2017 cuando el tribunal de Salta, después de la testimonial de un gendarme, ordenó allanar la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) de Orán para secuestrar elementos que no habían sido agregados al expediente contra el clan Andrada. Después, en vez condenarlos, los jueces anularon todo porque consideraron, a partir de esas pruebas novedosas, que la causa había sido armada.
En ese allanamiento, el fiscal de juicio Carlos Amad encontró el mail enviado el 16 de septiembre de 2009 por Benegas a su superior Castillo, jefe de esa Uesprojud.
El correo rezaba: «Daniel: te adjunto el posible texto de la denuncia anónima que enviaríamos por mail para comenzar el trabajo. Notarás que es un poco larga, pero es a los efectos de introducir la mayor cantidad de teléfonos y que de esta manera se nos faciliten las cosas para obtener elementos de forma rápida que nos permitan sostener y avanzar en la investigación hasta encontrar los nuevos teléfonos que están usando y los domicilios. Evalualo con el doctor Reynoso y si deciden que es viable, lo enviaríamos al correo de la Dirandro, y el impreso del correo te lo enviaríamos a vos por expediente para que realices la presentación en la justicia jurisdiccional. También pensé en hacer un escrito para que vos lo presentes con tu firma, como obtenido de un análisis, pero a futuro nos pueden objetar de donde obtuvimos los números telefónicos, que son muy precisos. Quizás la fuente de donde provienen sea el origen de una futura nulidad. A un anónimo nadie lo objeta. No obstante, espero tu respuesta de la entrevista con el doctor Reynoso. Te mando un abrazo, nos mantenemos contacto. Favio Benegas».
En ese posible texto de la denuncia anónima, con la excusa de que el supuesto jefe «Gayo» (sic) no le pagó lo prometido, el supuesto traficante traicionado lo denunció y entregó en el anónimo no uno ni dos sino ocho teléfonos de los cómplices.
Tras la falsa denuncia anónima del 23 de septiembre de 2009, Castillo le presentó el 1 de octubre un informe al juez federal Raúl Reynoso. Así empezó oficialmente la investigación contra el clan Andrada. El magistrado llevó adelante varias causas contra el «Gallo» con ese modus operandi: hacía detener a sus cómplices, secuestraba cargamentos, dejaba pasar el tiempo para que los medios se olvidaran y luego los beneficiaba con faltas de mérito o excarcelaciones.
Lo que hacía Reynoso quedó al descubierto en 2016. Aunque no por lo hecho contra el clan Andrada, un tribunal de Salta sentenció en el 2019 al exjuez a 13 años de prisión por armar, justamente, causas a otros narcos para exigirles plata a cambio de favores judiciales. Tras seis años en prisión, la Justicia lo benefició con la prisión domiciliaria para cuidar a su esposa.
Después, sí, la Justicia avanzó en el capítulo Andrada: a principios de este año, el juez Bavio indagó a Reynoso, Castillo, Benegas y Sergio Nicolás Guaymas, el gendarme que reconoció en el juicio cómo se había armado la denuncia anónima contra el «Gallo». La clave, entonces, fue el mail en el que Benegas le propuso a Castillo blanquear la información a través de una denuncia anónima, que «nadie lo objeta», para evitar la «futura nulidad».
En la indagatoria, Benegas aseguró que la cuenta desde la que se envió el mail no era suya. Por su parte, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo de Horacio Azzolin, aportó un informe de Microsoft Corp en el que constaba que «no se pudo localizar la cuenta de mail» adjudicada a Benegas ni se pudo identificar redes sociales u otros correos electrónicos relacionados a los acusados.
En consecuencia, el juez Bavio le solicitó ayuda a la Ufeci para obtener información de la cuenta elcolonoismael@yahoo.es, desde donde partió la denuncia anónima.
Palabras más, palabras menos, desde la Ufeci adelantaron el 6 de mayo que sería muy difícil recibir una respuesta satisfactoria por parte de Verizon Communications, dueña de Oath Inc, la fusión entre AOL y Yahoo!, porque algunas cuentas de mail son administradas por la filial de los Estados Unidos y otras por la de Irlanda: «Consecuentemente, no siempre resulta tan sencillo obtener esta información (puesto que entran en juego estas particularidades) además de que el grupo empresarial también resulta puntilloso con sus debidos encabezamientos de pedidos en cuanto a la razón social y a la casilla de asuntos legales donde se debe enviar el pedido, que -por cierto- ha ido variando en el tiempo. Si ello no se cumple acabadamente, el pedido es rechazado in limine. Por todo lo expuesto, damos por concluida nuestra intervención y quedamos a disposición para continuar brindando asistencia en el caso».
Sin embargo, el fiscal Amad le pidió a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que enviara una solicitud de asistencia jurídica internacional a los Estados Unidos y a Irlanda para llegar hasta Verizon.
En el medio, el ministro de Seguridad designó a Castillo al frente del Comando Unificado de las fuerzas federales en Rosario. Luego, el abogado de los dos altos jefes de Gendarmería solicitó el 19 de agosto los sobreseimientos.
El fiscal Amad se opuso porque faltaba «la incorporación de un elemento que el propio instructor consideró importante». Sin embargo, la Cancillería seguía sin responder. El juez, entonces, quiso saber al menos el estado del trámite. Y preguntó dos veces, el 2 y el 29 de agosto. Fue en vano: el ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Santiago Cafiero, nunca contestó.
En consecuencia, el juez Bavio decidió dar por terminada la investigación: «Que llegados a esta instancia del sumario, y en virtud de las consideraciones que seguidamente se expondrán, entiendo que debe disponerse el sobreseimiento de los imputados en estos autos. Cabe recordar, tal como se sostuvo en el auto de falta de mérito anteriormente dictado, que, de todas las pruebas producidas en el sumario, hay una de cardinal importancia a los fines de poder desentrañar la verdadera existencia del hecho en cuestión». Era, justamente, el origen de la denuncia anónima.
«Puntualmente, es sabido que en materia de prueba informática, las buenas prácticas forenses indican que para poder ingresar al proceso como prueba válida y su correcta atribución a un sujeto a título personal – es decir, su autoría- debe constatarse: en relación al remitente del correo electrónico el nombre de la cuenta y dirección IP, como así también la presencia del documento electrónico en el dispositivo emisor y/o en el servidor ISP del emisor; idénticos datos respecto del destinatario; la trazabilidad del mensaje; y finalmente, la comprobación de la identidad entre ambos documentos electrónicos. En efecto, se trata de la única prueba pendiente de producción, (a su vez, considerada imprescindible a los fines de dar sustento a las imputaciones efectuadas), y aún en el supuesto de ser contestados los requerimientos librados a Cancillería y a los Estados Unidos, tales respuestas han de ser insuficientes para acreditar la autoría de los sindicados con la plausibilidad que requiere un auto de mérito incriminador».
«No cabe más que concluir que el hecho no puede lógica ni racionalmente ser probado, por lo que corresponde pronunciarse en consecuencia», concluyó el 14 de octubre al sobreseer a Reynoso, Benegas, Castillo y Guaymas.
En otras palabras: una prueba puede ser suficiente para anular un caso, pero a la vez puede ser insuficiente para avanzar contra los acusados de armarla.
Por otra parte, aunque la fiscalía especializada en ciberdelincuencia dijo que no se pudo identificar redes sociales de los imputados, Encripdata encontró en marzo, con una simple búsqueda, la cuenta de Twitter de Benegas, desde la que compartía información sobre operativos de Gendarmería, como Remolque Narco del 20 de febrero del 2017, u otros hechos por el Ministerio de Seguridad.
El fiscal Amad secuestró el 23 de mayo de 2017 en la Uesprojud de Orán el mail de la falsa denuncia anónima.
Dos días después, el gendarme dejó de escribir en Twitter. Pero la cuenta hasta ahora sigue activa.
El fiscal apeló los sobreseimientos.
Esta historia no terminó, no aún.
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