«A un anónimo nadie lo objeta»: el jefe de Inteligencia de Gendarmería armó una causa con el exjuez Reynoso para extorsionar al narco «Gallo» Andrada
Dos jefes de Gendarmería armaron una causa con el exjuez Reynoso (en la foto, Andrada).
«Daniel: te adjunto el posible texto de la denuncia anónima que enviaríamos por mail para comenzar el trabajo», le escribió el 16 de septiembre de 2009 el gendarme Favio Waldo Benegas a su superior Ricardo Daniel Castillo, jefe de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) de Orán, Salta. En el mail, titulado «trabajo futuro», le pidió que evaluara todo con el juez federal Raúl Reynoso. Así, los dos gendarmes y el magistrado armaron una causa contra un clan narco del norte argentino. Tras un allanamiento a la Uesprojud, los investigadores encontraron esa prueba. Los integrantes del tribunal declararon el 13 de junio de 2017 la nulidad de esa falsa denuncia anónima y, en consecuencia, absolvieron a Claudio Alejandro Andrada, alias «Gallo» o «Piturro», y quince personas más. Dos años después, otro tribunal condenó al exjuez Reynoso a 13 años de prisión por armar otras causas a narcos para luego exigirles plata. Sin embargo, el armado de esa causa al «Gallo» Andrada, en complicidad con el juez condenado, no les impidió a los gendarmes escalar en la fuerza: Encripdata pudo confirmar a través de fuentes internas que Castillo es el jefe de operaciones de la Región IV -Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero- y que Benegas, el que armó esa denuncia anónima trucha, es ni más ni menos el jefe de la Dirección de Inteligencia Criminal.
Le decía Benegas a Castillo en el mail: «Notarás que es un poco larga, pero es a los efectos de introducir la mayor cantidad de teléfonos y que de esta manera se nos faciliten las cosas para obtener elementos de forma rápida que nos permitan sostener y avanzar en la investigación hasta encontrar los nuevos teléfonos que están usando y los domicilios. Evalualo con el doctor Reynoso y si deciden que es viable, lo enviaríamos al correo de la Dirandro, y el impreso del correo te lo enviaríamos a vos por expediente para que realices la presentación en la justicia jurisdiccional. También pensé en hacer un escrito para que vos lo presentes con tu firma, como obtenido de un análisis, pero a futuro nos pueden objetar de donde obtuvimos los números telefónicos, que son muy precisos. Quizás la fuente de donde provienen sea el origen de una futura nulidad. A un anónimo nadie lo objeta. No obstante, espero tu respuesta de la entrevista con el doctor Reynoso. Te mando un abrazo, nos mantenemos contacto». Por esto, los fiscales Carlos Amad, Eduardo Villalba y Diego Iglesias solicitaron indagar a Reynoso, Castillo y Benegas y también al suboficial Sergio Nicolás Guaymas. El juez federal Julio Bavio los citó para principios de febrero.
El ministro de Seguridad Aníbal Fernández todavía no se refirió al caso.
En febrero, Castillo, Benegas o Guaymas podrían hablar sobre el Proyecto X.
Pero para saber lo que podría suceder este año hay que remontarse a lo que pasó en el 2009. Tras la falsa denuncia anónima del 23 de septiembre, el gendarme Castillo le entregó el 1 de octubre un informe al juez Reynoso. En la presentación, un supuesto miembro de la banda dijo que su jefe narco era un tal «Gayo» (sic), que el proveedor era un boliviano y que usaban seis teléfonos para coordinar todo. Con la complicidad del magistrado, los uniformados investigaron a miembros del clan Andrada.
El 16 de julio de 2011 hicieron frenar a Carlos Dante Acuña en Catamarca. En el camión encontraron solo 0,005 gramos de cocaína. Arreglaron. Entonces, el juez Reynoso consideró escasa la cantidad, le dictó la falta de mérito y lo excarceló el 19 de agosto.
Ese caso pareció quedar en la nada.
Hasta el 10 de mayo de 2012.
Ese día, muy lejos de Salta, gendarmes apostados en el peaje de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, revisaron un camión: otra vez lo manejaba Acuña, pero esta vez llevaba 841 kilos de cocaína. Entonces, el juez federal de Mercedes abrió un expediente para investigar de quién era el cargamento. Enterado en tiempo récord, Reynoso reactivó al día siguiente su causa, ordenó el arresto del «Gallo» y quince personas más y, con esa excusa, le solicitó a su par de Mercedes que se inhibiera de intervenir. En otras palabras: que no investigara. Necesitaba «cubrirse».
El juez de Mercedes le pidió a Reynoso que especificara qué estaba investigando él para determinar si se trataba o no de la misma banda. A las 24 horas, a Acuña, el chofer de Andrada, al que había liberado por la escasa cantidad de cocaína, Reynoso finalmente lo procesó. No lo hizo con prueba nueva, lo hizo con el apuro de saberse en peligro de que el otro juez descubriera lo que hacía. Finalmente, el 23 de mayo, se quedó con las dos causas.
Reynoso creyó zafar.
Pero no por mucho tiempo.
El 23 de octubre de 2013, otros uniformados secuestraron 583 kilos de cocaína de un camión en Córdoba. Como Acuña estaba preso, Andrada le encargó el viaje a Fortunato Carlos Heredia. Como a Heredia no lo tenía en el radar, Reynoso no pudo quedarse con este operativo. En consecuencia, tras una investigación del fiscal Fernando Domínguez, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado envió a juicio al «Gallo», su hijo homónimo, su chofer y seis personas más. Sin embargo, Reynoso les exigió la inhibición y, efectivamente, los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de San Martín enviaron el 6 de abril de 2015 el expediente para que fuera un tribunal de Salta el que sentara en el banquillo de los miembros del clan Andrada.
Y ese momento llegó: a principios del 2017, los jueces del tribunal de Salta, Mario Juárez Almaraz, Marta Snopek y Federico Díaz, llevaban adelante el juicio para condenar al clan Andrada hasta que un testigo, el gendarme Guaymas, relacionó el inicio de la causa con la base de datos del Proyecto X -la por entonces ministra de Seguridad Nilda Garré lo definió como un «sistema informático de inteligencia criminal para la investigación de delitos complejos», pero su jefe de la fuerza, comandante Hécto Schenone, reconoció a su manera ante la Justicia que era utilizado en el 2012 para espiar a referentes sociales, gremiales y políticos-. Sorprendido, el fiscal Amad solicitó allanar de inmediato la Uesprojud de Gendarmería en Orán. En esa base, los investigadores encontraron el mail de Benegas a Castillo, un mail de «Ismael denuncia» con los mismos datos de la primera denuncia trucha y el recorte de un diario sobre los dichos del ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt: «Se necesita que no siga lloviendo droga en el norte argentino».
Con la prueba del armado de la causa en la mano, los jueces del tribunal hicieron tres cosas: primero, absolvieron al «Gallo» y todos los acusados menos uno por los operativos de Catamarca y Mercedes, ordenaron que en los tribunales federales de San Martín juzgaran a Acuña por el transporte de los 841 kilos (teniendo en cuenta que lo único lícito fue la detención del chofer) y, para que Andrada no se saliera con la suya, declararon la incompetencia para que otro tribunal llevara adelante el debate por los 583 kilos que le habían incautado en Córdoba.
Finalmente, los integrantes de otro tribunal de Salta condenaron al «Gallo» Andrada a 18 años de prisión por mover esos y otros kilos de cocaína desde Bolivia, «bombardearlos» en avionetas en Salta -como había denunciado el supremo Fayt-, «enfriarlos» en Santiago del Estero y distribuirlos en Buenos Aires. Aunque había podido esquivar las investigaciones judiciales durante 20 años, tras caer en desgracia, no pudo ganarle a una enfermedad: el jefe narco moriría el 25 de octubre de 2021. Tenía 43 años.
Tras la condena a Andrada, llegó el turno de Reynoso. Antes, Néstor Rafael Luna y Héctor Leonardo Acuña, dos de los cómplices del «Gallo», declararon que les dieron plata a sus abogados Lucinda María Segovia y Ramón Valor para que se la entregaran al juez para que los liberara. Además de Reynoso, los integrantes del tribunal sentenciaron en 2019 a Valor a cuatro años de prisión. A Segovia, los fiscales Amad, Villalba e Iglesias también la acusaron de formar parte de esa asociación ilícita, pero la letrada zafó del juicio. Tras el debate, también condenaron a la abogada María Elena Esper, pero absolvieron por el beneficio de la duda al jefe de despacho del juzgado Miguel Ángel Saavedra, el ordenanza César Aparicio, su hermana Rosalía Aparicio y el abogado René Gómez. Su cuñado Arsenio Eladio Gaona, acusado de ser el «recaudador» del juez, desapareció antes del veredicto. Nunca más lo vieron por Orán.
El 23 de septiembre de 2009, cuando advirtió sobre la «lluvia de droga en el norte argentino», el ministro Fayt también consideró que ya era hora de que en el Congreso debatieran la despenalización del aborto, más allá de su posición personal, porque los legisladores debían «ubicarse en la realidad». Fayt falleció el 22 de noviembre de 2016. Los diputados y senadores, finalmente, convirtieron en ley el 30 de diciembre de 2020 el Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Doce años después de la denuncia «suprema», la droga siguió «lloviendo»: en una entrevista con el periodista Carlos Pagni en LN+, el presidente de la Corte Horacio Rosatti aseguró el 20 de diciembre de 2021 que «la narcocriminalidad es uno de los tres o cuatro problemas más importantes que tiene la Argentina hoy y probablemente sea el más importante que tenga dentro de cuatro o cinco años». Y, para no dejar dudas, remarcó: «Es una batalla que se está perdiendo, hay un estado dentro del Estado, hay lugares donde no llega la Constitución, donde la justicia se resuelve de otro modo, por la venganza, por los tiros».
Lo que no dijo Rosatti es que la existencia de lugares donde ya «no llega la Constitución» se debe, además de los traficantes, en parte a funcionarios públicos coludidos con el narco, como el otrora juez Reynoso y los abogados Valor y Esper en Orán, como otros tantos judiciales investigados en otro puntos del país.
Y, a decir de las pruebas, también de los gendarmes Benegas, Castillo y Guaymas.
About Author
