Denunciaron a empresarios argentinos por una coima de 15 millones de dólares a PDVSA
La Justicia investiga a empresarios amigos de Bonadio. Crédito: PDVSA.
Cristina Kirchner y Hugo Chávez anunciaron el 21 de abril de 2010 en el Palacio Miraflores el acuerdo por el que la argentina Kioshi Compresión SA le transferiría tecnología a la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) para la creación de una empresa especializada en la construcción de cilindros de acero sin costura, pero ahora, once años después, Encripdata pudo saber que la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) denunció a la compañía local por «cohecho y lavado de activos» por alrededor de 15 millones de dólares.
Todo comenzó cuando las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) recibieron un Reporte de Operación Sospecha (ROS) y se lo entregaron a sus pares de la Procelac, Mario Alberto Villar y María Laura Roteta, que, tras una investigación preliminar de dos meses, presentaron el viernes la denuncia en cuestión contra Kioshi Comprensión SA.
Encripdata pudo saber, siempre según la denuncia originada tras el ROS, que Kioshi Compresión SA emitió facturas con sobreprecios para luego triangular esa diferencia con otras sociedades hasta hacer llegar entre 2012 y 2014 los sobornos a funcionarios de PDVSA.
Tal vez en ese momento Cristina no lo sabía pero la compañía en cuestión era de amigos de la familia de Claudio Bonadio, el juez federal que quiso indagarla en ocho causas en un mismo día, pero que firmó la orden de detención recién cuando obtuvo fueros como senadora.
Bonadio informó en su declaración jurada rectificativa del 2015 que tenía desde el 2011 unas 2400 acciones de Mansue SA adquiridas con ingresos propios y valuadas en 216.840 pesos –16303 dólares al 31 de diciembre de 2015 según la cotización del Banco Nación-.
El Cohete a la Luna reveló que el presidente de esa empresa es su hermano Carlos Alberto Bonadio, también vicepresidente de Luey Gas SA, conformada por Andrés Moreno y su mamá Cecilia Sánchez, que a su vez integró Kioshi Compresión SA, ahora en mano de su otro hijo, Juan Pablo Moreno, Fernando Gabriel Bosia como vicepresidente y Juan Manuel Moreno Semerena como director suplente. Pero esas relaciones societarias no son producto de la casualidad. Todo lo contrario.
Las familias son muy amigas desde que Bonadio, por entonces subsecretario de Asuntos Legales de la presidencia de Carlos Menem, puso a trabajar allí en los años noventa a Sánchez. La mujer consiguió que su hijo Andrés se sumara primero a la mesa de entradas de la secretaría y luego al área de informática de la Casa Rosada, donde prestaba funciones el hermano del fallecido magistrado.
Andrés Moreno y Claudio Alberto Bonadio se hicieron socios en 1998 al fundar Luey Gas SA.
Tal vez por todo eso Mansue SA, Luey Gas SA y Kioshi Comprensión SA compartieron domicilio legal y abogado societario.
Kioshi Comprensión SA tiene una fábrica en Lanús. Allí no solo fabrica tubos para GNC sino también para oxígeno de uso medicinal, como los utilizados en las unidades de terapia intensiva (UTI / UCI) para pacientes con coronavirus.
PDVSA, en tiempos de pandemia, replicó esa idea en un parque industrial de Carabobo aunque con resultado diverso. La planta venezolana con tecnología argentina se llama Cilindros del Alba, en alusión a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), movimiento fundado por Chávez y Fidel Castro, pero los obreros le advirtieron a Nicolás Maduro, ya en el 2017, los problemas que atravesaban: «A pesar de que la planta es nueva, nunca en cinco años hemos producido un cilindro para la venta«.
El juez federal Sebastián Casanello delegó el expediente en el fiscal Eduardo Taiano por lo que él deberá decidir si impulsa la acción penal y en ese caso delimitar el objeto procesal, señalar las personas a imputar y proponer medidas de prueba para intentar reconstruir la supuesta ruta de la coima de los 15 millones de dólares desde la empresa argentina a la petrolera venezolana.
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