«Primo» Gutiérrez quiere declarar como arrepentido contra Scapolan, pero atacaron a su hijo para que no lo haga
"Primo" Gutiérrez conoce el lado oscuro del exfiscal Scapolan. Crédito: Encripdata.
Recientemente, policías detenidos en la cárcel de Marcos Paz amenazaron de muerte a otro interno, José Víctor Gutiérrez, alias «Primo», desconocidos tirotearon la casa donde vive el hijo y le dejaron un mensaje: «Mantenete callado por tus hijos». El objetivo es claro: alguien con mucho poder no quiere que aquel declare como arrepentido contra el exfiscal Claudio Scapolan, la Policía Bonaerense y la regulación del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.
En abril, el juez federal Emiliano Canicoba procesó a «Primo» Gutiérrez, pero hubo un inconveniente: por un descuido de la fiscalía o del juzgado, no le leyeron todos los hechos imputados. Para solucionarlo, ordenó ampliarle la indagatoria, pero desde entonces ha habido otro problema: si antes hizo uso del derecho a guardar silencio, esta vez quiso declarar, obviamente, con un abogado, pero no le han permitido designar al único en el que confiaba.
El juez Canicoba procesó con prisión preventiva a «Primo» Gutiérrez por formar parte de una asociación ilícita, por tres hechos de falsedad ideológica y por extorsión, en una investigación impulsada por el fiscal Fernando Domínguez. En esa organización narcocriminal, hizo de todo: fue transa, recaudador, informante, testigo plantado y hasta policía trucho. La misma estaba integrada por policías de San Isidro y Quilmes y por el fiscal Scapolan.
Al principio, Gutiérrez designó a un abogado, que como defensa, le recomendó no hablar, pero, no conforme con esa estrategia, le hizo llegar un escrito al magistrado el 13 de mayo: «Revoco cualquier defensor anterior y designo sola y exclusivamente al doctor Damián Odetti para que sea mi único defensor porque solamente confío en él y en ningún otro«, como pudo reconstruir Encripdata con base a documentos oficiales.
Gutiérrez y Odetti se conocían bien: el abogado fue quien lo denunció por formar parte de la banda mixta. Fue denunciante, testigo y hasta querellante, en nombre de dos víctimas de las extorsiones de la Bonaerense y el exfiscal. Por esos viejos hechos, un tribunal condenó a «Primo» a 3 años de prisión. Cumplió la pena, volvió a su casa y, al poco tiempo, otro juzgado, el 24 de julio de 2020, ordenó su captura por estos hechos nuevos.
En vez de entregarse, decidió pasar 1716 días prófugo. Eso era un decir: en realidad, estuvo en el mismo barrio de siempre, Villa Trujui, en Moreno. Hasta el 5 de abril de este año, cuando la Gendarmería le tiró abajo la puerta de la casa.
Y, entonces, «Primo» recurrió al abogado que más conocía el expediente al detalle y los secretos de la banda mixta. Sin embargo, el juez Canicoba no hizo lugar a la designación de Odetti porque tuvo en cuenta, entre otros, lo que reza el Código de Ética del Colegio Público de Abogados, en el apartado Deberes fundamentales del abogado para con su cliente, en cuanto a que «deberá abstenerse de representar, patrocinar y/o asesorar, simultánea o sucesivamente, intereses opuestos, en la misma causa».
Pero Gutiérrez le volvió a escribir al magistrado: «Solicito que modifique su decisión de no dejar que me defienda Odetti porque es el único que voy a permitir que me defienda. Estoy al tanto de todo lo que denunció Odetti en esta y otras causas, pero eso no está en contra de mi estrategia de defensa sino todo lo contrario».
Para evitar un ida y vuelta sin fin, el juez Canicoba consideró la presentación de «Primo» como un recurso de reposición y, entonces, le dio intervención a un defensor oficial, quien apoyó el planteo del acusado e interpuso un recurso de apelación en forma subsidiaria ante la Cámara Federal de San Martín.
Los camaristas Marcos Morán, Marcelo Fernández y Juan Pablo Salas repasaron todos los roles de Odetti en este proceso, conocido popularmente como caso Scapolan, por la acumulación de expedientes irregulares en manos del por entonces fiscal, o incluso «Leones Blancos», el más importante de todos, por el robo de media tonelada de cocaína a narcotraficantes por parte de la Bonaerense.
El año pasado, un tribunal dio inicio al primero de los juicios por estos hechos, pero a poco de andar, Odetti, con el visto bueno de las dos víctimas de esta banda mixta, renunció como querellante. Sin embargo, los camaristas tampoco hicieron lugar al pedido de Gutiérrez.
Entonces, para poder declarar de una buena vez, «Primo» propuso a otra abogada, pero como ella había sido defensora de un policía «arrepentido», tampoco la aceptaron.
Recientemente, Gutiérrez, en la cárcel, recibió la visita sorpresiva de una defensora oficial. Ella le avisó que tenía la orden de resolver su situación judicial. Como respuesta, él le dejó dos cosas en claro: la primera, que no la conocía; la segunda, que su deseo era declarar.
Pero ya no para cumplir el formalismo de la indagatoria: esta vez realmente quiere contar, con lujo de detalles, cómo fue posible que desde la «oficina», que no era otro lugar más que la Delegación de Drogas Ilícitas de San Isidro, llamara por teléfono a los transas, les ofreciera revenderles la droga incautada en operativos y repartiera las ganancias «hacia arriba».
Pero el defensor oficial no quiere que «Primo» Gutiérrez declare como arrepentido.
Y la fiscalía tampoco se desvive por los datos que pueda aportar sobre Scapolan.
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