Condenaron a un testaferro de García Furfaro por no pagar por dos años las cargas sociales de Laboratorios Ramallo
García Furfaro, dueño de HLB Pharma, importó el 23% del fentanilo usado en la industria farmacéutica. Gentileza: La Nación.
La jueza Nada Flores Vega, en representación del Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín, condenó al presidente de Laboratorios Ramallo, Horacio Antonio Tallarico, a 3 años de prisión en suspenso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de aprobación indebida de recursos del Régimen Nacional de la Seguridad Social, reiterado en 20 oportunidades, según el fallo al que accedió Encripdata. Este hombre, de 71 años, gasista de profesión, reconoció haber prestado su firma a su amigo Ariel García Furfaro, el empresario investigado por el desastre de las ampollas de fentanilo contaminadas, precisamente, en ese laboratorio, que formaba parte del conglomerado empresarial de HLB Pharma Group.
De hecho, Tallarico estuvo unos días preso, pero, luego, el juez federal Ernesto Kreplak decretó su falta de mérito al mismo tiempo que procesó con prisión preventiva a García Furfaro y 16 personas más por la adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, que les provocó la muerte a, al menos, 20 pacientes de las 160 historias clínicas bajo investigación.
El tribunal dio por probado que Tallarico, como presidente de Laboratorios Ramallo, se apropió de manera indebida de recursos del Régimen Nacional de la Seguridad Social durante casi dos años, entre junio de 2017 y abril de 2019, pero por la excepción en la falta de acción, resuelta por la Cámara Federal de San Martín para los primeros tres meses, lo condenó por la continuación del delito desde septiembre en adelante, por un total de 9 millones de pesos, alrededor de 214 mil dólares para el tipo de cambio al finalizar la maniobra delictiva.
En este breve juicio, Tallarico, ante preguntas del fiscal Eduardo Codesido y del tribunal, aseguró que por su amistad con los García Furfaro, les hizo la «gauchada» de firmarles unos papeles, pero no eran cualquier tipo de documentos, lo pusieron como presidente del laboratorio el 25 de julio de 2016 y lo reconfirmaron el 28 de diciembre de 2018. A cambio de esos y otros favores, sus amigos empresarios les pagaban alrededor de 400 mil pesos, en valores actuales.
Tallarico confirmó el origen espurio del conglomerado empresarial: el Laboratorio Apolo explotó la noche del 24 de junio de 2016 en Rosario, entonces, al mes siguiente, los García Furfaro armaron otro laboratorio en Ramallo, pero como arrastraban problemas legales por ese incidente, le pidieron el favor de que les prestara su firma para constituir la nueva sociedad.
En este nuevo laboratorio, además de la apropiación indebida de las cargas sociales, los García Furfaro llevaron adelante la producción, la venta y la distribución de las ampollas de fentanilo contaminadas que constituyeron un «nexo concasual» en la muerte de los fallecidos en varios hospitales del país.
El juez Kreplak también profundizó la investigación por posibles hechos de «negligencia, connivencia o complicidad» en los organismos de control a varios funcionarios, entre ellos, a Agustina Bisio, titular de la Anmat -la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica-, y Gabriela Mantecón Fumadó, extitular del Iname -el Instituto Nacional de Medicamentos-.
El magistrado aún no pudo resolver un misterio: la desaparición de 5 kilos de fentanilo que aún guardaba García Furfaro en Laboratorios Ramallo. El acusado dijo que los destruyó ante la posibilidad de que también estuvieran contaminados. En el mercado negro, sin embargo, valen casi como el oro para fabricar drogas sintéticas.
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