El Gobierno permite importar 20 kilos de fentanilo por año sin analizar el consumo efectivo de los laboratorios
La importación de fentanilo, las ampollas y las drogas sintéticas. Crédito: GNA.
El gobierno de Javier Milei declaró que la industria farmacéutica necesita 20,5 kilos de fentanilo por año para funcionar. Así consta en el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de julio de este año, al que tuvo acceso Encripdata. La Justicia ya descubrió canales de desvío de ampollas hacia el mercado ilegal. La inexistencia de un control sobre el consumo efectivo del sector abre la posibilidad al contrabando del fentanilo base hacia el mercado global de las drogas sintéticas.
Hasta 2019, la industria farmacéutica argentina importaba 950 gramos solamente, pero a partir del coronavirus, los ingresos se dispararon, con 1,24 kilos en 2020 y 27,75 kilos en 2021 para atender a los pacientes en unidades de terapia intensiva. Luego, con el desarrollo de las vacunas y el fin de la pandemia, la demanda cayó a 3,25 kilos en 2022, 530 gramos en 2023, 50 gramos en 2024 y 460 gramos este año.
La diferencia entre la declaración jurada de necesidades legítimas y el consumo efectivo de la industria farmacéutica puede ser aprovechada por el crimen organizado para alimentar el mercado ilegal.
Eso mismo pasó, muchos años atrás, con la efedrina: los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner nunca determinaron el consumo efectivo del sector; en la práctica, permitieron la libre importación; y declararon todo el ingreso como necesidades legítimas. De esta manera, 40.972 kilos de efedrina fueron desviados hacia el Cártel de Sinaloa y otros entre 2004 y 2008, aunque la industria farmacéutica argentina solo consumía 156 kilos por año. Este negocio, de millones de dólares, solo se terminó cuando la DEA de los Estados Unidos lo dejó al descubierto el 13 de agosto de 2008 con el triple crimen de General Rodríguez.
Como reconstruyó Encripdata, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) operó judicialmente para garantizar la impunidad del sector de la política comprometida con la «ruta de la efedrina»: en un proceso, los acusados firmaron un juicio abreviado para que no se ventilara cómo fue el tráfico de una tonelada desde la sucursal del Correo Argentino ubicada a 50 metros de los Tribunales Federales del Comodoro Py; en un segundo proceso, un fiscal decidió no acusar a dos empresarios, vinculados a la SIDE, que movieron 13 toneladas; y en un tercer proceso, otro fiscal retiró la acusación antes del juicio contra las autoridades de la Sedronar que autorizaron las 40 toneladas.
Por eso es preciso que los gobiernos de turno determinen el consumo efectivo del sector antes de realizar la declaración jurada de las necesidades legítimas de esta y otras sustancias controladas ante la JIFE.
En agosto, Encripdata publicó dos notas ante la muerte de 96 pacientes en hospitales por la ampollas contaminadas en el laboratorio de HLB Pharma Group de Ariel García Furfaro: una sobre las importaciones de fentanilo base y de sus sales en los últimos cinco años y otra sobre los desvíos de ampollas desde el mercado legal hacia el ilegal.
En busca de más datos, el 4 de septiembre, Encripdata realizó el siguiente pedido de acceso a la información pública: «Tener acceso al informe técnico a partir del cual Iname, Anmat o el Ministerio de Salud declararon este año ante la JIFE que las necesidades legítimas de fentanilo para la industria farmacéutica argentina son de 20 kilos por año. Si no existiera tal informe técnico, que esos organismos expliquen cómo determinaron que las necesidades legítimas de fentanilo para la industria farmacéutica argentina son de 20 kilos por año. Tener acceso a los datos de comercialización de fentanilo y sus sales en el mercado interno: fechas, compradores, vendedores, gramos o kilos por operación, precio, entre 2019 y 2025″.
El 29 de septiembre, la Anmat hizo uso de la prórroga excepcional de otros 15 días hábiles para contestar. Finalmente, el 14 de octubre, envió la respuesta: «No existe un informe técnico específico sobre las necesidades legítimas anuales para la industria farmacéutica argentina. Las previsiones se calculan teniendo en cuenta las previsiones presentadas por los establecimientos. Adicionalmente, se puede aumentar un 10 % a la cantidad aprobada el año anterior, según recomendaciones de la JIFE, a fines de evitar escasez de las sustancias. Es decir, las cantidades aprobadas en un año no son las efectivas de consumo sino que se autorizan en base a lo solicitado por los establecimientos, más un margen adicional, con el fin de evitar la falta de sustancia. Cada licencia de fabricación se evalúa luego por separado. Cabe aclarar que las previsiones de consumo anual se realizan el año anterior al período aprobado. También, se indica que las cantidades son autorizadas por la JIFE».
La Anmat tampoco contaba con datos sobre la comercialización de fentanilo y sus sales en el mercado interno y recomendó consultar a las droguerías, las distribuidoras y las farmacias porque «no tienen obligación legal de informar».
En otras palabras: el Gobierno se limitó a confiar en la buena voluntd de los laboratorios. En consecuencia, recientemente abrió la posibilidad de que la industria farmacéutica importara 20 kilos en un solo año cuando el sector privado había ingresado 34 kilos sumando los cinco años anteriores.
Ese margen era por demás innecesario, había stock suficiente. Por ejemplo, HLB Pharma Group contaba desde 2021 con 7,76 kilos gracias proveedoras de Alemania y de Sudáfrica. Así, con estas dos operaciones en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, García Furfaro importó el 23 % de todo el fentanilo y sus sales ingresado por el sector privado en los últimos cinco años. Sin embargo, al momento de los allanamientos ordenados por el juez federal Ernesto Kreplak, el laboratorio aún no había utilizado 5 kilos. Según el empresario, ordenó quemarlos luego de la contaminación. Más allá de si los destruyó o les dio otro destino, en todo este tiempo solo utilizó el 35 % de lo importado en el 2021.
Por la diferencia en el rendimiento, sería un error minimizar el posible desvío de algunos kilos de fentanilo al compararlo con las 40 toneladas de efedrina traficadas hacia México.
En la época de la efedrina, 30 mil personas morían por año por sobredosis de drogas sintéticas en los Estados Unidos; ahora, 80 mil fallecen por año por sobredosis de fentanilo.
En la Argentina, hoy como ayer, los controles existen en la teoría, pero son deficientes en la práctica, más allá de los gobiernos de turno: por ejemplo, Juan Manzur creó el Sistema de Trazabilidad en 2011 y la Anmat agregó el fentanilo pero solamente la versión parches en 2012. Ahora, después de las muertes por las ampollas contaminadas, Mario Lugones incorporó el fentanilo en el listado de Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFAs) para que las empresas que intervienen en la comercialización, distribución y dispensión lo sumen al sistema de trazabilidad para asegurar el control y seguimiento -más allá de que la Anmat no lo puntualizó en su respuesta al pedido de acceso a la información pública-.
En 2023, Aníbal Fernández endureció las disposiciones para la importción y exportación de esta sustancia y sus sales. Y al año siguiente, Patricia Bullrich lanzó la llamada Mesa para la prevención del tráfico ilícito y uso indebido del fentanilo.
Sin embargo, a decir por la respuesta de la Anmat, el problema de base continúa: el Gobierno permite la libre importación de fentanilo sin analizar cuánto se destina a la industria farmacéutica y cuánto podría desviarse al mercado ilegal porque no realizó un informe técnico para poder evitarlo.
Como advirtió el filósofo George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.
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