Investigan el desvío de fentanilo desde HLB Pharma, de García Furfaro, hacia el narcotráfico
Investigan el desvío de fentanilo de HLB Pharma, de García Furfaro, hacia el narco. Crédito: PSA.
Este jueves, el juez federal Ernesto Kreplak llevó adelante la primera ronda de indagatorias contra Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group, y nueve integrantes más del conglomerado empresarial detrás de las ampollas de fentanilo contaminadas que constituyeron un «nexo concausal» en la muerte de, al menos, 12 pacientes de los 96 fallecidos en varios hospitales del país.
Lo hizo a pedido de la fiscal María Laura Roteta, quien encuadró el hecho según reza el artículo 201 del Código Penal, contra quien «vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo», con penas de entre 3 y 10 años de prisión, como pudo saber Encripdata.
Además, en el marco de los delitos contra la salud, el artículo 201 bis establece penas de entre 10 y 25 años de prisión «si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resultare la muerte de alguna persona».
Al respecto, el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia le entregó un informe al magistrado sobre lo sucedido: los especialistas determinaron que las bacterias Klebsiella Pneumoniae MLB y Ralstonia Picketti, los microorganismos hallados en las ampollas del fentanilo de Laboratorios Ramallo, constituyeron «un factor agravante significativo» en 12 de las 20 historias clínicas bajo estudio.
En otras palabras: no detectaron un «nexo causal directo», pero sí un «nexo concausal». Gastón Marano, defensor de García Furfaro, y los demás abogados, seguramente, intentarán limitar los alcances del informe del CMF.
García Furfaro es dueño de varias sociedades: HLB Pharma Group, el conglomerado en el rubro de la salud; Laboratorios Ramallo SA, a través de la cual elabora especialidades medicinales; y Alfarma SRL, a través de la cual los distribuye.
El juez Kreplak también indagó a Nilda Furfaro, Diego García Furfaro y Damián García Furfaro, la madre y los hermanos, con participación en las empresas; a Horacio Tallarico, presidente de Laboratorios Ramallo, Rodolfo Labrusciano, su director suplente y Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, sus directores técnicos; a José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma Group; y a Javier Tchukran, director general de las dos compañías.
Para una segunda ronda de indagatorias, citó a siete personas más: María Victoria García, Eduardo Darchuk, Wilson Pons, Dayana Astudillo Arzolidys, Edgardo Sclafani, Rocío del Cielo Garay y Adriana Iúdica, con fechas desde el 25 de agosto al 3 de septiembre.
Con estos avances en el expediente, el magistrado revocó el rol de querellante del Ministerio de Salud, de nuevo a pedido de la fiscal, quien, a partir de la información analizada en estos 100 días, solicitó investigar «las posibles responsabilidades derivadas de las omisiones y/o connivencias que pudieran existir en los órganos de control en la materia bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional».
El gobierno de Javier Milei acusó recibo: el ministro de Salud, Mario Lugones, resolvió limitar a Gabriela Mantecón Fumadó como directora nacional del Iname -el Instituto Nacional de Medicamentos-, que depende de la Anmat -la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica-, según la Resolución 2415 publicada este mismo jueves en el Boletín Oficial.
El 27 de noviembre del año pasado, el Iname llevó adelante una inspección no programada en Laboratorios Ramallo por sospechas de incumplimientos de las buenas prácticas de fabricación y control. Al finalizarla, realizó observaciones significativas, que no eran novedosas sino de arrastre, pero, como las veces anteriores, decidió no clausurarlo. Al mes siguiente, la empresa de García Furfaro elaboró, comercializó y distribuyó los lotes 31202 y 31244, las partidas contaminadas.
Pero eso no fue todo: 42 días atrás, Encripdata reveló la existencia de un canal de desvío de ampollas de HLB Pharma Group, desde el mercado legal hacia el ilegal. En consecuencia, el fiscal Diego Iglesias, de la Procunar -Procuraduría de Narcocriminalidad-, solicitó en las últimas horas indagar a García Furfaro, a la madre y al director general de las dos compañías por haber dado un destino ilegítimo al lote 30366, de uso hospitalario exclusivo, entre el 12 de julio de 2021, fecha de fabricación, y el 9 de marzo de 2023, fecha de detención de uno de los investigados en el desvío.
Se trata de Martín Hernán Alarcón, titular del Laboratorio Alil SAS, ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza. Este visitador médico formaba parte de una organización criminal que, precisamente, revendía este tipo de productos de uso exclusivamente hospitalario con venta bajo receta oficial.
El fiscal Iglesias, al intentar determinar cómo fue posible el desvío, advirtió que la Dirección de Fiscalización de Precursores Químicos, al analizar la documentación secuestrada en mayo en Laboratorios Ramallo, descubrió que en 172 facturas de venta «no se detallaron el número de lote del producto en cuestión», es decir, la empresa, por su accionar, eliminó la trazabilidad del lote 30366, que contempló la producción de 170.433 unidades.
Esa línea de investigación, tarde o temprano, abrirá un nuevo capítulo: la ruta del fentanilo. Porque a sus contactos, Alarcón les ofrecía cientos y cientos de ampollas de fentanilo de HLB, pero también de otros dos laboratorios.
La historia parece repetirse: 17 años atrás, la Justicia investigó la ruta de la efedrina a partir de un lote usado en un «laboratorio» de metanfetaminas, del tipo crystal, en una quinta de Ingeniero Maschwitz.
Al final, determinó el desvío de 40 toneladas del precursor químico desde los importadores hacia los cárteles mexicanos, solo posible por la connivencia con los organismos de control durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
Las autoridades, aquella vez, avanzaron obligados por la fuerza de los 16 disparos: el triple crimen de General Rodríguez.
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