El ministro de Seguridad los acusó de encubrir a los narcos y los fiscales le exigieron que revele quiénes son
La pelea entre el ministro de Seguridad y los fiscales por el narcotráfico. Crédito: Télam.
«En estos cuatro años tenemos 98 mil causas, 9.200 nos dieron resultados positivos, nos permitieron encarcelar a las cúpulas de las organizaciones criminales de todo el conurbano: ‘Mameluco’, ‘Verdura’, ‘Chaki Chan’, la gente de Varela, La Plata, están todos presos. Después tenemos 5.500 causas que estamos esperando que nos autoricen allanamientos, un allanamiento por drogas después de cuatro meses parece ridículo, pero estamos esperando y después tenemos 82 mil causas de drogas que están paradas, hay 82 mil barrios, 82 mil familias que piensan lo que usted dice: ‘Todos saben dónde venden, pero nadie hace nada’. Sin embargo, hacemos las causas, investigamos, las llevamos a la Justicia y las cosas no prosperan. Yo creo que tenemos varios problemas: el narcotráfico permea y corrompe todo lo que toca, eso es así y hay una connivencia en todos los estratos institucionales: la Policía, los fiscales, los jueces, la política«.
Todo eso afirmó sin vueltas Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense desde el 10 de diciembre, en una entrevista con el periodista Rolando Graña en el programa GPS, de América.
Alonso no es un recién llegado a la política de la seguridad: entre 2019 y 2023 fue subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional, es decir, número dos de Sergio Berni -ahora, rector ad honorem del Instituto Universitario Vucetich-. Y mucho antes, entre 2008 y 2015, fue subsecretario de Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad de la Nación.
De inmediato, la Asociación de Fiscales de Buenos Aires realizó una denuncia penal para «esclarecer y profundizar» las declaraciones de Alonso: «Deseamos que en caso de existir hechos como los relatados por el ministro, los mismos sean denunciados, individualizados los responsables y en caso de ser así, abogaremos por una sanción ejemplificadora».
La denuncia le tocó al fiscal Germán Camafreita Steffich, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 3 de Pilar, del departamento judicial de San Isidro. El fiscal citará al ministro para que jurando decir verdad, señale con nombre y apellido a los funcionarios de los tres poderes que según su información, trabajaban con las organizaciones criminales.
Y si bien se dice que las autoridades judiciales hablan a través de sus fallos, varios, además de impulsar la denuncia, le respondieron.
Un fiscal de la zona norte, que se animó a investigar esta problemática, consideró ante Encripdata: «La primera connivencia con el narcotráfico está dada por los subalternos del ministro, la Policía, que es parte clara del narcotráfico. En el mismo nivel están los pares del ministro, la mal llamada ‘política’, personajes que se apropian de cargos para enriquecerse y sostienen el narcotráfico en complicidad con la Policía y partes corruptas del Poder Judicial, incluido jueces».
Medio en serio, medio en broma, este fiscal remató: «Decile al ministro que me ponga de testigo de la defensa» aunque «probablemente tampoco le convenga».
Mucho antes de que el ministro criticara a la Justicia, un fiscal de zona sur le contó a Encripdata que solicitó varias detenciones por un ajuste de cuentas ordenado por un narcotraficante desde la cárcel, pero el juez todavía no resolvió. Y ya pasaron tres meses. Según el fiscal, el magistrado no hizo lugar a los arrestos no por connivencia con el narcotráfico sino por miedo.
«El gordo es un cagón«, lamentó.
En la entrevista, el ministro de Seguridad dijo que durante la gestión de Berni arrestaron a la cúpula de la organización de los Villalba, pero, en realidad, Miguel Ángel Villalba lleva ya doce años tras las rejas y su hijo Iván Gabriel Villalba, seis años. Tal vez se refería a una de las últimas investigaciones contra esta banda: los 24 muertos por consumir cocaína con carfentanilo en Puerta 8, uno de los puntos de venta administrados por «Mameluco» y «Salvaje» desde la cárcel.
Eso sucedió el 2 de febrero del 2022. La jueza federal Alicia Vence descubrió la ruta del dinero de los Villalba. Pero, para eso, debió sortear la infiltración de las organizaciones narcocriminales en las fuerzas de seguridad y los complejos penitenciarios. En noviembre, la magistrada puso en conocimiento de lo sucedido a Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Javier Alonso y Juan Martín Mena, ministros de Seguridad y de Justicia de Nación y de Buenos Aires, respectivamente, con casos puntuales de policías y guardiacárceles que en vez de reprimir los delitos, cobraban por ayudar a que siguieran con el negocio.
Para evitar que las organizaciones criminales tomen el control de las cárceles, Bullrich implementó en enero el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Así, el gobierno de Javier Milei separó a internos como los Villalba del resto de la población carcelaria, los alojó en celdas individuales, redujo las visitas, prohibió las entrevistas y ordenó controlar las llamadas y minimizar los traslados.
Y en respuesta al oficio de la jueza Vence, Bullrich envió a reunirse con ella a uno de sus funcionarios en representación de Seguridad como de Justicia por el traspaso del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de un ministerio a otro. Bullrich, además, absorvió el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
En cambio, los ministros de Seguridad y de Justicia bonaerenses no respondieron a la advertencia de que la Bonaerense era parte del problema.
Tal vez por eso, Axel Kicillof, al renovar el mandato, reclamó que la Legislatura bonaerense vuelva a federalizar la lucha contra el narcotráfico, es decir, que la Justicia Federal investigue tanto el narcotráfico como el narcomenudeo para que la Bonaerense tenga más recursos disponibles para prevenir los delitos comúnes y garantizar la seguridad.
About Author
