Encripdata

El hilo invisible entre el crimen y el poder

El último gran capítulo de la «ruta de la efedrina» se cierra con un juicio abreviado que deja preguntas sobre el triple crimen sin responder

Forza, Ferrón y Bina y el triple crimen de General Rodríguez

Forza, Ferrón y Bina y el triple crimen de General Rodríguez. Gentileza: Fabián Marelli.

A catorce años de la explosión de la «ruta de la efedrina» y el triple crimen de General Rodríguez, en los Tribunales Federales de Comodoro Py están por ponerle punto final a una de las causas menos resonantes, pero tal vez más importantes de esta historia por demás compleja. El fiscal general Marcelo Colombo llegó a un entendimiento con los doce imputados para formalizar un acuerdo abreviado con seis condenas, cinco absoluciones y una suspensión del proceso a prueba, según documentos oficiales a los que accedió en exclusiva Encripdata. Para eso, siete de los acusados reconocieron haber traficado efedrina para un cártel mexicano junto con Leopoldo Bina, una de las víctimas del triple crimen, pero, por el acuerdo mismo, se ahorraron de tener que responder en un eventual juicio preguntas que podrían haber servido como pistas sobre las últimas horas previas al asesinato de Bina, Sebastián Forza y Damián Ferrón. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 porteño podría homologarlo la próxima semana.

Rodrigo Pozas Iturbe, el representante del cártel mexicano en la Argentina, contrató a Bina, al policía federal retirado y con terminales en la Secretaría de Inteligencia (SIDE) Ricardo Sladkowski y al despachante de aduanas Carlos Alberto San Luis para traficar 1.496 kilos de efedrina a través del Correo Argentino en Retiro, a metros, casualmente, de los Tribunales Federales. En esa sede, contaron con la complicidad de Carlos Alberto Di Vita, ni más ni menos que el jefe del Control Aduanero de Encomiendas Postales Internacionales de la Dirección General de Aduanas, y también de Nélida Brunelli, una de sus subordinadas, ya fallecida. Todo eso lo reconstruyó la jueza federal María Servini, a cargo de la «ruta de la efedrina» y el triple crimen por su innegable e íntima vinculación.

De esa organización narcocriminal participaron Jorge Omar Lazota y Claudia Patricia Flores. Sobre Lazota, con el que tuvo un fugaz romance, Flores declaró: «Hablamos de toda la parte política, que estaba en el armado político de los candidatos. Trabajaba en Casa Rosada, su oficina estaba frente a la Casa Rosada, creo que en el Ministerio de Economía. Sé que entraba con una credencial y estacionaba su auto ahí. Siempre estaba con el partido peronista, él estaba con Néstor Kirchner, a quien conocía de Puerto San Julián«.

Lazota y Flores conocieron a dos narcos mexicanos: Juan Jesús Martínez Espinoza y, justamente, Pozas Iturbe. El primero fue el «cerebro» de la quinta de Ingeniero Maschwitz, el primer «laboratorio» en el país en el que se elaboraron metanfetaminas a base de efedrina, descubierto el 17 de julio de 2008. Año tras año, las metas, ice o crystal provocan la muerte de miles de consumidores adictos en los Estados Unidos. A «don Jesús» lo visitaron en México entre el 12 y el 17 de junio de 2007. Al segundo le prestaron colaboraron en el tráfico de efedrina entre agosto de 2007 y enero de 2008. Los dos siempre negaron conocerse aunque tal vez reportaron sin saberlo para el mismo capo.

Como sea, en el acuerdo de juicio abreviado, Pozas Iturbe aceptó 4 años y 6 meses de prisión. Ese número le cierra: como en el 2018 otro tribunal lo condenó a 6 años como miembro de otra banda que traficó cocaína entre 2015 y 2016 a Tierra del Fuego y España, el fiscal le concedió unificar las penas por un total de 9 años y 6 meses. De homologarse, podrá acceder a la libertad condicional inmediata. De todas maneras, hace rato que se encuentra bajo prisión domiciliaria.

Así, este narco mexicano no tendrá que explicar, entre otras cosas, qué hizo con la efedrina que se llevó de la casa de Bina cuando este, Forza y Ferrón estaban desaparecidos.

Sladkowski y San Luis, por las penas bajas, y Cristian Heredia, por la suspensión del proceso a prueba, no deberán volver a la cárcel. Tampoco el jefe aduanero Di Vita, el dirigente peronista Lazota y su expareja Flores.

Sladkowski, San Luis y Heredia declararon como testigos en el juicio en el que el tribunal de Mercedes condenó en el 2012 a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci como partícipes necesarios del secuestro de Forza, Ferrón y Bina el 7 de agosto de 2008 en Quilmes seguido de la muerte en algún lugar no determinado del conurbano bonaerense, en un plan organizado con mucha inteligencia. La banda de la que formaron parte recién plantó los cuerpos el 13 de agosto en un zanjón de General Rodríguez.

En ese juicio, obviamente, ninguno de los tres testigos reconoció haber traficado efedrina para Pozas Iturbe. Es más: Sladkowski llegó a decir que Bina estuvo «en el momento y lugar equivocado» y que «si había cinco, mataban a los cinco, si había diez, mataban a los diez. Esto es muy superior, para instalar miedo, terror, como diciendo: ‘No jodan con nosotros, estamos nosotros'». Lo que no dijo diez años atrás y lo que no se le podrá preguntar ahora es para qué fue el 10 de agosto de 2008 hasta la calle Nicolás Videla, muy cerca de la casa de los Lanatta en Quilmes, cuando Forza, Ferrón y Bina seguían desaparecidos si la fiscal Ana María Yacobucci, encargada de buscarlos con vida, ni siquiera tenía en el radar a los finalmente condenados.

Lazota tampoco tendrá que responder cómo hizo para relacionarse con Martínez Espinoza y Pozas Iturbe. Menos aún si trabajó para los mexicanos a espaldas de los políticos a los que reportaba o si era un intermediario, acaso un fusible, entre las partes.

El fiscal no mantuvo la acusación sobre Silvio Gustavo Salerno, primo de José Luis Salerno, expolicía devenido en socio de Ferrón en una farmacia, porque aunque lo intentó, nunca consiguió efedrina para Pozas Iturbe.

En el juicio abreviado se incluyen la absolución de otros cuatro argentinos por el tráfico de 1.129 kilos de efedrina para un cártel mexicano asentado en Monterrey, Nuevo León. Tras el triple crimen, una mexicana que representaba los intereses de sus jefes en Buenos Aires alquiló el 10 de noviembre de 2008 una baulera para esconder 150 kilos de efedrina y solo autorizó a ingresar a su hermana. Daniel Enrique Escosteguy, el argentino más comprometido en este caso, aceptó su responsabilidad, pero a cambio de la suspensión del proceso a prueba. Sobre los otros tres imputados, el fiscal consideró que «no era posible sostener la acusación» por falta de pruebas contundentes.

Escosteguy, entonces, tampoco tendrá que explicar, si es que lo sabía, por qué la organización narcocriminal realizó el último envío de efedrina el 31 de julio de 2008, una semana antes del triple crimen, cuando tenían más kilos en su poder que finalmente dejaron «enfriar» en la baulera de una empresa de guardamuebles que pagaron religiosamente mes a mes durante los siguientes diez años hasta su hallazgo fortuito en agosto de 2018.

En aquel momento, la jueza Servini ordenó la captura internacional de los jefes de Escosteguy: Roberto Espinoza Ortiz, Diana Espinoza Ortiz, Ana Gabriela Espinoza Ortiz y Gaspar Ernesto Vidarte Rubio. Desde entonces, no hubo noticias al respecto.

En su haber, Colombo fue el fiscal que consiguió las condenas a Ibar Esteban Pérez Corradi y también a uno de sus clientes, Maximiliano Darío Romero, alias «Fantasma», que en realidad actuó inicialmente como intermediario de los mexicanos. Ahora, por «razones de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos» decidió aceptar el juicio abreviado, teniendo en cuenta, además, «el tiempo que ya ha insumido el trámite de la causa y el que demandaría la realización de un juicio oral en una causa de esta complejidad».

La jueza Servini, por otra parte, pudo reconstruir la big picture, como se dice en los Estados Unidos, de la «ruta de la efedrina». Esa visión global del caso le permitió dictar en abril de 2021 la falta de mérito a Pérez Corradi como autor intelectual del triple crimen. Para eso remarcó que trece años después no era posible seguir sosteniendo la hipótesis inicial: que Pérez Corradi haya mandado a matar a Forza, Ferrón y Bina porque le estaban «cagando el negocio», básicamente porque aquel no era el dueño del negocio y porque estos no eran proveedores de los mexicanos para los que trabajaba.

Como reveló Encripdata el 10 de diciembre de 2020, por su orden, la Policía Internacional (Interpol) arrestó a José Antonio García Mena, José Gilberto Juárez Lima, Denisse Nayely Juárez Lima y Alejandro Elvira Lugos y siguen buscando a otros tres mexicanos, dos de los tres jefes de la célula y un familiar de ellos, para los que Pérez Corradi traficó 13 toneladas de efedrina de las 40 toneladas que se desviaron entre 2004 y 2008 hacia el narcotráfico internacional sin que diversos organismos del Estado hicieran algo al respecto.

Para la jueza Servini existe la posibilidad de que haya pasado algo entre Pozas Iturbe y Forza, Ferrón y Bina, tal vez un juego a dos puntas, que disparara los asesinatos de los jóvenes empresarios, pero hasta ahora no encontró una prueba concreta que vincule al narco mexicano con los Lanatta y los Schillaci, por lo que nunca lo imputó como instigador.

De homologar el juicio abreviado, el tribunal le pondrá punto final al último gran capítulo de la «ruta de la efedrina». Es cierto: todavía falta el proceso contra los responsables de la Sedronar -si es que alguna vez se realiza- y otro contra los empresarios de la droguería Famérica -postergado in eternum en los Tribunales Federales de San Martín-, pero el debate en el que hubieran estado varios cómplices de Bina en el centro de la escena y, en consecuencia, en el que se podrían haber descubierto pistas sobre el triple crimen, se cerrará con preguntas sin responder.

Existe otra teoría, menos explorada, pero más inquietante sobre a quién benefició el triple crimen de la efedrina. Habrá que buscar las respuestas por otro lado.

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