«Narigón Ale», el narco que puede complicar más al fiscal Scapolan
Caso Scapolan: fiscal procesado, pero jueza apartada. Crédito: Télam.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó a Alejandro Javier Giancarelli, alias «Narigón Ale», por el delito de «coima activa» en el caso Bustamante, muy parecido a «Leones Blancos», en un intento más por fortalecer su hipótesis de que el fiscal suspendido Claudio Scapolan era el «jefe de una asociación ilícita que administró, gestionó y en alguna medida reguló el tráfico de estupefacientes» en la zona norte del conurbano bonaerense.
Al igual que «Leones Blancos», el caso Bustamante comenzó con una llamada anónima. «Quiero denunciar que ‘Nano’, de Villa Santa Rita, busca droga en lo de ‘Pirulo’, en la calle Plumerillo 1555, y la vende por el barrio», dijo la voz el 10 de febrero de 2014 a un oficial de la Delegación San Isidro de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense. Cuatro meses después, el 13 de junio de 2014, alguien volvió a llamar para aportar datos del auto que el apuntado usaba para la maniobra.
Así, los investigadores primero pudieron determinar que «Pirulo» era Carlos Alberto Bustamante y «Nano» era Horacio Félix Galván y, sumado a ellos, «Pino» era José Ángel Molina y «Fede» era Federico Gastón Bravo; luego confirmaron que Bustamante le compraba cocaína a Molina y se la revendía a Galván y que conseguía marihuana a través de Bravo para venderla por su cuenta.
En consecuencia, el fiscal Scapolan ordenó siete allanamientos. La jueza Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez encontraron irregulridades en tres procedimientos en particular bajo la conducción del fiscal Scapolan que, según ellos, no podía no tratarse del mismo modus operandi por el que también lo investigaban en «Leones Blancos»: generar o aprovechar los operativos antinarco para quedarse o que los uniformados se quedaran con parte de la droga secuestrada.
Oficialmente, en la casa de la calle Washington 1550, José C. Paz, los policías de San Isidro no encontraron nada, pero sí en la casa quinta de la calle Santiago del Estero 6655, Villa Adelina. Al final, detuvieron al hombre que estaba en el segundo domicilio, «Pino» Molina, que no era otro que el papá de la que estaba en el primer lugar, Mariana Raquel Molina, junto a su pareja Gastón Israel Aquino, que zafaron.
Sin embargo, como en «Leones Blancos», para Arroyo Salgado y Domínguez, no todo era como parecía.
A partir de las declaraciones como «arrepentidos» del abogado Matías José Pedersoli y el sargento bonaerense Gabriel Cabral, la jueza y el fiscal consideraron probado que hubo un «acuerdo el 30 de octubre de 2014 entre el fiscal Scapolan, el auxiliar letrado Maximiliano Jarisch y Cabral con ‘Nano’ Molina y Alejandro Javier Giancarelli a través de la gestión de los abogados Gustavo Alberto Semorile y Pedersoli cuyo objeto fue evitar la detención de Molina y Aquino, que se imponía por obvia a la luz de la cantidad de droga hallada en la casa quinta».
En consecuencia, siempre según los «imputados colaboradores», los investigadores hicieron figurar que había estupefacientes en la casa en la que en realidad no habían encontrado nada y viceversa.
Así, Molina padre se hizo responsable de la droga que tenían en su poder su hija y su yerno. Los uniformados, con el aval del fiscal, arrestaron al primero y a los otros dos, que los habían tenido esposados durante quince horas, finalmente los liberaron.
Para la reconstrucción del hecho, Arroyo Salgado y Domínguez convocaron a prestar declaración testimonial a Molina hija y Aquino: «Al ratito, cuando yo ya estaba en el living, viene un señor flaquito, de 40 años, medio blanquito, con una remera y le dijo a mi mujer que quería plata, le decía ‘¿dónde está la plata?’, peor no teníamos plata. Él insistía: ‘¿Dóonde está, dónde está así no te rompemos todo?’. Uno de los policías le decía que buscara a alguien, algún familiar, que tuviera plata, pero en ningún momento ella ni yo hablamos por teléfono. El procedimiento terminó como a las 9 de la noche. Aún no entiendo por qué no fui detenido. No sé si alguien pagó. Nadie nunca me dijo nada«.
Eso fue lo que negociaron el sargento Cabral y el abogado Pedersoli. Ni más ni menos que los dos «arrepentidos».
El policía reconoció: «Se revisó la casa y la camioneta. La primera vez no se encontró nada, pero en la segunda vino el secretario de la fiscalía, Gustavo Sanvitale, y le manifestó al personal policial y a mí si habíamos revisado los paneles del vehículo. Como no se hizo, ordenó que se inspeccionara. Cuando estábamos haciéndolo, apareció Pedersoli, abogado que trabajaba con Semorile, se entrevistó conmigo, le informé la fiscalía interviniente, recibió un llamado, me dijo que estaban allanando una quinta de la calle Washington, por lo que averigué si había secuestro de droga y me respondieron que sí, se lo dije a Pedersoli, que se retiró del lugar.
Por su parte, el letrado reconoció: «Semorile me indicó que arreglara con Cabral para que no quedaran detenidos los Molina ya que el padre estaba dispuesto a poner el dinero que exigieran para que no quedara involucrada su familia. Al llegar al domicilio, vi en la mesa del living un montón de cocaína y un montón de plata. En ese momento, Semorile me volvió a llamar para decirme que había otro allanamiento en una quinta de la calle Washington que también era de los Molina. Le dije a Cabral que buscara la manera de que la familia no quedara involucrada. Entonces, me respondió que pedían 300 mil pesos más parte de la droga para no escribir a la familia, es decir, para solo involucrar a Molina padre».
El resultado, a confesión de Cabral y Pedersoli, fue que los policías se quedaron con entre 15 y 40 kilos de cocaína además del efectivo.
En cambio, a Bravo, uno de los proveedores de Bustamante, lo arrestaron a pesar que en su casa no hallaron pruebas. Antes le exigieron 50 mil pesos para no llevarse también a su esposa. Parte del dinero lo consiguió un amigo de la familia: Hernán Pablo Rivero.
Pero, al igual que «Leones Blancos», el caso Bustamante terminó en la nada: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 5 San Martín absolvió en 2016 a todos los involucrados y ordenó investigar el accionar del fiscal Scapolan porque, como demostró la defensa, los uniformados comenzaron la investigación a partir de la falsa denuncia anónima que realizó José Víctor Gutiérrez, amigo e informante de Oscar Antonio Caviglia.
Por estos hechos, fueron procesados Jarisch y Sanvitale y quedó pendiente la indagatoria a Scapolan, pero la Sala I de la Cámara Federal de San Martín les dictó la falta de mérito a sus secretarios por falta de pruebas. El fiscal federal, que lleva adelante el expediente, trabaja para fortalecer la acusación en contra de los tres y, de paso, la jueza, en el procesamiento de Giancarelli, reiteró su hipótesis de que Scapolan, Jarisch y Santivale formaron parte del «acuerdo el 30 de octubre de 2014» con los Molina.
Pero, por si quedaban dudas, todos los acusados que el tribunal debió absolver eran traficantes: cuando Arroyo Salgado y Domínguez ordenaron la detención de Molina padre por la coima que negoció junto con su cuñado, el ahora procesado Giancarelli, para que su hija y su yerno no fueran a la cárcel, los policías federales encontraron en la casa donde estaba, ni más ni menos que la de Santiago del Estero 6655, cinco kilos de cocaína, 2 mil dólares y 2,4 millones de pesos.
No solo eso: Rivero, testigo de Bravo, que puso plata para que los policías no se llevaran también a la pareja de su amigo, fue asesinado el 13 de mayo de 2019 en San Vicente tras cumplir una condena por narcotráfico. Su cuerpo lo encontraron, carbonizado, en un auto que terminó en el Polideportivo Mugica mientras que a Jonathan Zárate, con el que había ido a hacer un negocio por demás extraño, fue ejecutado de cuatro disparos. En la escena del crimen, los investigadores descubrieron una muslera donde los policías llevan su arma reglamentaria.
Alguien más puede contar lo que pasó en los allanamientos a los Molina: su abogado Semorile, pero está prófugo hace seis meses.
About Author
