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El hilo invisible entre el crimen y el poder

El poder de Stiuso: la Corte aprueba reeditar el juicio al Grupo Halcón por el crimen del «Lauchón» Viale

La SIDE, la Bonaerense y la guerra interminable de espías

La SIDE, la Bonaerense y la guerra interminable de espías. Crédito: Encripdata.

A casi trece años del homicidio de Pedro Tomás Viale, alias «Lauchón», la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó dos recursos extraordinarios y, en consecuencia, aprobó la reedición del juicio contra los dos miembros del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense, Gustavo Ernesto Martínez y Pedro Nelson Alegre, por haberle dado muerte a este agente de contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) la madrugada del 9 de julio de 2013 en su casa de La Reja, Moreno.

Como publicó Encripdata el 28 de noviembre de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos de casación de la querella, es decir, de la familia Viale, anuló la sentencia absolutoria del Tribunal Oral Criminal (TOF) 5 de San Martín y el debate que sirvió de antecedente y remitió las actuaciones a su origen a fin de que se tome razón de lo resuelto y se desinsacule un nuevo tribunal para que, «con la mayor premura posible», se lleve a cabo un nuevo juicio.

El motivo: los jueces del tribunal, Nada Flores VegaHéctor Omar Sagretti y María Claudia Morgese Martíncercenaron el derecho de prueba de la familia Viale, o sea, afectaron una garantía constitucional. Y no era una prueba cualquiera: una y otra vez, no permitieron la declaración testimonial de Horacio Antonio Stiuso, alias «Jaime», el hombre siempre poderoso de la SIDE.

La Corte rechazó los recursos extraordinarios presentados por los dos miembros del grupo de élite absueltos por el tribunal y por los demás policías que esperaban el resultado de ese juicio para destrabar su situación procesal, todos defendidos en bloque por el abogado Fabián Améndola, socio del estudio de Fernando Burlando, porque los mismos no se dirigieron contra una sentencia definitiva o equiparable, como todos descontaban por el simple hecho de conocer la letra escrita de la ley.

En el debate –Encripdata fue el único medio que cubrió todas y cada una de las audiencias-, Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subías, históricos abogados de Stiuso y representantes de la familia Viale, solicitaron una y otra vez -incluso antes del juicio- la presencia del exjefe de la SIDE y de otros agentes para intentar demostrar su teoría del caso: que la Policía Bonaerense fue a matar al «Lauchón» por una guerra subterránea, pero los jueces del tribunal, una y otra vez, al no hacer lugar a la testimonial, lesionaron el derecho de prueba de esa parte.

La madrugada del 9 de julio de 2013, el escalón del Grupo Halcón irrumpió en la propiedad de la calle Rocha Blaquier 1502 para llevarse detenido al «Lauchón». La orden la firmó el juez federal Juan Manuel Culotta, quien investigaba la relación entre el agente de contrainteligencia y la organización narcocriminal de Rodolfo Ángel Carricaburo, alias «Carri». A los pocos minutos, Viale yacía muerto en el baño de su casa.

Según la operación de autopsia, la víctima tenía once heridas de bala: una en la cara, seis en el tórax, tres en el brazo izquierdo y una en la cadera derecha. Algunos eran orificios y otros, esquirlas. Si bien el enfrentamiento se concentró en un pasillo, los peritos balísticos también levantaron cuatro vainas .40 de la Glock del agente de contrainteligencia y una vaina y un proyectil 9 mm de un halcón en el baño, donde falleció con los precintos puestos.

En los alegatos, Blanco Bermúdez y Subías reclamaron la prisión perpetua con accesoria a reclusión por tiempo indeterminado de Martínez y Alegre: “Son policías, saben lo que están haciendo, fueron a matarlo. Hubo abuso de funciones, no es legítima defensa. Yo ya adelanté que los acusaría por ensañamiento y alevosía, lo confirmaron, dispararon para ultimarlo, lo dejaron tirado en el baño precintado hasta morir, tiene un tiro desde adentro, arriba Martínez, abajo Viale. Alegre dijo que se tiró encima, lo que le permitió a Martínez entrar. Se aprovecharon de la indefensión de la víctima y actuaron sin riesgo”.

Al momento de elevar el expediente a juicio, la querella de la SIDE, para la que trabajaba Viale, consideró que el hecho se encuadraba en el homicidio agravado por el abuso de sus funciones como miembros de fuerzas de seguridad, delito penado con prisión perpetua, pero tras el debate, solicitó condenar a Martínez y Alegre a solo 5 años de prisión porque actuaron con «dolo homicida sobre Viale excediendo los límites de la legítima defensa».

En la misma línea, el exceso en la legítima defensa, el fiscal Carlos Cearras pidió 4 años de prisión para Martínez -autor del disparo mortal- y 3 años y 6 meses para Alegre.

A su turno, el abogado Améndola solicitó la absolución de los dos halcones porque respondieron amparados por el derecho a la legítima defensa: “De ellos se pretende que se hubieran replegado, que no siguieran disparando, que llamaran a un mediador, esa no era la conducta correcta, Viale no dejó de disparar, el peligro de vida para Martínez y Alegre era inminente”.

Finalmente, el 9 de mayo de 2023, los jueces del tribunal absolvieron a Martínez y Alegre por lo sucedido la madrugada del 9 de julio de 2013 en la casa de Viale. Para fundamentarlo, citaron el artículo 34, inciso 6, del Código Penal: los halcones actuaron en defensa propia ante una agresión ilegítima, con necesidad racional del medio empleado para repelerla y sin provocación suficiente por parte del que se defiende. En otras palabras: legítima defensa.

En el aire quedó flotando una teoría: que en agosto del 2011, «Lauchón» ayudó a capturar a Miguel Ángel Villalba, alias «Mameluco», una «caja» de la Policía de la provincia, y que en venganza, la Bonaerense, a través del Grupo Halcón, se aprovechó del caso Carricaburo para provocar el enfrentamiento armado en la casa de Viale.

Para intentar demostrar esa hipótesis, los históricos abogados de Stiuso pidieron, una y otra vez, citar al propio «Jaime», pero los jueces del tribunal nunca hicieron lugar. Entonces, en los alegatos, se limitaron a señalar a Enrique Roberto Maldonado, el jefe policial que decidió la intervención del grupo de élite en la casa del agente de contrainteligencia de la SIDE: «Alguien decidió hacer lo que quería hacer».

En realidad, por la guerra sórdida entre la SIDE, la Bonaerense y el Ejército, existen otras teorías.

Parafraseando al criminalista Edmond Locard, el tiempo que pasa podría ser la verdad que se acomode.


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