Manolo, la visita de presos de alto riesgo que se creía el abogado de la mafia

Manolo, la visita de presos de alto riesgo que se creía el abogado de la mafia. Crédito: Minseg.
De joven, Iván Carlos Méndez pasó dos veces por la cárcel. Allí aprovechó el tiempo muerto: en pocos años se recibió como abogado en el Centro Universitario Devoto (CUD). Después volvió al mundo. Y de la noche a la mañana, ya con 52 años, pasó a defender a los principales criminales del país: desde Martín Lanatta, uno de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, hasta varios miembros de Los Monos, la banda que por un tiempo se adueñó de Rosario, pudo saber Encripdata.
En los papeles, Méndez asistía a César Morán De la Cruz, alias «Loco César»; de hecho, el letrado vivía en una casa que el jefe narco de la Villa 31 le había prestado en su territorio; también a Mario Roberto Segovia, el falso «rey de la efedrina», quien le facilitó un Ford Mondeo para movilizarse.
Pero era una pantalla: el fiscal Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad -Procunar-, le ordenó a la División Hidrovías del Paraná, de la Policía Federal (PFA), que le siguiera los pasos a Méndez para determinar si, por ejemplo, estaba coordinando atentados.
Méndez solía viajar entre la Villa 31, de la Ciudad de Buenos Aires, y Rosario, pero también ingresaba con frecuencia a las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz, donde la lista de clientes no paraba de crecer.
Así, los investigadores detallaron contactos con Lanatta, De la Cruz, Segovia, Jorge Adalid Granier Ruiz, alias «Chuleta»; Evelio Horacio Ramallo, alias «Yiyo»; Delfín Zacarías, José Uriburu y Francisco Riquelme.
Y también con los jefes de las diversas franquicias de Los Monos, como Leandro Vinardi, alias «Pollo»; Cristian Nicolás Avalle, alias «Pupito»; Pablo Nicolás Camino; el proveedor Julio Andrés Rodríguez Granthon, «el Peruano»; y, por supuesto, con Ariel Máximo «Guille» Cantero, el líder indiscutible de la organización, y con Uriel Luciano Cantero, alias «Lucho», hijo de Claudio «Pájaro» Cantero.
Pero la realidad era bien diferente: Méndez no se ofrecía para establecer estrategias judiciales sino, simplemente, para sacar provecho de su matrícula. De esa manera, sorteaban las restricciones impuestas bajo el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Desde que el Gobierno implementó este sistema, ya fueron detenidos tres abogados por cometer delitos graves: Gregorio Gómez, por el transporte de 464 kilos de cocaína; el propio Uriburu, que visitaba a «Guille» Cantero con la misma excusa, ser su defensor, en una trama que terminó en el crimen de Gastón Tallone; y, ahora, Méndez, por ofrecer su servicio de «correo humano».
A través de «Manolo», como lo llamaban algunos, estos jefes narcos intentaron continuar al frente de sus organizaciones narcocriminales. Por ejemplo, «Pupito» Avalle y «el Peruano» Granthon le explicaron los pasos a seguir para comprar el kilo de cocaína a 3800 dólares y venderlo a 4500 en Rosario.
Otros internos, en cambio, solo marcaban a Méndez a su casa para triangular llamadas cada vez que deseaban hablar con sus mujeres.
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