Ya tiene fecha el juicio a la banda de «Mameluco» Villalba por el desastre del carfentanilo en Puerta 8
El juicio al clan Villalba por el carfentanilo empezará en abril. Crédito: Archivo.
Este 25 de abril, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín comenzará el juicio a Miguel Ángel «Mameluco» Villalba, su hijo Iván Gabriel Villalba, alias “Salvaje”, y 18 miembros de la organización narcocriminal por haber vendido entre el 1 y 2 de febrero del 2022 la cocaína con carfentanilo que les provocó la muerte a 24 personas en Puerta 8, Tres de Febrero, y Villa 18, su histórico bastión en San Martín, como viene contando Encripdata. Los médicos les salvaron la vida a 80 consumidores.
La investigación sobre “Mameluco” comenzó en el 2020 como desprendimiento de otro expediente. En ese momento, Villalba estaba en la cárcel de Rawson, Chubut, cumpliendo una pena a 27 años de prisión por narcomenudeo y lavado de activos, pero su organización seguía activa, como demostró el desastre aquella noche de verano.
La jueza federal Alicia Vence y el fiscal Paul Starc les recriminaron a los Villalba la comercialización de la cocaína con carfentanilo, “el poder de disposición que poseían sobre los 480 envoltorios de nylon color rosado anaranjado” con esas mismas sustancias que la Bonaerense incautó cuando irrumpió el 2 de febrero en el búnker de Puerta 8 y “la tenencia que detentaban” ese mismo día “de dos bolsas de nylon con 3346 envoltorios” más, a muy pocas cuadras de ahí, en una casa de guarda en Loma Hermosa.
Para que se entienda: incluso después de las primeras muertes, la banda de “Mameluco” tenía casi un kilo más de cocaína con carfentanilo fraccionado, empaquetado y listo para vender.
Entre las pruebas contra los Villalba están las intervenciones telefónicas. El 24 de enero del 2022, una semana antes del desastre, una encargada de uno de los turnos se asustó por cómo pegaba una droga nueva, tanto que los probadores terminaron en el hospital.
En otra conversación, el mismo 2 de febrero, “Mameluco” se hizo cargo de que la cocaína con carfentanilo la había vendido su organización, pero eso podría jugarle a favor, según quién la interprete, porque podría sugerir que al enterarse de que dos probadores de su banda se habían intoxicado, dio la orden de sacar la “droga fea” del mercado y alguien se equivocó al volverla a vender. Ese es el punto: demostrar el dolo, la intención.
Por eso, la jueza Vence lo envió a juicio por la venta de la cocaína con carfentanilo, pero seguirá recolectando elementos para, llegado el caso, poder imputarles los homicidios, agravado por el uso de veneno como método insidioso.
De la investigación formaron parte la Dirección Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico “Los Polvorines” de la Policía Bonaerense y la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná de la Policía Federal (PFA).
La DEA de los Estados Unidos analizó una muestra en el laboratorio de Dulles, Virginia, para intentar reconstruir la ruta del opioide sintético, que es “10 mil veces más potente que la morfina y 100 veces más que el fentanilo”, pero no pudo comprobar la trazabilidad por la escasa cantidad utilizada en el corte de la cocaína y, por lo tanto, tampoco pudo precisar si fue hecho en el país o en el exterior.
A Estados Unidos le interesa las rutas de los opioides sintéticos: de un tiempo a esta parte padecen una crisis de salud por el consumo problemático o recreativo que convierten en zombies a las personas. En 2021 fallecieron 107 mil personas por sobredosis. El 66% estuvo relacionada con el fentanilo.
El fiscal Starc fue durísimo, no solo con los narcotraficantes sino también con la Policía: “Cuando se habla de venta a gran escala de estupefacientes en el conurbano bonaerense se piensa en bandas conformadas por muchos sujetos que organizadamente venden drogas en varios puestos de distintas villas de emergencia para lo cual extienden todos sus recursos a los efectos de controlar, si es necesario de forma violenta, el territorio donde realizan sus actividades como así también realizar ataques a ‘bandas’ contrarias o algún sujeto que deba ser ‘ajusticiado’. Es también parte del ideario que esas bandas pueden actuar tal como lo hacen por aquiescencia de las fuerzas de seguridad encargadas de su prevención e investigación, favor que las organizaciones narcocriminales obtienen mediante el pago de jugosas dádivas. Y es así. Todo ello se probó en esta investigación”.
Para el fiscal, Puerta 8 fue “algo inédito en la historia criminal argentina”. Nunca antes había sucedido algo igual. A los acusados poco les importó: tras las 24 muertes, la organización del jefe narco que alguna vez soñó con ser intendente de San Martín siguió vendiendo cocaína y marihuana. Por eso, abrió otro expediente. La unificación de los casos provocó la postergación del juicio del principal.
El debate no será sencillo: abogados de los imputados ya han presentado quejas ante el TOF por el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal: dijeron que no han tenido la privacidad necesaria con sus clientes para delinear una estrategia sobre la defensa en juicio porque los guardiacárceles siempre los monitorean.
En febrero, el Gobierno endureció el sistema para presos de «alto riesgo» porque dos narcotraficantes rosarinos -aunque con operaciones en diversos puntos del país- se las ingeniaron para seguir al frente de sus organizaciones narcocriminales a través del contacto con familiares directos y, precisamente, con sus abogados defensores.
De no mediar inconvenientes, el tribunal abrirá el proceso el 25 de abril, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio y la individualización de las imputaciones.
Entonces, sí, será el momento de que la verdad salga a la luz.
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