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Un paso adelante

Efecto Área 50: un preso muerto y tres internados por intoxicación en la cárcel de Ezeiza

El Gobierno extrema medidas contra los presos de "alto riesgo"

El Gobierno extrema medidas contra los presos de "alto riesgo". Crédito: Ministerio de Justicia.

Por orden del juez federal Luis Antonio Armella, policías federales allanaron de urgencia el jueves por la tarde una por una todas las celdas del pabellón C de la unidad residencial 3 del Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza luego de que cuatro presos de ese sector debieran ser internados el lunes de madrugada por intoxicación. Uno llegó en muy mal estado y finalmente falleció en el Hospital Zonal General de Agudos Doctor Alberto Antranik Eurnekian, según le confirmó una fuente judicial a Encripdata. Los otros tres siguen en observación.

Según la orden de allanamiento, a la que tuvo acceso Encripdata, el magistrado solicitó secuestrar todo elemento de interés de la celaduría del pabellón, la oficina de la jefatura de turno, el recinto judicial, el área de servicio de asistencia médica, el salón de visitas, la oficina de la división de control y registro de requisa y «toda oficina y espacio de uso» del personal penitenciario «dentro de los límites» de esa unidad residencial.

Como todavía no hay resultados de la operación de autopsia al cuerpo del fallecido ni de los estudios toxicológicos a los internados, el juez Armella remarcó la necesidad de buscar comida, medicamentos y drogas para establecer la conexión de lo que provocó todo.

Para eso, además de allanar las celdas una por una de ese pabellón, también autorizó requisar tanto a los internos como los guardiacárceles.

El operativo estuvo a cargo de la División Antisecuestro Norte de la Policía Federal (PFA), con la colaboración de la Auditoría General de la Dirección Nacional, la División Criminalística y el Cuerpo de Requisa del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Algo está claro: la eliminación de la Dirección de Análisis de la Información, comúnmente llamada Área 50, por parte de la interventora María Laura Garrigós de Rebori como consecuencia del presunto espionaje ilegal del gobierno macrista a políticos y empresarios vinculados al kirchnerismo y alojados en Ezeiza y Marcos Paz, dejó sin la inteligencia criminal necesaria para que el SPF fuera capaz de anticiparse a este y otros tipos de hechos.

Tal vez la clave esté en las cámaras de seguridad y lo que pudo haber registrado.

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