Multa de 224 millones de pesos: el pedido al que se enfrenta un argentino por lavar plata de los mexicanos de «Bobinas Blancas»
"Bobinas Blancas": condenas por narco y lavado. Crédito: Ministerio de Seguridad.
Tras 15 horas de alegato divididas en tres jornadas, el fiscal de juicio Gabriel González Da Silva pidió el miércoles penas de entre 15 y 5 años de prisión para los tres mexicanos y tres argentinos que confesaron haber intentado contrabandear 2233 kilos de cocaína ocultos en rollos de láminas de acero con destino a Canadá, pero lo más destacado fue su planteo, según pudo saber Encripdata, para que Emmanuel García, el único acusado por lavado de activos vinculado a la operación, pague una multa equivalente a ocho veces la maniobra desbaratada: ni más ni menos que 224.630.288,86 pesos a actualizar desde ahora hasta que, de ser encontrado culpable, sea condenado o la sentencia quede firme.
El fiscal González Da Silva solicitó entonces 15 años de prisión para el mexicano Max Rodríguez Córdova por considerarlo «coautor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento agravado por la intervención de tres o más personas con concurso ideal con el delito de contrabando de estupefacientes agravado en grado de tentativa»; 14 años para para sus compatriotas Jesús Madrigal Vargas y Gilberto Acevedo Villanueva; 6 años para los argentinos Marcelo Rafael Cuello y Amilcar Darío Martino como «partícipes secundarios»; 5 años para Darío Maximiliano Cuello; y 8 años de prisión para García por «lavado de activos de origen ilegal en cinco oportunidades».
El acusador aseguró que García debería ser juzgado también por la operación de narcotráfico, según las pruebas recolectadas, pero como el juez federal de Campana Adrián González Charvay no se la imputó, «debería ir caminando a Luján para agradecerle».
Todos tenían su rol: Max y Rodrigo Alexander Naged Ramírez fueron los jefes de la banda en la Argentina; Acevedo y Madrigal se encargaron de preparar los paquetes de cocaína; los hermanos Cuello consiguieron los autos y el galpón; Martino fue el dueño de Can Trade Connections y como tal importó las láminas de acero para que los mexicanos ocultaran allí los «ladrillos». Pero la organización era más grande: el fiscal pidió que el tribunal le reitere a la Interpol la necesidad de capturar al contacto en Canadá, Kenneth James Booth, que debía descargar la droga.
Por encima de todos ellos estaba un hombre del que los investigadores solo saben su alias: «Lic». Max, quien le reportaba el día a día de la operación, y García, quien convertía a dólares los bitcoins que recibía, sin importarle si estaban «marcados» o incluso «manchados con sangre», prefirieron no decir en el juicio cuál era el nombre del enigmático «Licenciado».
García manejaba mucha plata de la banda: tanto que cuando le allanaron en junio del 2017 su departamento del barrio de Recoleta, tras tirar abajo la puerta blindada, que complicó el procedimiento, los detectives descubrieron 160 mil dólares en una caja fuerte.
El fiscal, al explicar por qué pidió una multa ocho veces superior a la maniobra investigada, aseguró que lo que guardaba en su caja fuerte era solo una parte del dinero lavado: «Si se aplicara una multa menor al día de la fecha, García saldría victorioso al ganar una suma cuantiosa dineraria en dólares sobre la diferencia de aquel entonces. Él se hizo millonario. No puede ser que le hayamos encontrado solo esos montos porque operaba con millones. Los hizo desaparecer. Los tiene que tener en alguna parte. El bitcoin pasó de 1400 dólares a 57.000 dólares de 2017 a este año. Si García todavía los tiene, se hizo millonario. Si el tribunal no comparte mi posición, García esperará para salir y darse la gran vida».
No por nada García pudo viajar a Uruguay y los Estados Unidos para abrir cuentas bancarias y a Turquía y Tailandia para vacacionar. Y ya procesado, solicitó permiso para volar a la India con la excusa de hacer un retiro espiritual, pero el tribunal se lo negó el año pasado.
García fue el único de los siete acusados en llegar en libertad al juicio. El fiscal planteó la prohibición de salida del país, la entrega del pasaporte y la asistencia cada quince días a la comisaría más cercana de la Policía Federal (PFA) porque advirtió que García podría entorpecer la causa o incluso fugarse tras conocer la pena pretendida. El tribunal consideró suficientes las dos primeras medidas para que siga sujeto al proceso.
También solicitó que el tribunal le reitere a la Interpol la orden de captura internacional sobre Booth, y los mexicanos Gabriel Cabrera Madrigal, Juan Manuel Corza Pimentel y Rubén De Luna Rodríguez.
Naged Ramírez, el otro jefe de la banda en la Argentina, no llegó al juicio: alguien lo mató antes. Eso fue la noche del 4 de junio de 2018. Un sicario aprovechó la visita de la abogada Julieta Estefanía Bonanno a su casa, donde era cuidado por su hijo John Naged desde que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) para irrumpir allí, ejecutar a padre e hijo, dejar viva a la defensora y escapar para convertirse en un fantasma desde entonces. Por el doble crimen de Belgrano, un tribunal juzga a letrada como «entregadora» de sus clientes.
El fiscal pidió una última cosa: que los peritos de la Gendarmería, a través del sistema Cellebrite, intenten destrabar hasta el cansancio una billetera virtual del acusado. Para González Da Silva, allí se encuentra la verdadera fortuna de García.
No en dólares sino en bitcoins.
Por millones.
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