La Justicia ordenó reeditar el juicio por el crimen del «Lauchón» Viale, pero aún no hay fecha ni tribunal
"Lauchón" Viale, agente de la SIDE, entre los escombros de la AMIA. Crédito: Encripdata.
A doce años del homicidio de Pedro Tomás Viale, alias «Lauchón», la Justicia aún no sorteó el tribunal que deberá reeditar el juicio, por lo que mucho menos fijó fecha para llevarlo adelante, como pudo saber Encripdata, contra los dos imputados absueltos, Gustavo Ernesto Martínez y Pedro Nelson Alegre, por entonces miembros del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense que le dieron muerte la madrugada del 9 de julio de 2013 a este agente de contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
El 28 de noviembre de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos de casación de la querella, es decir, de la familia Viale, anuló la sentencia absolutoria del Tribunal Oral Criminal (TOF) 5 de San Martín y el debate que sirvió de antecedente y remitió las actuaciones a su origen a fin de que se tome razón de lo resuelto y se desinsacule un nuevo tribunal para que, «con la mayor premura posible», se lleve a cabo un nuevo juicio.
Pero la premura no fue posible: ya pasaron 223 días sin novedades. Los camaristas Carlos Javier Carbajo, Carlos Alberto Mahiques y Daniel Antonio Petrone anularon el juicio porque la querella demostró que los jueces del tribunal, Nada Flores Vega, Héctor Omar Sagretti y María Claudia Morgese Martín, cercenaron el derecho de prueba de la familia Viale, es decir, afectaron una garantía constitucional.
Y no era una prueba cualquiera: una y otra vez, no permitieron la declaración testimonial de Horacio Antonio Stiuso, alias «Jaime», el hombre siempre poderoso de la SIDE.
En el debate –Encripdata fue el único medio que cubrió todas y cada una de las audiencias-, Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subías, históricos abogados de Stiuso y representantes de la familia Viale, solicitaron una y otra vez -incluso antes del juicio- la presencia del exjefe de la SIDE y de otros agentes para intentar demostrar su teoría del caso: que la Policía Bonaerense fue a matar al «Lauchón» por una guerra subterránea, pero los jueces del tribunal, una y otra vez, al no hacer lugar a la testimonial, lesionaron el derecho de prueba de esa parte.
La madrugada del 9 de julio de 2013, el escalón del Grupo Halcón irrumpió en la propiedad de la calle Rocha Blaquier 1502 para llevarse detenido al «Lauchón». La orden la firmó el juez federal Juan Manuel Culotta, quien investigaba la relación entre el agente de contrainteligencia y la organización narcocriminal de Rodolfo Ángel Carricaburo, alias «Carri». A los pocos minutos, Viale yacía muerto en el baño de su casa.
Según la operación de autopsia, la víctima tenía once heridas de bala: una en la cara, seis en el tórax, tres en el brazo izquierdo y una en la cadera derecha. Algunos eran orificios y otros, esquirlas. Si bien el enfrentamiento se concentró en un pasillo, los peritos balísticos también levantaron cuatro vainas .40 de la Glock del agente de contrainteligencia y una vaina y un proyectil 9 mm de un halcón en el baño, donde falleció con los precintos puestos.
En los alegatos, Blanco Bermúdez y Subías demandaron la prisión perpetua con accesoria a reclusión por tiempo indeterminado de Martínez y Alegre: “Son policías, saben lo que están haciendo, fueron a matarlo. Hubo abuso de funciones, no es legítima defensa. Yo ya adelanté que los acusaría por ensañamiento y alevosía, lo confirmaron, dispararon para ultimarlo, lo dejaron tirado en el baño precintado hasta morir, tiene un tiro desde adentro, arriba Martínez, abajo Viale. Alegre dijo que se tiró encima, lo que le permitió a Martínez entrar. Se aprovecharon de la indefensión de la víctima y actuaron sin riesgo”.
Al momento de elevar el expediente a juicio, la querella de la SIDE, para la que trabajaba Viale, consideró que el hecho se encuadraba en el homicidio agravado por el abuso de sus funciones como miembros de fuerzas de seguridad, delito penado con prisión perpetua, pero tras el debate, solicitaron condenar a Martínez y Alegre a solo 5 años de prisión porque actuaron con «dolo homicida sobre Viale excediendo los límites de la legítima defensa».
En la misma línea, el exceso en la legítima defensa, el fiscal Carlos Cearras pidió 4 años de prisión para Martínez -autor del disparo mortal- y 3 años y 6 meses para Alegre.
A su turno, el abogado Fabián Améndola solicitó la absolución de los dos halcones porque respondieron amparados por el derecho a la legítima defensa: “De ellos se pretende que se hubieran replegado, que no siguieran disparando, que llamaran a un mediador, esa no era la conducta correcta, Viale no dejó de disparar, el peligro de vida para Martínez y Alegre era inminente”.
Finalmente, el 9 de mayo de 2023, los jueces del tribunal absolvieron a Martínez y Alegre por lo sucedido la madrugada del 9 de julio de 2013 en la casa de Viale. Para fundamentarlo, citaron el artículo 34, inciso 6, del Código Penal: los halcones actuaron en defensa propia ante una agresión ilegítima, con necesidad racional del medio empleado para repelerla y sin provocación suficiente por parte del que se defiende. En otras palabras: legítima defensa.
En el aire quedó flotando una teoría: que en agosto del 2011, «Lauchón» ayudó a capturar a Miguel Ángel Villalba, alias «Mameluco», una «caja» de la Policía Bonaerense, y que en venganza, la fuerza, a través del Grupo Halcón, se aprovechó del caso Carricaburo para provocar el enfrentamiento armado en la casa de Viale.
Para intentar demostrar esa hipótesis, los históricos abogados de Stiuso pidieron, una y otra vez, citar al propio «Jaime», pero los jueces del tribunal nunca hicieron lugar. Entonces, en los alegatos, se limitaron a señalar a Enrique Roberto Maldonado, el jefe policial que decidió la intervención del grupo de élite en la casa del agente de contrainteligencia de la SIDE: «Alguien decidió hacer lo que quería hacer».
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