«Leones Blancos»: sobreseyeron al dueño de la quinta donde la Bonaerense robó 500 kilos de cocaína
Lo que nadie contó sobre "Leones Blancos". Crédito: Encripdata.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín sobreseyó este jueves al dueño en los papeles de la famosa quinta de las dos estatuas de leones blancos, según el fallo al que accedió Encripdata. La quinta de «Leones Blancos» dio vida casi diez años atrás al supuesto operativo contra el narcotráfico por el que este año finalmente fue destituido el fiscal de Investigaciones Complejas de San Isidro, Claudio Scapolan, a cargo de esa causa.
El 29 de diciembre de 2013, policías bonaerenses de la DDI de Quilmes bajo las órdenes del fiscal Scapolan arrestaron a cinco narcotraficantes y secuestraron media tonelada de cocaína en dos operativos, uno, precisamente, en la quinta de «Leones Blancos» y otro en el peaje de la autopista Panamericana y el camino del Buen Ayre, justo en el límite del partido de San Isidro.
Una vez detenidos, los acusados dieron a entender -como pudieron para no autoincriminarse- que ellos tenían una tonelada de cocaína, pero que la Bonaerense les robó la mitad del cargamento y que, por eso mismo, al día siguiente informaron del secuestro de 500 kilos solamente.
Por el armado de la causa, este tribunal, con otra integración, no tuvo más remedio que absolver a los acusados el 19 de agosto del 2016, anular todo lo actuado desde la foja 1, es decir, desde la orden de allanamiento en adelante y extraer testimonios para que se investigara la posible comisión del delito de acción pública, o sea, para investigar al fiscal y los policías.
Y eso fue lo que hicieron la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez. Durante cuatro años, en silencio, pudieron reconstruir que «Leones Blancos» en realidad comenzó días antes cuando el colombiano Alberto Mejía, aka «Papo», cambió euros por dólares en la «cueva» financiera de Diego Xavier Guastini, «Dolarín», para luego comprarle un cargamento de cocaína a Edwin Loza, más conocido como «Nene». Como «arrepentido», Guastini reconoció que cuando el traficante se fue, le avisó a su amigo policía Adrián Gonzalo Baeta, que también tenía alias, «Palermo», lo que estaba por suceder.
El plan era robar y repartirse la droga.
Porque en este negocio nada es gratis.
Entonces sí, aquel 29 de diciembre de 2013, el comisario Juan José Magraner, jefe de Baeta, y el fiscal Scapolan hablaron dos veces. Según el registro telefónico, a las 16.19 y 16.32. Cometieron dos errores: lo hicieron antes -y no después- de la falsa denuncia anónima anotada en el libro de guardia a las 17.35. Y aunque el policía federal Carlos Daniel Maidana se hizo cargo, la llamada en realidad nunca existió. Ese fue el otro error: ni siquiera se gastaron en levantar el teléfono. En el juicio, el defensor de los traficantes demostró que nadie llamó a esa hora a la DDI.
Por este y otros casos irregulares, la jueza Arroyo Salgado procesó en octubre del 2021 a Scapolan por la «sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros; extorsión a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección o para no detener a sus familiares o allegados; extorsión a personas sin vínculos con el narcotráfico bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales; y detención de personas que no eran narcotraficantes a los fines meramente estadísticos para demostrar una supuesta eficacia en la materia».
Sin embargo, a mitad del 2022, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín, Marcelo Darío Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, confirmaron el procesamiento de Scapolan pero por tan solo uno de los delitos imputados: la falsedad ideológica de documento público, delito con pena en expectativa baja, por lo que además de borrarle la mayor parte de la acusación, los camaristas lo ayudaron a sortear su mayor miedo: ir preso.
Como sea, si Scapolan no hubiera cometido ese delito, la Bonaerense no habría podido robarle media tonelada de cocaína a los narcotraficantes.
Eso mismo entendieron diez miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados bonarense: el 17 de abril de este año decidieron destituir a Scapolan de la fiscalía de San Isidro.
La única que votó salvar al ahora exfiscal fue Sofía Vannelli, la senadora del Frente Renvoador (FR) que responde al ahora ministro de Economía Sergio Massa.
Tras el recorrido que tuvo el proceso, el abogado del dueño de la quinta solicitó recientemente que «se extendiera a su asistido los efectos de la nulidad dictada en la causa FSM 4700/2014 respecto del resto de los imputados en tanto tal sentencia había adquirido firmeza al desestimarse la queja interpuesta por el Ministerio Público Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación» en octubre del 2021.
El fiscal de juicio Carlos Cearras dictaminó a favor de la defensa al considerar que «no existía un curso de investigación independiente que no se encontrara abarcado por los vicios que llevaron a nulificar las actuaciones en la causa».
Este jueves, finalmente, el tribunal, conformado por María Claudia Morgese Martín y Héctor Omar Sagretti, sobreseyó al dueño de la quinta de los leones blancos antes de que empezara el juicio porque la investigación en su contra, por la que fue detenido e imputado, tuvo «su génesis en la misma prueba que fuera otrora excluida por haber sido obtenida ilegalmente».
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