Semorile, el abogado que lleva prófugo dos años, pero defiende narcos desde Paraguay
El abogado Semorile lleva prófugo más de dos años. Crédito: Encripdata.
Fue abogado de los narcos más pesados de la zona oeste del conurbano bonaerense, también de Carlos Alberto Telleldín por el caso AMIA, pero al que busca la Justicia ahora es a él: sobre la cabeza de Gustavo Alberto Semorile pesa una orden de captura hace dos años y contando, pero solo en territorio nacional. Como no está a derecho, no puede acompañar a sus clientes en las audiencias, pero, según pudo reconstruir Encripdata, los asesora a través de terceros. Siempre desde el exterior.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó el 24 de julio de 2020 la detención de Semorile porque el fiscal Fernando Domínguez lo acusaba de ser miembro de la organización narcocriminal del fiscal Claudio Scapolan, procesado por el robo de media tonelada de cocaína hallada -pero no secuestrada oficialmente- en el operativo Leones Blancos. Al ahora suspendido fiscal Scapolan le reprocharon su actuación en cinco casos, todos agregados al megaexpediente. Al abogado Semorile, en tanto, lo vincularon a dos de esos: Bustamante y Basaldúa.
Para entender lo que hizo Semorile, primero hay que saber lo que hizo uno de sus clientes: José Víctor Gutiérrez. Alias «Primo» era un transa de San Martín que les pasaba información a los policías Gabriel Cabral y Oscar Antonio Caviglia. Informante era un decir: no solo aportaba datos para operativos sino que realizaba tareas como si fuera policía, formaba parte del armado de causas y, si era necesario, actuaba como testigo trucho.
Tal era la impunidad con la que se manejaba que un día llamó desde la Delegación Drogas Ilícitas de San Isidro a otro traficante para ofrecerle una bolsa llena de dosis que los verdaderos policías acababan de incautar.
Pero Gutiérrez cayó el 18 de febrero de 2015. Entonces, Cabral lo convenció para Semorile fuera su defensor. «Primo» entendió la jugaba mucho después: el policía no quería salvarlo, quería que se hundiera solo, que ni se le ocurriera mencionarlo a él ni al resto de la banda. Esa era la misión del abogado.
De hecho, aquel 18 de febrero, se produjo una «explosión» de llamadas para planificar el control de daños. Cabral estuvo presente cuando arrestaron a Gutiérrez. Semorile, enterado de la situación, regresó de la costa esa misma noche. Caviglia, por su parte, habló con la mujer de «Primo» y después con Maximiliano Jarisch, secretario del fiscal Scapolan. Al día siguiente, Cabral y Caviglia se reunieron con Semorile y un abogado de su estudio jurídico, Francisco García Maañon. Acordaron que el recién detenido fuera la línea de corte. Cuando se dio cuenta, Gutiérrez corrió a Semorile, puso a otro defensor, declaró como «arrepentido» y apuntó hacia arriba.
Como «imputado colaborador», Gutiérrez reconoció: «Semorile fue mi abogado. Me lo puso Cabral. Es el mismo que defiende a todos estos narcotraficantes. Semorile tenía un arreglo con Cabral para que le avisara cuando iba a allanar domicilios de sus clientes, como el de la hija del ‘Negri’, que es de San Martín, o la hija de ‘Piturro’ Andrada, al que agarraron con 500 kilos. Por supuesto, después le daba la plata».
Gutiérrez dijo bastante más, cumplió condena y salió en libertad. Aunque pasaron cinco años de todo eso, a los policías federales les llamó la atención encontrar dos copias de la causa sobre el despacho de Scapolan cuando allanaron la fiscalía.
Aquel día, la jueza Arroyo Salgado, por pedido del fiscal Domínguez, finalmente ordenó las detenciones de Semorile, Gutiérrez, Cabral, Caviglia, Jarisch, García Maañon y el resto de los 53 involucrados en «Leones Blancos», «Bustamante», «Santellán», «Basaldúa» y «Acosta» menos la de Scapolan, al que consideraba el jefe de la asociación ilícita, pero con fueros.
Una vez atrapado, García Maañon, el abogado del estudio jurídico de Semorile, declaró como «arrepentido». También el otro letrado de ese despacho, Matías Pedersoli.
Pedersoli dio detalles del caso «Bustamante»: oficialmente, en la casa de la calle Washington 1550, José C. Paz, los policías no encontraron nada, pero sí en la casa quinta de la calle Santiago del Estero 6655, Villa Adelina. Al final, arrestaron al hombre que estaba en el segundo domicilio, «Pino» Molina, que no era otro que el papá de la que estaba en el primer lugar, Mariana Raquel Molina, junto a su pareja Gastón Israel Aquino, que zafaron. Pero no todo era como parecía. Pedersoli y Cabral, abogado y policía «arrepentidos», coincidieron al decir que el dueño de la droga, a través de Semorile y ellos dos, arregló con Scapolan y Jarisch: el trato fue pagar 300 mil pesos y entregar los 15 kilos de cocaína secuestrados a cambio de que no se llevaran detenidos a su hija y su yerno.
Aquino le dijo a Arroyo Salgado que nunca entendió por qué no fue detenido.
Pedersoli, en tanto, reconoció que por esa gestión se llevó 30 mil pesos.
El abogado «arrepentido» contó algo más: confesó que ese no fue un hecho aislado sino uno más de tantos. Recordó que era común que Semorile se reunieran con los policías antinarcos de San Isidro así como que ellos lo visitaran en su casa. Algunos traficantes se cansaron de ese jueguito. Según Pedersoli, Eduardo Galvan y Pablo Ponce le dijeron que era «la historia de siempre: que los citaba y les decía que la Policía los estaba investigando y les pedía plata para que dejaran de perseguirlos».
Por todo eso, Semorile se fue a Paraguay a vivir con su pareja. Ella sí se presentó en la Justicia: pidió la devolución de un Toyota Corolla, pero le dijeron que no porque el auto no está a su nombre sino del prófugo.
No es el único fantasma del caso: Gutiérrez tampoco quiere ir a la cárcel. No de nuevo.
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