«Quisieron dar muerte a los amigos de Lucas»: la nueva acusación contra los tres policías detenidos por el crimen del juvenil de Barracas Central
Dijo Julián: «Se bajaron y ya empezaron a dispararnos. No sé cuántos tiros fueron porque no me acuerdo la situación de los tiros, yo caí cuando mi amigo empezó a gritar, lo vi de reojo a Lucas y estaba re mal, en el movimiento se me puso en mi rodilla, yo manejaba y lo tenía ahí a él. Es re feo tener a tu amigo baleado sin razón alguna. Yo pedí ayuda a un policía y un patrullero no me ayudó, le toqué bocina, le gritamos con mi amigo para que nos ayude y la policía siguió, no nos dio pelota, hasta que busqué más ayuda y vi a esas dos policías en la esquina, eran dos chicas, les dije: ‘ayuda, le dieron un tiro a mi amigo’, no fueron capaces de acercarse, me dijeron solamente que me baje del auto, en vez de ayudarnos, nos trataron re mal, nos trataron de delincuentes, un policía nos dijo que nos tendrían dar un tiro a cada uno por ser villeros, por el lugar de donde veníamos. Nosotros veníamos de entrenar, salíamos temprano para ir a la práctica».
Dijo Isassi en la radio de la frecuencia policial: «Señor, veníamos recorriendo a la altura de Luna e Iriarte, observando a este masculino que estaba realizando maniobras evasivas ante el tránsito, sí. Al colocarnos atrás, notamos la presencia de cuatro masculinos, sí, entonces, al pasar la altura de Vélez Sarsfield intentamos hacerlos detener la marcha. Cuando cruzamos el vehículo para obligarlo a detener, el acompañante esgrime un arma de fuego y colisiona al chofer y al suscripto. Y ahí se… bueno, continúa el procedimiento«.
La «continuación del procedimiento» fue tirar a matar.
A los cuatro: lo consiguieron con Lucas.
Asesinaron a Lucas González de un tiro en la cabeza y quisieron hacer lo mismo con sus amigos Julián, Niven y Joaquín. De eso ya no tienen dudas los investigadores. Cuando el juez Martín Del Viso los indague, entonces, el inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva deberán responder ya no solo por fusilar al juvenil de Barracas Central sino también, como pudo reconstruir Encripdata, por intentar acribillar a los otros tres menores de edad, por privarlos ilegalmente de la libertad, por la falsedad ideológica con la que reportaron lo que hicieron ante sus superiores para hacer pasar todo por un enfrentamiento con delincuentes, todos delitos agravados por ser integrantes, en este caso, de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Policía de la Ciudad y por alevosía.
No hicieron maniobras elusivas. No realizaron disparos. Según el primer juez del caso, Alejandro Cilleruelo, los chicos «no esgrimieron ningún tipo de arma». Y según el segundo fiscal a cargo del expediente, Leonel Gómez Barbella, el arma de juguete, una réplica de ‘The Punisher’, fue plantada por los policías. Como demuestra el video revelado por IP y también publicado por Encripdata, ellos escaparon en el Volkswagen Suran, con Julián al volante, recién cuando al menos uno de los policías de civil le acertó un tiro en la cabeza a Lucas y otro le rozó la cara y otros más al vehículo. Eso fue tras cruzarle el auto sin identificación alguna en la avenida Iriarte y Luzuriaga. Todo sucedió el miércoles 17 de noviembre a las 9.30 de la mañana muy cerca de uno de los accesos al barrio Zavaleta, en el sur de la Ciudad.
Los tres policías de civil se bajaron del auto para atacar a los chicos.
Los investigadores no tienen dudas: quisieron matar a los cuatro.
Con Lucas desangrándose y recostado sobre su rodilla derecha, que le dificultaba usar la caja de cambios, Julián consiguió doblar a la izquierda hacia Luzuriaga, hizo dos cuadras y dobló a la derecha hacia Alvarado, donde vio a dos oficiales mujeres y frenó. Estaba en shock. Estaban los tres en shock. Sabían que su amigo agonizaba. Cada uno reaccionó como pudo: Julián y Joaquín les pidieron ayuda a esas uniformadas, pero ellas, en vez de asistirlos, los redujeron. Niven, en cambio, salió corriendo y le contó a su mamá lo que estaba pasando.
A Julián y Joaquín, los policías porteños los retuvieron diez horas en la escena del crimen, luego los llevaron, ya oficialmente imputados y detenidos, al Centro de Admisión y Derivación. Niven, acompañado por su mamá a una comisaría, terminó en el mismo lugar. Isassi, López y Nieva consiguieron imponer su versión, la del «enfrentamiento con delincuentes», tanto que los principales medios del país aseguraron que todo se trató de una «persecución«. Uno hasta se animó a titular: «Persecución y tiroteo en Barracas: un ladrón fue baleado en la cabeza». Así, mientras Lucas luchaba por su vida en el hospital, sus amigos pasaron la noche privados de la libertad.
Los médicos del Hospital El Cruce no pudieron salvarle la vida.
En medio de la conmoción, los papás sacaron fuerzas para salvar su honor.
Y, entonces, el primer giro: la fiscal de menores María Fernanda Poggi solicitó la detención de los tres policías, pero el juez Cilleruelo sobreseyó a los cuatro chicos por inexistencia de delito, les prohibió salir del país a los acusados y se declaró incompetente. Recaída la causa en el juez Del Viso, la delegó en el fiscal Gómez Barbella y, por pedido suyo, también en el fiscal Andrés Heim, de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
Rápidamente, los fiscales exigieron la detención preventiva de los tres policías por la posibilidad del peligro de fuga -considerando «la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena»- y por la probabilidad del entorpecimiento de la investigación -considerando que tergiversaron los hechos al informarlos a las autoridades judiciales anteriores para mejorar su situación procesal-. Conocido ese pedido y por recomendación de su abogado Alfredo Oliván, los acusados finalmente se entregaron el sábado. Para preservar los próximas medidas de prueba, claves para terminar de desarmar el relato de los ahora detenidos, los fiscales le solicitaron al juez que decrete el secreto de sumario por diez días hábiles.
Aunque parezca un detalle, entre el miércoles y el sábado, Isassi, López y Nieva tuvieron tiempo de unificar el relato que podrían dar cuando sean indagados. Parte de esa coartada lo sugirió su defensor en IP: «Por lo que yo tengo entendido, estaban haciendo tareas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, tareas de inteligencia e investigación relacionadas con la supuesta comisión de ilícitos previstos a la Ley 23.737 de Narcotráfico«. En otras palabras: que en la proximidad a uno de los accesos al barrio Zavaleta, los policías llevaban adelante tareas de inteligencia, por eso estaban vestidos de civil a bordo de un auto sin identificar para investigar a una organización dedicada a la venta de drogas. Eso no explica y menos justifica por qué encerraron el auto de los chicos, se bajaron y al menos uno disparó, causándole una herida mortal a Lucas, cuando, como ya quedó demostrado, no hubo enfrentamiento. Lo más grave que podría haber pasado era que el vehículo se escapara. Lo máximo que podrían haber hecho era dispararle a las llantas. En vez de eso, tiraron a matar.
Mientras más inexplicable parece la forma en la que actuaron Isassi, López y Nieva, más probable es la hipótesis que sobrevuela el expediente: que, como en tantos otros casos, estos policías porteños hayan querido cobrar un «peaje» a los ocupantes del auto que, por moverse cerca del barrio Zavaleta, pensaron que habían comprado o vendido droga. En esos «cortitos», los uniformados siempre se quedan con la plata o la droga y los extorsionados, con la libertad.
Encripdata pudo confirmar que en el Nissan Tiida, registrado a nombre de la Policía Federal (PFA) y no de la Policía de la Ciudad, Isassi, López y Nieva no llevaban sirena, uniforme, chaleco antibalas ni credenciales. Nada que pudieran usar para identificarse como policías. De hecho, ni siquiera cuando se bajaron del auto, dieron la voz de alto. No hace falta más que contrastar la versión que dio Isassi con la de Julián. En su reporte oral, Isassi nunca explicitó haber dado la voz de alto. Por la lógica más elemental, si lo hubieran hecho, Julián y sus amigos nunca habrían buscado a otros uniformados para que los ayudaran.
La bala que mató a Lucas terminó por un rato con la discusión entre oficialismo y oposición sobre quién ganó y quién perdió las elecciones legislativas. Solo así esos dirigentes volvieron a la realidad que decían querer representar cuando hasta cuatro dias antes pedían el voto. También a los que debatían quién tenía la culpa en el Wandagate, si Mauro Icardi por descuidar su matrimonio con Wanda Nara o «la China» Suárez por meterse en el medio, que, dicho sea de paso, sucedió a miles de kilómetros de distancia de los problemas reales que atraviesan los que viven en la Argentina.
Esos problemas tan reales que matan: así como el Servicio Penitenciario está en crisis en eso de reinsertar en la sociedad a las personas que cometen delitos graves, como quedó demostrado, una vez más, cuando Leandro Daniel Suárez, de 29 años, tras cumplir totalmente la pena de seis años de prisión por un «robo con escalamiento», recuperó la libertad el 13 de agosto de 2020 y asesinó el 7 de noviembre de este año al kiosquero Roberto Sabo para robarle la recaudación del kiosco en Ramos Mejía; así como las fuerzas de seguridad, en este caso la Policía de la Ciudad, la más nueva del país, están en crisis en eso de brindar seguridad porque, con tal de incorporar uniformados, siguiendo la errada teoría de que más policías es menos delitos, ni siquiera saben quiénes, en su nombre, ejercen el monopolio de la fuerza delegada por la sociedad.
Con estas dos instituciones en crisis, esto solo puede empeorar.