Liberaron en Río Negro a un narco con antecedentes porque «los vecinos lo conocen hace 25 años»

Excarcelaron a un narco con antecedentes en Río Negro

Narco reincidente, excarcelado en Río Negro. Crédito: Ministerio de Seguridad.

La primera vez que lo atraparon fue en el 2017 con 96 kilos de marihuana en su poder en General Rodríguez. Reconoció el delito en un juicio abreviado del 2018 para salir de la cárcel. Pero este año, si no antes, volvió a hacer de las suyas, esta vez cerca de General Roca, en plena segunda ola de coronavirus. Encripdata pudo saber que esta vez llevaba 49 kilos y algo más: un dólar que, para muchos, trae suerte. Gastón Aldo Zolezzi puede decir que le funcionó.

Los jueces Richar Fernando Gallego, Mariano Roberto Lozano y Alejandro Cabral (juez del tribunal de Neuquén), de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, dispusieron la excarcelación de Zolezzi «bajo la caución que que la instancia de origen estime corresponder» porque posee arraigo en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, sostenido pues «los vecinos manifestaron conocerlo hacía más de 25 años», porque «se dedicaba al comercio» y porque «mantiene con su hijo un lazo afectivo».

En otras palabras: consideraron que no se escapará, aún teniendo una condena en su haber, porque el arraigo es más fuerte.

La Policía de Río Negro, en medio de un control vehicular, descubrió el 7 de abril que Zolezzi trasladaba en su Ford Focus 52 «ladrillos» de marihuana. En total: 49 kilos. Lo acompañaba Matías Ezequiel Leguizamón. Entre los dos tenían 95.350 pesos. Zolezzi además guardaba su dólar como amuleto.

En la comisaría, los detenidos informaron que vivían en la provincia de Buenos Aires, pero que estaban parando en la calle Catriel al 400, General Fernández Oro. Los investigadores entonces allanaron ese domicilio: allí encontraron restos de marihuana, 200 dólares y 217 mil pesos. El dueño del lugar, Daniel Humberto Arévalo, aseguró que él no residía ahí sino que se lo alquilaba a Zolezzi y Leguizamón. Pero los detectives determinaron que con uno de los tantos celulares que tenían, los acusados hablaban en código narco con un tal «Beto». Entonces fueron por él.

Era Arévalo.

Los investigadores fueron por más: allanaron la casa de «Beto» en Río Neuquén al 800, Cipolletti. Allí secuestraron 3,48 gramos de cocaína, 300 dólares, 43.960 pesos, once celulares y una boleta de tasa de servicios municipales del inmueble de la calle Catriel.

El juez Hugo Horacio Greca procesó a los tres por el transporte de estupefacientes. A Zolezzi y Leguizamón les convirtió la detención en prisión preventiva. A Arévalo, en cambio, lo excarceló bajo caución juratoria porque era «el principal sostén económico de tres menores de edad y de una persona con discapacidad visual». En este caso, para salvaguardar el interés superior del niño, como establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales con jerarquía constitucional firmados por la Argentina.

Pero los camaristas Gallego, Lozano y Cabral también ordenaron liberar a Zolezzi.

Lo hicieron sin tener en cuenta su antecedente: policías federales confirmaron el 21 de abril de 2017 lo que una persona advirtió en una denuncia anónima: que Zolezzi y Héctor Carlos Lofgren tenían guardados 96 kilos de marihuana en un cuartito de la calle Martín Coronado al 1600, General Rodríguez.

Lofgren llevaba 880 pesos. Zolezzi, 3529 pesos. Aquella vez no llevaba su dólar de la suerte. Lo que sí tenía era un DNI con su cara, pero a nombre de un empresario gastronómico santafesino. Por eso también le imputaron la falsificación de documento público.

El juez Diego Leif Guardia, del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 San Martín, aprobó el 28 de mayo de 2018 el juicio abreviado acordado entre el fiscal de juicio Alberto Gentili y los acusados y por lo tanto sentenció a Lofgren a la pena de cuatro años de prisión y a Zolezzi, a tres años de ejecución condicional.

El magistrado solo lo obligó a cumplir con una pauta de conducta: «Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato». El objetivo de las reglas de conducta para el condenado es «prevenir la comisión de nuevos delitos» por el tiempo que dure la pena.

Zolezzi volvió a caer, pero el dólar que llevaba en su billetera surtió efecto: a pesar de que tenía todo en contra, lo soltaron.